La Corte Constitucional, en la sentencia T – 302 de 2017, llegó a la conclusión que existe vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayúu (etnia indígena), causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales, lo cual configura un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI)
Resumen
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
Los hechos narrados en esta sentencia ocurrieron anteriores al año de 2017.
En esta sentencia la Corte Constitucional revisa una acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
Agencia oficiosa en las acciones de tutela: Se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
La Corte Constitucional llegó a la conclusión que existe la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños y niñas de una etnia indígena (el pueblo Wayúu), causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales, lo cual configura un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que debe ser superado de manera coordinada y articulada por todas las entidades del Estado, en especial si se compromete de forma grave la existencia digna de las niñas y los niños y su desarrollo armónico e integral (por falta de agua, alimentación y salud), comprometiendo así también, la existencia misma del pueblo indígena.
Según la Corte, en este caso la acción de tutela es procedente, sin importar que haya dimensiones colectivas de los derechos invocados, que pueden ser objeto de protección mediante una acción popular. Como lo ha dicho la Corte “un derecho individual no se convierte en colectivo por el sólo hecho de haber sido exigido simultáneamente con el de otras personas.” En este caso se alegan vulneraciones a derechos fundamentales individuales, que han ocurrido de manera generalizada y afectan simultáneamente a todos los niños y niñas del pueblo Wayúu. La Corte considera que la acción popular no sería idónea, pues solamente podría proteger los derechos colectivos como el medio ambiente o la salubridad, pero no el acceso al agua, la alimentación, ni la salud, que son el aspecto central de este caso. En otros casos relativos a la idoneidad de medios judiciales alternativos, la Corte ha sostenido que para que un recurso sea idóneo, la protección del derecho fundamental presuntamente vulnerado debe ser el “objeto directo” de ese medio judicial. Por los anteriores motivos considera la Corte que se cumple el requisito de subsidiariedad. Los derechos que se alegan vulnerados (a la salud, al agua y a la alimentación) son justiciables vía la acción de tutela en razón a que se está desconociendo su carácter fundamental.
En consecuencia, la Corte ordenó tutelar los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu, en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia (Departamento de la Guajira).
La Corte declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios.
La Corte ordenó que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional constatado, teniendo en cuenta para ello los apartados (9.2) y (9.3) de las consideraciones de la sentencia.
La Corte adoptó los siguientes objetivos constitucionales mínimos, los cuales deberán ser cumplidos por medio de las acciones que establezcan las entidades públicas en el marco del Mecanismo Especial, en los términos y plazos señalados en el apartado 9 de las consideraciones, y cuyas metas serán medidas de acuerdo con los indicadores que se establezcan en el marco del Mecanismo Especial:
(1) aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua,
(2) mejorar los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria,
(3) aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional; formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todo el pueblo Wayúu,
(4) mejorar la movilidad de las comunidades Wayúu que residen en zonas rurales dispersas, (5) mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional,
(6) garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas,
(7) garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales y
(8) garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu.
La Corte ordenó a las entidades estatales a través del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación, deberán considerar al menos las medidas formuladas en cada uno de los objetivos dispuestos en los considerandos 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3., 9.4.4., 9.4.5., 9.4.6., 9.4.7. y 9.4.8., en conjunto con el Anexo IV de la presente providencia. Estas medidas deberán ser implementadas a través de las entidades vinculadas en el proceso de la referencia en conjunto con otras entidades a quienes se les convocará al proceso de cumplimiento. De la misma forma, ordenar a todas las entidades vinculadas por esta sentencia que en la ejecución de las acciones que hagan parte del plan o los planes para la superación del estado de cosas inconstitucional, se realicen las consultas previas a que haya lugar, sin perjuicio de la regla que protege el interés superior del menor en caso de acciones urgentes.
La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo que realice un seguimiento y acompañamiento permanente de la construcción y ejecución del o los planes que se formulen de acuerdo con esta sentencia, para lo cual deberá ejercer todas las facultades constitucionales y legales con las que cuenta la entidad. Igualmente ordenar a la Defensoría del Pueblo que evalúe semestralmente el progreso del plan o los planes que formulen las entidades vinculadas por esta sentencia, con destino a la Procuraduría General de la Nación.
Fuente: Corte Constitucional
Palabras Claves
Indígenas - Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) – Indígenas - Etnia Indígena – Pueblo Wayúu – Niños y Niñas del pueblo Wayúu del Departamento de la Guajira – Derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria – Derecho al Agua Potable – Derecho a la Seguridad Alimentaria – Derecho a la Alimentación – Derecho Fundamental a la Salud – Derecho a la participación – Existencia de pueblo indígena – Consulta Previa – Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas – Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas – Objetivos constitucionales mínimos – Diálogo genuino con pueblo indígena – Agencia oficiosa en Acciones de Tutela – Ubicación: Municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el Departamento de la Guajira
Concordancias
- Constitución Política de 1991 – Constitución Verde o Ecológica
- Sentencia T – 411 de 1992 de la Corte Constitucional – Constitución Verde o Ecológica
- Sentencia T – 704 de 2016 de la Corte Constitucional – Consulta Previa – Proyecto Minero “El Cerrejón”
- Sentencia T – 614 de 2019 de la Corte Constitucional – Derechos Fundamentales a la Salud y al Ambiente Sano de Comunidad Indígena – Proyecto Minero “El Cerrejón”