El debate de control político en el que participaron la ministra de Minas, María Fernanda Suárez; el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Roberto Mario Esmeral, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; y el gerente de EPM, Jorge Londoño, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Suárez Castaño, precisó las actuaciones de la entidad en la contingencia que se inició el 28 de abril del presente año.
Suárez Castaño explicó que desde 2009, cuando se aprobó la licencia ambiental, la ANLA ha hecho un sinnúmero de actuaciones, que van desde seguimientos y audiencias públicas, hasta modificaciones a las licencias y expedición de actos administrativos.
Todo -dijo- dentro de la competencia regladas por la ley sobre el trámite ambiental. Desde 2009, se han hecho alrededor de 24 seguimientos a Hidroituango, que en promedio equivale a 2,4 por año.
Suárez Castaño indicó que la ANLA duró alrededor de 2 años en el proceso de evaluación de la solicitud y aclaró que a la entidad no le corresponde decidir sobre el diseño ni ejecución de las obras, sino sobre los impactos ambientales.
La ANLA, explicó ante los senadores miembros de la Comisión V y de los asistentes, le hace seguimiento a más de 4000 proyectos, algunos de alta complejidad como es el caso de las hidroeléctricas, que en varios casos han coincidido en tiempos como Hidroituango, Hidrosogamoso y El Quimbo,
Además de la evaluación de la licencia, que incluye el análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los seguimientos, en el caso de Hidroituango, a raíz de la contingencia, la ANLA ha participado en todas las reuniones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha trabajado en coordinación con el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia (DEPARD), y además expidió medidas preventivas que minimizaron el impacto ambiental, tanto en flora como en fauna.
Actualmente cursa un proceso sancionatorio por la construcción de uno de los túneles, que según denuncias del propio gobernador y las hechas en el Congreso de la República, se habría hecho sin la respectiva solicitud de modificación de la licencia ambiental.
Las menores afectaciones, que pudieron ser superiores debido a la magnitud de la contingencia, fueron ratificadas por el gerente de EPM, Jorge Londoño, quien, en su intervención en el debate, recordó que aguas arriba de la presa se rescataron y reubicaron 42.000 individuos y solo murieron 40.
Aguas abajo, precisó Londoño, murieron 1001 peces, pero se está adelantando un proyecto de reproducción en una de las ciénagas del cauce con resultados positivos.
El presidente de EPM reiteró que la Empresa adquirió de tiempo atrás 18.000 hectáreas para reforestarlas con especies de bosque seco tropical.
Durante el debate también intervino el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien se refirió a los antecedentes del contrato, las cláusulas y las reclamaciones que viene haciendo el departamento a EPM.
Los citantes al debate, los senadores Eduardo Emilio Pacheco y Guillermo García Realpe, abordaron diferentes aspectos de la causa de la contingencia, las actuaciones de la empresa, el impacto social y la seguridad energética, entre otros aspectos.
Debido a que se había programado plenaria del Senado, el debate se suspendió y se programó una nueva sesión para el próximo miércoles.