Por el cual se reglamenta el Decreto - ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones.

Decreto Reglamentario 44 de 2024, por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones

La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 10 de 2013, la cual establece lineamientos para la Consulta Previa con comunidades étnicas en proyectos que puedan afectar su territorio, cultura o medio ambiente. Define etapas como certificación, preconsulta, consulta y seguimiento, promoviendo la coordinación interinstitucional, la protección ambiental y el respeto por los derechos colectivos

La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 1 de 2010, la cual establece lineamientos para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de los grupos étnicos en Colombia, conforme al Convenio 169 de la OIT [Ley 21 de 1991] y la Constitución. Define acciones que requieren consulta, fases del proceso, responsabilidades institucionales y criterios para mitigar impactos ambientales y sociales en proyectos que afecten territorios étnicos, promoviendo participación efectiva y protección de derechos colectivos

La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 08 de 2020, que contiene Guía para la realización de la Consulta Previa. Este documento define etapas y criterios para la consulta previa en proyectos con posible afectación directa a comunidades étnicas. Establece procedimientos técnicos, jurídicos y logísticos, incluyendo el test de proporcionalidad, para prevenir daños antijurídicos y garantizar participación efectiva

El Decreto – Ley 1851 de 2021, por el cual se modifican los Decretos – Ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones

El Decreto – Ley 262 de 2000, por el cual se modifican la Estructura y la Organización de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación y otros temas afines

Ley 24 de 1992 organizó la Defensoría del Pueblo como órgano autónomo para la defensa y promoción de los derechos humanos. Aunque no es una norma ambiental, habilita a la Defensoría para proteger el derecho constitucional al ambiente sano, intervenir ante autoridades, tramitar quejas y promover acciones judiciales frente a vulneraciones ambientales que afecten derechos fundamentales

Mediante la Ley 56 de 1981, se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras