Por maltrato animal, ANLA traslada a Fiscalía caso de zoocriadero de caimanes

Por primera vez, en aplicación de la ley 1774 de 2016 -que entre otras cosas reconoce a los animales como seres sintientes-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), trasladó a la Fiscalía el hallazgo con incidencia penal de una serie de irregularidades por parte de una empresa que había recibido autorización para la cría, con fines comerciales, de dos especies de babillas.

Según visita de seguimiento realizada por el equipo técnico de la ANLA al zoocriadero de la sociedad Chamusa S.A., ubicado en la vereda El Caney de Santa Rosa de Osos (Antioquia), los especímenes no reciben alimentación desde hace varios meses, las instalaciones presentan daños estructurales, el estado sanitario es precario y las piletas no disponían del agua requerida.

Igualmente, se encontró que los especímenes animales de nombre babilla (Caimán Cocudilus fuscus) y caimán del Magdalena (Crocudylus Acutus) mostraban comportamientos letárgicos, inactivos, sin respuesta a los estímulos de la cercanía de las personas y cambios en su actitud postural. Su talla -dice el informe-, es muy baja, algunos individuos presentan atrofia muscular y carencia de tejido adiposo y su conformación músculo esqulética permite sugerir un avanzado estado de desnutrición.

En la licencia ambiental, fue otorgada por Corantioquia en noviembre de 2006 y en los conceptos técnicos emitidos por la misma corporación en octubre de 2009 se evidenció la marcación de 600 parentales conformados por 450 hembras y 150 machos. Sin embargo, en la vista de seguimiento de la ANLA, realizada el 12 de julio del presente año no se encontraron los libros de registro ni fue posible realizar las verificaciones respectivas, toda vez que no se encontraba el personal a cargo de la empresa.

Los hallazgos permiten inferir que el titular de la licencia ambiental no ha cumplido con el PMA (Plan de Manejo Ambiental) en varias de sus obligaciones y, peor aún, y posiblemente ha incurrido en los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, por lo que el hecho se da traslado a Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos – temática ambiental.

La decisión de la ANLA de trasladar los hallazgos a la Fiscalía se realiza con base en el artículo 2º del decreto 3573 de 2011, según la cual esta autoridad es la encargada de que los proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuya al desarrollo sostenible del país.

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