En materia de minería son muchas las percepciones equivocadas sobre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Se ha dicho, por ejemplo, de estar lista para autorizar permisos de explotación de oro en el Valle del Cocora, sobre la cual no tiene competencia, y donde se levanta el tesoro mundial de la Palma de Cera; que privilegia el capital privado frente a la conservación del medio ambiente; y por ahí derecho que permite la minería ilegal.
Nada más equivocado. La entidad tiene una misión clara, y se ajusta a ella con rigor: es garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de su competencia se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna.
La ANLA se basa en estándares de calidad técnica y jurídica. Su objetivo es contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad.
Ahora bien: sus competencias son limitadas y muchas de las licencias, permisos y trámites corresponden a autoridades como las Corporaciones Autónomas Regionales. Sus alcances en los sectores de minería, hidrocarburos, generación eléctrica e infraestructura tienen límites.