Con la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de levantar la suspensión que regía desde hace varios años para la ampliación del mulle en Puerto Bolívar, de propiedad del Cerrejón, se beneficiarán 16 comunidades indígenas, que serán dotadas de lanchas para la actividad pesquera de autoconsumo y destino comercial.
La decisión, que fue oficializada durante el taller “Construyendo País”, en Uribia (Guajira), las 16 comunidades -que en total suman entre 12.000 y 13.000 pobladores-, se logró luego de que el Ministerio del Interior certificó el derecho consultivo previo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-704.
Estas comunidades tienen como actividad principal la pesca artesanal para el autoconsumo y el comercio, por lo que la dotación de equipos les permitirá mejorar sus condiciones de vida.
El levantamiento de la suspensión de las obras en Puerto Bolívar está contemplado en la resolución 01739 del 9 de octubre del presente año, y era una decisión que estaba siendo esperada por los habitantes de Media Luna, conjuntamente con medidas de mitigación del impacto ambiental que viene adelantando la empresa operadora.
Las comunidades ubicadas en la zona de influencia son: Kasushi, Aturrutchon, Ko´ushimana, Casa Blanca, Choretchon, Etkimana, Jararalu´u, Kamüsüchiwou, Ko¨ushimana II, Lechemana, Pioulekat, Piuula, Sarutsira, Yokuyukutshi, Youlerü y Warerushi
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha venido haciendo seguimiento al Plan de Manejo Ambiental Integral del proyecto que se compone de tres actividades: la mina, el ferrocarril y el puerto a donde llega el mineral y es embarcado a los destinos internacionales.
Igualmente, la ANLA ha adelantado reuniones con las comunidades de varios municipios en el marco de la sentencia T-704 que ordenó adelantar talleres de participación en la zona de influencia del proyecto. En junio pasado se programaron actividades en Maicao, Barrancas y Hatonuevo, la zona rural de Uribia.
Este tipo de encuentros ha contado con el acompañamiento de delegados de la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y en algunas ocasiones con representantes de la Procuraduría General de la Nación.