La valoración económica ambiental detallada, donde se expliquen y comuniquen los efectos positivos y negativos de los proyectos, contribuye a reducir la conflictividad ambiental y social en los territorios.
Esta fue una de las conclusiones del taller de tres días sobre métodos y herramientas para la biodiversidad, valoración y administración de los servicios ecosistémicos promovido por el Earlham Institute, Grow Colombia y la Universidad de los Andes, entre otras, en el que estuvo presente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Según un estudio presentado por la Universidad Nacional, en Colombia se han identificado alrededor de 225 conflictos ambientales que se presentan por actividades extractivas como hidrocarburos y minería, obras de infraestructura, construcción de hidroeléctricas y otro tipo de intervenciones no reguladas.
Aunque en el país existen mecanismos de participación ciudadana y de socialización, hay deficiencias tanto en la concepción de las metodologías de valoración económica como en los mecanismos de comunicación.
Alexander Rincón, uno de los conferencistas que abordó el tema de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), presentó una investigación donde se concluye que hay una relación entre conflictividad y desconocimiento por parte de los actores territoriales de beneficios y los impactos de los proyectos.
En muchas ocasiones se toman decisiones sin conocer la importancia social, económica y ambiental de los territorios, los conocimientos tradicionales, los activos antropogénicos y la contribución de la naturaleza al bienestar de las personas, señaló Rincón.
“Por ello es muy importante darle toda la relevancia a la valoración económica, adaptarla al territorio, observar su contexto y aplicar una metodología amplia y robusta sobre la relación costo-beneficio de cada uno de los proyectos”, señaló el investigador.
El equipo asistente por parte de la ANLA al taller, que contó con conferencistas internacionales y nacionales como Federica Di Palma -Directora de Ciencia del Instituto Earlham (EI)-, y Silvia Ferrini, experta en Técnicas para la Valoración de la Biodiversidad y Ecosistemas, estuvo encabezado por Yolanda Casallas Abril, líder de Evaluación Económica de la entidad.
“La ANLA le ha dado toda la importancia a este instrumento del licenciamiento ambiental, tenemos un equipo profesional interdisciplinario muy competente y estamos presentes en los proyectos que son competencia de la entidad en las áreas de infraestructura, hidrocarburos, minería, energía y agroquímicos”, subrayó Casallas.
El costo-beneficio
Durante el taller, al que asistieron representantes de la academia, institutos de investigación, ONG y ambientalistas, entre otros, se abordaron diversos temas y, sobre todo, la relación entre medio ambiente y economía, la importancia del capital natural, el uso y aprovechamiento de los recursos visto desde la visión de la protección y la conservación, los ecosistemas y el mercado, la biodiversidad frente a la oferta y la demanda y un tema espinoso: el costo-beneficio.
“Es muy difícil ponerle precio al ambiente”, señaló Corrado Di María, al abordar el tema del balance del aprovechamiento de los recursos naturales. Durante la discusión se llegó a la conclusión de que lo más importante es concertar puntos intermedios, donde se sacrifica lo menos posible la naturaleza.
El problema está en que la aplicación de la técnica costo-beneficio puede dar como resultado diferentes visiones con resultados antagónicas entre sí. Talar un árbol para obtener madera y brindar comodidad (bienestar al hogar), puede resultar una determinación equivocada para quien prefiere el oxígeno y otros valores agregados de la especie; así, el valor utilitario de la naturaleza se contrapone al valor ecológico.
El taller también contó con la participación de conferencistas de Colciencias, quienes explicaron la contribución de la entidad en investigaciones sobre diversos temas de la biodiversidad.