La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Claudia Victoria González Hernández, explicó el proceso de seguimiento que se viene realizando al complejo minero de El Cerrejón, ubicado en el departamento de La Guajira, el cual data de mediados de la década de los 80.
En una audiencia pública de control político convocada por el representante Alirio Uribe, la funcionaria precisó las actuaciones de la ANLA en temas como la calidad del aire, el uso del agua, la restauración de bosques, los programas de compensación y el control a las emisiones de material contaminantes, entre otros.
La audiencia, que se realizó en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, contó con delegaciones de las comunidades indígenas del área de influencia de la mina y del ferrocarril que transporta el mineral hasta bahía Portete, en el norte de la Península.
La directora de la ANLA respondió inquietudes de algunos líderes de la comunidad wayú que se hicieron presentes en el recinto del Congreso, sobre todo, en aspectos relacionados con los impactos hidrológicos del proyecto.
“Hemos fortalecido todos los mecanismos de participación, en nuestra página está toda la información, hemos hecho vistitas de seguimiento y estamos trabajando con Corpoguajira en diversos aspectos”, manifestó la funcionaria.
A la audiencia asistieron representantes de la Agencia Nacional Minera (ANM), Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
Durante el debate se presentó el Informe Misión Guajira, que compila una serie de trabajos sobre salud, ecología, situación de la niñez y adultos mayores, nutrición e impactos sociales y culturales derivados de la explotación de carbón en la zona de influencia directa e indirecta de El Cerrejón.
“En mi grupo hicimos visitas a las comunidades y recogimos testimonios sobre los efectos en la salud por la contaminación, pues el polvillo genera alergias y problemas respiratorios”, señaló Claudia Naranjo, una de las investigadoras que hizo parte de la Misión.
Vilma Amparo Gómez y Natalia Ortiz expusieron los hallazgos en torno a los derechos de los niños y los impactos sociales y culturales entre las comunidades. “Este documento debe servir de base para analizar los impactos de la minería”, afirmó el representante a la Cámara, Alirio Uribe, del partido Polo Democrático Alternativo.
Al término de la audiencia, la directora de la ANLA pidió a la comunidad asistente hacer llegar sus quejas e inquietudes a la entidad, con el fin de asumir los casos de su competencia, teniendo en cuenta que en un proyecto de esa envergadura intervienen muchos actores.
Hay temas como el de salud, tierra, reasentamientos, vivienda y vías que corresponden a otras instancias y que por tanto son ellas las que tienen que cumplir con los compromisos y obligaciones correspondientes.