Siendo conscientes de los impactos negativos que causa para el ambiente la minería ilegal, es necesario que las comunidades sepan qué deben hacer en caso de encontrarse frente a este fenómeno en sus regiones. La explotación ilegal de los recursos se debe denunciar ante las autoridades (Ejército y Policía Nacional) estos se encargan de realizar operativos y frenar estas actividades ilícitas. Sin embargo, los proyectos licenciados deben ser supervisados constantemente y la participación activa de la comunidad es fundamental.
La minería formal cuenta con el respaldo del Estado colombiano y por este motivo se realiza el seguimiento correspondiente a los proyectos licenciados, en menor escala otorgados por las Corporaciones Regionales y a gran escala por la ANLA. Las empresas, luego de obtener una Licencia Ambiental, están obligadas a tener un Plan de Manejo Ambiental el cual debe contener acciones para mitigar los impactos causados por esta actividad.
Áreas Protegidas
El territorio colombiano es fuente de minerales y su explotación debe estar sujeta a licenciamiento, mientras que la exploración de la misma depende únicamente de las autoridades ambientales regionales.
Es de resaltar que la ANLA no ha licenciado, ni tiene solicitudes para la evaluación de licencias de explotación minera en zonas protegidas como páramos, reservas o en el Amazonas. Algunas empresas, con o sin títulos mineros en el país, obtienen licencias para la exploración la cual dura aproximadamente entre 3 y 6 años dependiendo del área a intervenir, la ANLA no interviene en esta autorización.
La ANLA tiene sus límites
Los proyectos para explotación minera sólo se les realiza Evaluación y Seguimiento en la ANLA si:
- La producción de materiales de construcción proyectada sea mayor o igual a 600.000 toneladas por año.
- La cantidad de arcillas o minerales industriales no metálicos sea mayor o igual a 250.000 metros cúbicos por año.
- La remoción total de material útil y estéril proyectada sea mayor o igual a 2.000.000 de toneladas al año.
- La explotación de carbón proyectada sea mayor o igual a 800.000 toneladas al año.