Con más de 500 asistentes, entre comunidad, autoridades regionales y locales, organismos de control, veedores, ambientalistas y gremios económicos, se realizó la audiencia pública sobre la solicitud de modificación de la licencia ambiental para la ampliación del área de explotación de la Mina La Esmeralda, ubicada en el corregimiento de Payandé, municipio de San Luis, Tolima.
La audiencia, convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ,ANLA- por solicitud de tres ONGs, contó con 297 inscritos para intervenir en este mecanismo de participación ciudadana, en su mayoría habitantes de Payandé, donde queda la planta de cemento y la mina de caliza de Cemex.
La solicitud de modificación busca ampliar el área de intervención de la mina La Esmeralda, donde se produce la materia prima para la fabricación de cemento.
Las quejas de la comunidad están relacionadas con quejas sobre la emisión de partículas atmosféricas, el ruido, impacto sobre ríos y quebradas, explosiones y ausencia de un mayor grado de empleo.
Sin embargo, directivos de la compañía aclararon que desde hace mucho tiempo se han tomado todas las medidas de mitigación, reforestación y compensación contempladas en la licencia ambiental.
La audiencia contó con la presencia del equipo jurídico y técnico de la ANLA, encabezado por el subdirector de la entidad, Guillermo Acevedo, y Martha Elena Camacho, experta en temas de audiencias públicas.
“Pedimos que la ampliación de la mina se aleje del casco urbano de Payandé y se cumpla con los programas de reforestación en el área protectora de drenajes”, reiteró Marcela Aya, de Gestión Colombia Viva”, una de las organizaciones que solicitó la audiencia pública.
El procurador delegado para asuntos Agrarios y Ambientales, Daniel Rubio, solicitó a la compañía Cemex cumplir con los compromisos adquiridos, pues hay denuncias sobre problemas asociados a la salud y efectos sobre los acuíferos.
Funcionarios del Ministerio de Minas, que estuvieron presentes en el encuentro con la comunidad de San Luis y del corregimiento de Payandé, explicaron las políticas relacionadas con la actividad minera y señalaron que esta solo es posible si se realiza de manera responsable.
El presidente de Asogravillas (Asociación Colombiana de Gravillas), que agrupa a las empresas que producen materiales para el sector de la construcción, Carlos Fernando Forero, también se hizo presente en la audiencia pública y señaló que lo más importante de los proyectos extractivos es que se realicen de manera responsable y que las autoridades cumplan con las medidas de control y seguimiento respectivos.
La mayor parte de los miembros de la comunidad que intervinieron señalaron que no se oponen a la operación de la mina –la planta de Caracolito lleva cerca de 50 años, pues antes era de Cementos Diamante-, sino a que se atienda social, económica y ambientalmente a la población.
“Queremos ver inversión social, cumplimiento en los planes de manejo ambiental y más acercamiento con la población”, dijo Lorenzo Meneses, representante legal de las juntas de acción comunal.
La audiencia, que 3 semanas antes había cumplido con los requerimientos de la reunión informativa, se llevó en completo orden, sin alteración alguna.
Emma Díaz de Chaparro, representante de varias asociaciones promovidas por la multinacional cementera, entre ellas las mujeres productoras cabeza de familia, pidió a la comunidad hacer frente común para aprovechar las oportunidades económicas y sociales que se pueden derivar de la explotación de este recurso natural.
Tras la audiencia, la ANLA entrará a revisar y a evaluar las intervenciones y las ponencias presentadas para luego tomar una decisión sobre la solicitud de modificación de la licencia ambiental, que busca ampliar en 6,7 hectáreas el área de explotación de la mina de caliza.
Este año ya se han realizado tres audiencias públicas: Termpopaipa, vía Villavicencio-Cumaral-Yopal-, y la de Cemex en el departamento del Tolima. El próximo 8 de abril se realizará la de Rubiales, sobre la modificación de la licencia para la explotación de un pozo de hidrocarburos.
Esto demuestra el objetivo de la ANLA de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de escuchar y atender en terreno las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía.