Los conflictos sociales en los territorios por la actividad minera se presentan, en la mayoría de los casos, por la ausencia de una verdadera participación ciudadana y la falta de una socialización objetiva de los proyectos, situación que crea incertidumbre, desinformación y desconfianza entre la comunidad.
Este fue uno de los planteamientos hechos por el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Suárez Castaño, durante su participación en el noveno foro “Presente y Futuro del Carbón y el Coque en Colombia”, realizado en Paipa, Boyacá.
“Hay que eliminar la incertidumbre, trabajar más de cerca con las comunidades y los actores involucrados”, afirmó Suárez Castaño, tras indicar que en muchas ocasiones la información no llega a quien debe llegar.
El funcionario intervino en el módulo sobre “Regulación Ambiental de la Industria del Carbón: POMCA-Páramos y Otros-, moderado por la presidenta del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, Adriana Martínez.
Suárez Castaño dijo que hay quienes piensan que socializar y ejercer el derecho constitucional de la participación ciudadana es ir a una reunión. –Eso no es, y por eso se presentan conflictos en los territorios”-, afirmó, tras indicar que en este aspecto hay que trabajar con todos los actores involucrados, incluyendo las distintas autoridades gubernamentales, las empresas, autoridades locales y regionales, ambientalistas, colectivos de abogados y la ciudadanía, entre otros.
En el panel participaron también, Martha Mejía Pava, asesora de Fenalcarbón; Ricardo López Dulcey, director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá); Jorge Pavajeau, del departamento de sostenibilidad de Prodeco, Jairo Urbina Leal, especialista en gerencia de recursos naturales; y Eduardo Chaparro Ávila, quienes hicieron diferentes planteamientos sobre el tema legal que rige para la minería y especialmente para el carbón.
Según Suárez Castaño, la participación ciudadana es un tema complejo, con componentes técnicos y jurídicos difíciles de explicar, pero es necesario vigorizarlo, pues de lo contrario cada vez habrá más conflictos y dificultades para el desarrollo de proyectos sostenibles, no solo en minería sino en otras áreas que requiere el país y que son necesarios para el bienestar de la población.
También dijo que es necesario mirar los proyectos en términos regionales, gestionar más el instrumento cartográfico (entre ellos socializarlo apropiadamente) y agilizar los trámites y ejecución de los proyectos de compensación y de inversión forzosa del 1%.
Consultas populares
Entre tanto, el geólogo Eduardo Chaparro criticó la proliferación de las consultas populares y pidió reglamentarlas, pues de lo contrario en el país no se va poder realizar ningún proyecto minero-energético. “Hay unas que son vergonzosas”, dijo tras responder a una pregunta de la moderadora sobre cuáles son los principales problemas de la minería.
Chaparro señaló que el problema de la minería es la que se realiza de forma ilícita, no la que se hace con el principio de “bien hecha”, que cumple con todos los estándares internacionales y genera riqueza por el país.
Sin embargo, Martha Mejía, asesora de Fenalcarbón, dijo que hay que acabar con el calificativo de minería “bien hecha”, pues ese es el dogma con el que trabajan las empresas que se dedican legalmente a la actividad.
En su intervención en el panel, el director de Corpoboyacá, Ricardo López, destacó la importancia de armonizar políticas con las diferentes entidades ambientales y regulatorias para evitar distintas interpretaciones sobre un mismo asunto.
Otro variable que afecta la minería, la industria de hidrocarburos, la generación y transmisión eléctrica y las obras de infraestructura, inclusive, y que se abordó en diferentes módulos del foro, fue en relacionado con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) –este rige para los municipios pequeños, con menos de 30.000 habitantes.
Además de que se cambia la vocación productiva y se generan incertidumbres en cada periodo, en muchas ocasiones no coinciden con las reglamentaciones de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA-.
Al termino del panel, el director de la ANLA, Rodrigo Suárez, reveló que en el caso de Boyacá la entidad realiza 27 seguimientos a proyectos, entre ellos a sectores eléctricos (Termopaipa y líneas de transmisión), infraestructura (vías 4G) e hidrocarburos (caso explotación petrolera y pasivos no resueltos en campo Palagua).