Con la participación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario, se realizó en Villavicencio (Meta) un encuentro con autoridades locales y regionales, gremios económicos y transportadores para buscar soluciones a los continuos cierres de la Vía al Llano por el deslizamiento de tierra.
Al finalizar la jornada, que se inició hacia las 9 de la mañana y que terminó hacia a la 1:00 de la tarde, se acordó conformar una veeduría para hacerle seguimiento a los acuerdos a los que se lleguen en las próximas reuniones y crear alternativas de corto, mediano y largo plazo que permitan evitar los contratiempos generados por los permanentes taponamientos del megaproyecto, sobre todo en la época invernal.
La directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández, explicó a los asistentes las competencias de la entidad en materia de licenciamiento y los avances de la inversión por pérdida de biodiversidad.
Al encuentro, que se desarrolló de manera informal, debido a la imposibilidad de la presencia de la ministra del Transporte, Ángela María Orozco y del Viceministro del ramo por mal tiempo, asistieron directivos de las seccionales de la ANDI, Fenalco, Anato, la Asociación de Transportadores de Carga por Carretera, Cotelco y la Cámara de Comercio de Villavicencio.
Durante el foro, el gerente general de Coviandes, Alberto Mariño, –el concesionario que tiene a su cargo la vía-, realizó una amplia explicación de la problemática del megaproyecto y señaló que además de las torrenciales lluvias existen factores como el uso inadecuado del suelo en las laderas, los cultivos y la deforestación, entre otros.
“Esta debe ser una solución integral, donde participen las administraciones locales y regionales, el gobierno nacional, los operadores, los gremios y la comunidad en general, afirmó Mariño, quien dijo que hay que implementar medidas de corto, mediano y largo plazo.
María Antonia Cuervo, de la Asociación de Camioneros del Meta y Cundinamarca, propuso que cuando se presenten contingencias que generen el cierre de la vía, no se cobren los peajes en un periodo mínimo entre 6 y 10 horas después de dar paso nuevamente.
“Una tractomula paga 68.000 pesos en un solo trayecto”, dijo y agregó que es injusto que se cobre por un servicio que no se presta.
Carlos García, quien próximamente se posesionará como vicepresidente ejecutivo de la ANI, destacó la importancia de los túneles y viaductos que ya han entrado en servicio y otros que están en marcha, y señaló que si bien es urgente avanzar rápidamente en los puntos críticos (por ejemplo en el kilómetro 64 más 200 metros), es necesario pensar en el mediano y largo plazo.
“La solución en una carretera está en garantizar la transitabilidad, de forma segura”, advirtió y señaló que ante la situación actual se podría pensar en utilizar los recursos que están en el fondo de contingencias, para lo cual se debe iniciar el trámite respectivo en el Ministerio de Hacienda.
Existe la posibilidad de recurrir a otros fondos correspondientes a la vigencia de 2018 que se podrían invertir en los puntos críticos, los cuales tendrían que canalizarse a través Invías.
En la reunión quedó pendiente la conformación de la veeduría y la programación de la reunión con la ministra de Transporte y del Viceministro, cuya presencia reclamaron los asistentes como garantía de los compromisos que se adquieran.