Ante unas 200 personas, entre habitantes de la vereda Pio XII, miembros de juntas de acción comunal, ambientalistas, autoridades de Guamal y del departamento del Meta, organismos de control, directivos de Ecopetrol, ANH y delegados de los Ministerios de Minas y del Interior, la directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández, reiteró que el licenciamiento ambiental obedece a criterios técnicos, a evaluaciones sobre los impactos y que a cada proyecto se le realiza su respectivo seguimiento.
La funcionaria estuvo presente en una agitada reunión con habitantes del Guamal, Meta, para explicar en qué consistió y en qué va la licencia del proyecto Petrolero Trogón, otorgada en 2009, al cual ahora se opone una parte de la comunidad.
La directora de la ANLA respondió inquietudes de la comunidad sobre los criterios que se tuvieron en cuenta en la región para la aprobación de la licencia, los pormenores de los estudios de impacto ambiental y el proceso de seguimiento realizado en el área de influencia de este prospecto petrolero.
“El proyecto cuenta con restricciones específicas para el uso de agua subterránea”, precisó la funcionaria ante una serie de preguntas de la comunidad en torno al uso de acuíferos para la operación del campo.
La gobernadora del Meta, Marcela Amaya, le pidió a la comunidad sensatez frente a decisiones que puedan afectar la industria petrolera y señaló que si bien departamento ya no recibe el monto de regalías de años pasados, los hidrocarburos siguen siendo su principal fuente de ingresos.
“No podemos cerrarnos, no hay que estigmatizar el petróleo; lo que tenemos que exigir es actividad petrolera bien hecha, con el menor impacto ambiental”, precisó la funcionaria durante su intervención.
Por su parte el alcalde de Guamal, Cristóbal Enrique lozano Caicedo, pidió a la comunidad analizar con cabeza fría los pros y contras de la explotación de hidrocarburos en su jurisdicción y, ante la insistencia de un sector de la comunidad, enumeró las obras financiadas con recursos de las regalías.
A este mecanismo de participación ciudadana, que se prolongó por 8 horas y que incluyó con visita a las instalaciones del campo petrolero, asistió también el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, quien reiteró que no tiene por qué haber el dilema entre agua y petróleo.
“Los dos recursos pueden existir. Lo que se necesita es actividad petrolera bien hecha, responsable”, afirmó el funcionario, tras indicar que en la Constitución y la ley, lo que más se exige es la protección del medio ambiente.
“La industria petrolera tiene que ajustarse a esos estándares. No hay país en América Latina que tenga tantas exigencias como en Colombia”, subrayó Velandia, quien señaló que no se pueden construir verdades sobre falsedades.
Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible y Ambiental de Ecopetrol, respondió una a una cada pregunta de los asistentes –divididos en dos fracciones, los que apoyan el proyecto y los que se oponen-. El directivo fue enfático en manifestar que se vienen cumpliendo al pie de la letra los compromisos sociales, económicos y ambientales contemplados en el contrato del proyecto.
Allí estuvieron representantes del Ministerio del Interior, quienes se refirieron al derecho de participación de los ciudadanos; del Ministerio de Minas, quienes abordaron los temas de la política petrolera; la Defensoría del Pueblo, para garantizar la participación en los mecanismos democráticos; la Procuraduría delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales, que lideró las intervenciones, y delegados de Cormacarena, entre otros.
Un grupo de concejales de Guamal expresaron su respaldo al desarrollo del proyecto, tras considerar que trae beneficios económicos a la región y que “al petróleo no hay que achacarle todos los males”.
La oposición de la comunidad se basa en lo que se considera por ellos afectaciones a los ecosistemas, el cuidado del agua, la sustitución de la ganadería y la agricultura por el petróleo, el ingreso de la población flotante al municipio y los escasos beneficios sociales y económicos que supuestamente traería la explotación del recurso.
La reunión contó con representantes de otros municipios del departamento como Cubarral, San Martín, El Castillo, San Juan de Arama y Puerto López.
Al final de la jornada, la gobernadora del Meta propuso conformar una mesa de trabajo para hacerle seguimiento al tema. Sin embargo, quedó pendiente la respuesta de la comunidad, toda vez que se propuso hacer una consulta para determinar si se acepta o no.