En una audiencia pública de control político convocada por miembros de la Comisión V de la Cámara de Representantes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, precisó las medidas adoptadas durante la contingencia presentada en Hidroituango, aclaró sus competencias y recordó que ya inició formalmente un proceso sancionatorio ambiental para determinar las causas y responsabilidades de dicho acontecimiento.
“Este proceso se encuentra en curso, y por tanto nos abstendremos de emitir pronunciamientos a fondo sobre al respecto, a fin de evitar recusaciones futuras, ya que la decisión final aún no ha sido proferida”, afirmó la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, Olga Lí Romero.
La audiencia, que fue citada por los representantes León Fredy León Mulos y David Racero Mayorca, contó con la asistencia de funcionarios de varias entidades del Estado, organizaciones campesinas, colectivos de abogados, representantes de comunidades indígenas, académicos, Corantioquia y DAPARD, entre otras.
La funcionaria de la ANLA se refirió a los antecedentes de la licencia ambiental, el proceso de seguimiento del proyecto, las audiencias públicas, las modificaciones a la licencia, la adoptación de la medida preventiva y la formulación de cargos.
Recordó que durante la vida del proyecto se han formulado nueve cargos, entre ellos, por haber realizado prácticas inadecuadas respecto de las fuentes de agua superficiales del área de influencia de la obra, captación de recurso hídrico en caudales superiores a los concesionados y haber sobrepasado los niveles máximos permisibles de PST (material particulado) y contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial “El Valle”.
En la audiencia pública intervinieron senadores y representantes de otras comisiones como el excandidato presidencial, Gustavo Petro, AIDA Avella, María José Pizarro y Omar de Jesús Restrepo, quienes estuvieron de acuerdo en programar un gran debate en las plenarias de Cámara y Senado por lo que denominaron “la crisis de Hidroituango”.
A la convocatoria, que contó con la asistencia de unas 80 personas, el delegado de la red de organizaciones sociales y campesinos del norte de Antioquia, Edwin Villegas, se quejó de la falta de atención por parte de los operadores y señaló que la asistencia económica y social ha sido mínima.
Alcides Mejía Pérez, coordinador de la guardia departamental de la organización indígena OIA de Antioquia, señaló que los habitantes del bajo Cauca están muy afectados y que muchos de ellos lo perdieron todo. “Necesitamos el apoyo decidido del gobierno”, subrayó durante sus intervenciones.
Entre tanto, Jorge Ríos Jaramillo, coordinador de la Asociación Campesina (ASOCUNR), se quejó de la falta de apoyo por parte de las distintas autoridades y de EPM y señaló que se perdieron todos los productos de pancoger, lo mismo que la actividad pesquera.
En la audiencia también participaron Néstor Garzón Cadena, en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Alonso Mayerlo Cardona, viceministro de Energía, quien señaló que su despacho tiene la obligación de garantizar la oferta de energía a los usuarios. “Para ello estamos mirando diferentes alternativas”, subrayó tras atender varios interrogantes del senador Gustavo Petro.
Juliana Lucía Palacio Bermúdez, directora del Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres de Antioquia (DAPARD), explicó el programa de atención a los damnificados por la contingencia y señaló que la entidad ha estado presente en todos los municipios de la zona de influencia del proyecto.
En el transcurso de la audiencia se abordaron diversos temas, tales como los efectos sociales y ecológicos de las hidroeléctricas, la transición energética, las proyecciones del sector minero-energético y el acompañamiento jurídico a los afectados de la contingencia.