El Documento CONPES 3874 de 2016 establece la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGRS) en Colombia. Busca reducir la generación de residuos sólidos, promover su aprovechamiento y tratamiento, y minimizar los impactos ambientales. Se fundamenta en la economía circular, fomenta la cultura ciudadana, la inclusión de recicladores y la coordinación institucional para mejorar la gestión de residuos sólidos en el país

La Constitución Política de 1991 (denominada por la Corte Constitucional como: “Constitución Ecológica” o “Constitución Verde”), en el artículo 79 dispone: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

El Documento CONPES 3874 de 2016 establece la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGRS) en Colombia. Busca reducir la generación de residuos sólidos, promover su aprovechamiento y tratamiento, y minimizar los impactos ambientales. Se fundamenta en la economía circular, fomenta la cultura ciudadana, la inclusión de recicladores y la coordinación institucional para mejorar la gestión de residuos sólidos en el país.

Objeto. El Documento CONPES 3874 de 2016 establece la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGRS) como política de interés social, económico, ambiental y sanitario. Su finalidad es transitar del modelo lineal (extraer–producir–desechar) hacia una economía circular, aplicando la jerarquía de residuos (prevención, reutilización, aprovechamiento/reciclaje, tratamiento y, en última instancia, disposición final). Esta transición busca optimizar el uso de recursos, reducir la presión sobre los rellenos sanitarios, minimizar impactos sobre el ambiente y la salud y aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático (particularmente por la alta fracción orgánica de los residuos y su potencial de emisiones de metano).

La gestión de residuos sólidos en Colombia ha presentado importantes avances en el control de la contaminación causada por los residuos sólidos y en la sostenibilidad del servicio público de aseo en gran parte del país. A la fecha, la gran mayoría de residuos sólidos no peligrosos es dispuesta adecuadamente y un porcentaje muy bajo de municipios del país cuenta con sitios de disposición final no adecuados. Sin embargo, estos avances se han dado mediante el desarrollo paralelo de visiones que no siempre están articuladas en cuanto a su dimensión ambiental y al enfoque de servicio público. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de diferentes políticas públicas, implementadas separadamente y que, a pesar de coincidir en algunos puntos, no se han potenciado mediante el trabajo integrado.

Dicho desarrollo esta soportado en un modelo económico de producción y consumo lineal, donde los bienes producidos a partir de materias primas son vendidos, utilizados y finalmente desechados como residuos (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Este modelo lineal presenta dificultades asociadas a la escasez de las materias primas que se utilizan en la producción y a la creciente demanda de suelos necesarios para ubicar sitios de disposición final. Aunado a lo anterior, la composición de residuos generados en el país presenta una alta prevalencia de residuos orgánicos, que al ser dispuestos en rellenos sanitarios se convierten en una importante fuente de gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta las crecientes proyecciones de generación de residuos, asociadas con el aumento demográfico y con el crecimiento económico del país, el sector de residuos sólidos tiene un papel significativo en el escenario de mitigación y adaptación al cambio climático.

El desarrollo de la gestión de los residuos sólidos, que articula la visión ambiental con el componente de servicio público, es prioritario en la política pública nacional. Para su logro, desde el sector de residuos sólidos, se propone avanzar hacia una economía circular, la cual busca que el valor de los productos y materiales se mantengan durante el mayor tiempo posible en el ciclo productivo.

Por lo anterior, el presente documento desarrolla la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario. Esta política se compone de cuatro ejes estratégicos. El primer eje busca adoptar medidas encaminadas hacia (i) la prevención en la generación de residuos; (ii) la minimización de aquellos que van a sitios de disposición final; (iii) la promoción de la reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos; y (iv) evitar la generación de gases de efecto invernadero. Como complemento, el segundo eje apunta a mejorar la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de residuos sólidos para incrementar los niveles de separación en la fuente, de aprovechamiento y de tratamiento. Los dos ejes adicionales están relacionados con la generación de un entorno institucional propicio para la coordinación entre actores, que promueva la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos. En este sentido, el tercer eje propone asignar roles específicos y claros a las entidades participantes para que lideren las actividades correspondientes, como el tratamiento de residuos orgánicos y el fortalecimiento de los sistemas urbanos de reciclaje inclusivo, entre otros. Por último, el cuarto eje desarrolla acciones para mejorar el reporte de monitoreo, verificación y divulgación de la información sectorial para el seguimiento de la política pública de gestión integral de residuos sólidos.

La política aquí propuesta es liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y el DNP; en articulación con el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Minas y Energía; entidades adscritas; y el DANE. La política se implementará entre los años 2016 y 2030, y requiere una inversión de 187.578 millones de pesos.

Este esfuerzo se inserta en la agenda internacional relacionada con el cumplimiento de las metas establecidas por el país en el acuerdo COP 21; en particular, reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 20% para el año 2030. También, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el logro de cuatro metas en los objetivos relacionados con ciudades y comunidades sostenibles (11.6) y con producción y consumos responsables (12.3, 12.4 y 12.5). Adicionalmente, con esta política se completan los requerimientos para el ingreso de Colombia al Comité de Política Ambiental de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

El Documento CONPES 3874 de 2016 – Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGRS) en Colombia positiva una hoja de ruta ambiental para la gestión de residuos en Colombia: integra el servicio público de aseo con la protección del ambiente, economía circular, acción climática y derechos sociales (recicladores), mediante principios, metas verificables, instrumentos económicos y tarifarios, y arreglos institucionales que obligan a las autoridades a planear, regular, financiar, monitorear y reportar con enfoque de sostenibilidad y gestión del riesgo ambiental. Su implementación exige disciplina regulatoria, datos ambientales de calidad y corresponsabilidad de productores, prestadores, entidades territoriales y ciudadanía.

Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes)