Sentencia Corte Constitucional C 530 de 1993 - Densidad poblacional en San Andrés providencia y santa catalina

Sentencia Corte Constitucional C 530 de 1993

En este caso la Corte examina la crítica situación ambiental por la que atraviesan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hacen que sea urgente una decidida acción departamental para enfrentarla y lograr soluciones concretas y adecuadas. Lo anterior es mas angustioso si se tiene en cuenta que estas dependen de sus recursos naturales para su supervivencia ya sea como destino turístico o en sus actividades de subsistencia. La destrucción sistemática de sus recursos naturales las perjudica irremediablemente. De no detenerse los procesos de deterioro ambiental y ecológico y de seguir con las mismas tendencias por un año o dos, el Archipiélago estaría en imposibilidad de ofrecer un ambiente sano a propios y extraños, lo que tendría como consecuencia la imposibilidad de dar un adecuado sustento económico a sus habitantes.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.}

Sentencia Corte Constitucional T 461 de 2022 - Comunidades Étnicas/Afectación al derecho al medio ambiente sano debido a un relleno sanitario.

Sentencia Corte Constitucional T 461 de 2022

En este caso los demandantes afirman ser miembros de los cabildos Cantagallo, Cerro Pando, La Arena y Barro Prieto, así como del barrio Julio Manzur, todos ubicados en la zona de un proyecto para la construcción de un relleno sanitario municipal, donde hay comunidades étnicas presentes y consideran que son poblaciones susceptibles de sufrir los impactos negativos derivados de dicho proyecto. Se han identificado riesgos significativos asociados con la posible contaminación del suelo debido a descargas de combustibles, aceites, grasas y lixiviados. Además, existe preocupación por la generación de biogás y lixiviados, así como por el riesgo de contaminación de fuentes de agua superficiales, junto con la presencia de insectos, roedores y aves de presa. En relación con la presencia de comunidades étnicas, el documento resalta la existencia de comunidades cercanas al área de influencia.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.}

Sentencia Corte Constitucional C 126 de 1994 - Derecho a la propiedad y al medio ambiente sano afectado por un relleno sanitario.

Sentencia Corte Constitucional C 126 de 1994

El propietario de un predio rural se encuentra afectado debido a que desde hace cerca de 2 años, el municipio de Mariquita dispuso adelantar en terrenos de su propiedad, un relleno sanitario en el cual se vierten aproximadamente 15 toneladas de basura (desechos orgánicos, etc.), sin que haya (sic) mediado ningún estudio técnico previo para la realización de dicho relleno, a raíz del relleno de basuras, que como se anotó anteriormente no tuvo ningún estudio técnico ni tampoco se ha ajustado a norma alguna sobre saneamiento ambiental ni de salubridad, se proliferó la aparición de la mosca anástrofe o mosca de la fruta, la cual ha causado estragos en los cultivos de frutales, desencadenando en la pérdida de gran parte de la producción (dos terceras partes de la misma que es en total de 10 toneladas en promedio al año).a pesar de sus múltiples solicitudes y quejas al respecto ante las autoridades municipales y ante la Procuraduría, no ha sido posible que éstas hagan correctivos, y por el contrario, continúan arrojando en dicho lote todas las basuras. 

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.}

Sentencia Corte Constitucional T 315 de 1994 - Derechos colectivos/Deterioro ambiental consecuencia de un basurero.

Sentencia Corte Constitucional T 315 de 1994

Una ciudadana presentó acción de tutela con el propósito de evitar un daño irreversible hacia su propia vida, la de sus hijos menores y la de los habitantes del barrio Casa de Teja en la ciudad de Santafé de Bogotá. Esta acción busca que se tomen medidas para eliminar un depósito de basura cercano al mencionado barrio, el cual carece de cualquier licencia y opera de manera clandestina. Este vertedero, debido a sus condiciones sanitarias deficientes, ha causado numerosas enfermedades que representan un grave y próximo peligro para la vida de quienes viven allí. A pesar de las solicitudes presentadas a la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, esta ha fallado en cumplir sus responsabilidades de proteger tanto la vida como el medio ambiente y la salud pública, al permitir la presencia de vertederos cerca de zonas residenciales.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.}

Sentencia Corte Constitucional T 257 de 1996 - Derecho al medio ambiente sano afectado por relleno sanitario en Villavicencio. 

Sentencia Corte Constitucional T 257 de 1996

Un ciudadano Hans promovió acción de tutela contra el alcalde de Villavicencio y la entidad Bioagrícola del Llano S.A debido a que en su propiedad se organizará y pondrá en funcionamiento el basurero del Municipio de Villavicencio, este basurero afectará y desde luego contaminará el ambiente y todo el sistema ecológico de la región de influencia del, como el caño de agua dulce denominado el Cojuy, con el cual se beneficia gran parte de la población de Pompeya.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.}

Sentencia Corte Constitucional T 500 de 1994 - Derechos colectivos/Derecho a la vida/Derecho a la salud

Sentencia Corte Constitucional T 500 de 1994

En 1960, el Distrito de Bogotá erigió y puso en marcha una instalación para la producción de asfalto, destinada a suministrar materiales para el revestimiento de carreteras. Esta construcción se llevó a cabo sin considerar estudios de planificación urbana, lo que resultó en la ubicación actual de la planta en un área residencial de la ciudad, específicamente en el Barrio Bochica. Las actividades de las maquinarias, el depósito de materiales y la provisión de combustible para los vehículos generan contaminación acústica, polución y emisiones que afectan la salud de los habitantes de la zona, especialmente a las familias del Barrio Bochica Central, provocando enfermedades respiratorias, visuales y auditivas. Por tanto, se ha solicitado al tribunal que ordene a las entidades acusadas desmantelar de manera permanente la planta en cuestión y trasladarla, además de utilizar el terreno para construir "infraestructuras que beneficien a los residentes locales y a la ciudad, como escuelas, colegios, parques, entre otros". Asimismo, se solicita que se disponga "la apertura de nuevas vías que conecten directamente el Barrio Bochica.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.}

Sentencia Corte Constitucional T 740 de 2015 - Deberes ambientales y sociales del estado/Constitución ecológica.

Sentencia Corte Constitucional T 740 de 2015

El municipio La Victoria se encargó durante varios años de la prestación del servicio público de aseo, generando como consecuencia varios problemas ambientales por la indebida disposición final de los residuos sólidos. Lo anterior ocurrió porque en lugar de utilizar un relleno sanitario, se empleó un botadero a cielo abierto con los altos impactos que de ello se derivan; Posteriormente se construyó un sitio de disposición final en donde laboraba un grupo organizado de 22 recuperadores de residuos sólidos, los cuales realizaron por años actividades de separación, clasificación, selección y comercialización de aquellos potencialmente aprovechables. La mayoría de las personas que integraban el grupo no contaban con acceso a la seguridad social, no alcanzaban la educación básica primaria y no sabían ni leer ni escribir y de igual manera, no tenían vínculo laboral alguno con la administración municipal, sin embargo, la necesidad del municipio debía ser suplida por este grupo o por contratistas externos.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia}

Sentencia Corte Constitucional SU 235 de 2016 - Clarificación de la propiedad y recuperación de baldíos.

Sentencia Corte Constitucional SU 235 de 2016

Tras el trabajo de campesinos residentes en terrenos baldíos en el departamento del Cesar, un grupo familiar despoja y deja sin la tierra productiva a las mas de 90 familias que venían explotándola para subsistir, en esta sentencia la corte determina si la razón asistía al conglomerado de campesinos o al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional T 652 de 1998 - Medidas provisionales para proteger un derecho/Suspensión llenado y funcionamiento de embalse en pueblo indígena.

Sentencia Corte Constitucional T 652 de 1998

Mediante diferentes Resoluciones el Gobierno Nacional declaró de utilidad pública e interés social el territorio necesario para la construcción del proyecto hidroeléctrico bajo la administración de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, el proyecto hidroeléctrico en cuestión se sitúa sobre el río Sinú en el Departamento de Córdoba. Dentro de los impactos ambientales comprobados se destacan la desviación del río Sinú, y la inundación de secciones de los territorios del pueblo Embera-Katío, dicho territorio tradicional fue constituido como resguardos indígenas aunque no se había adelantado el proceso de consulta previa al pueblo Embera-Katío el INDERENA le otorgó a CORELCA una licencia ambiental para la construcción de las obras civiles y la desviación del río Sinú.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional T 341 de 2016 - Derecho a la vivienda digna y ambiente sano.

Sentencia Corte Constitucional T 341 de 2016

A través de una acción de tutela, se puso en evidencia la afectación de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, en conexidad con el derecho al agua, presuntamente vulnerados por la accionada al pretender adelantar una explotación minera a cielo abierto en la vereda El Pedregal, sector El Banco, del municipio de Tasco (Boyacá). la vereda El Pedregal del municipio de Tasco, donde existe hace mucho tiempo un nacimiento o manantial de agua del que se abastecen su familia y otras familias del sector. La empresa accionada pretende adelantar explotación minera a cielo abierto en la vereda El Pedregal, lo cual implica actividades tales como perforaciones y voladuras que generan impacto ambiental. Además, que los residuos sólidos provenientes de la explotación elevan la capa de sedimento de los ríos, diques y lagunas. Así mismo, el inadecuado manejo de los insumos utilizados contamina las aguas superficiales y subterráneas las cuales son fuente de abastecimiento para la comunidad, tal como sucedió, entre los años 1980 y 1990, cuando, en razón a la explotación a cielo abierto realizada por la empresa accionada, se secaron más de treinta nacimientos de agua, estos aspectos no han sido tenidos en cuenta por las autoridades ambientales, al momento de tramitar los procesos de concesión de licencias ambientales.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional T 413 de 1995 - Agua potable/Preferencia para el uso doméstico. 

Sentencia Corte Constitucional T 413 de 1995

Uno de los usuarios del acueducto regional "La cuchilla" que existe en Huila, con una red central que tiene capacidad para 3 pulgadas. Dice el solicitante que el acueducto fue construido para el uso doméstico de 250 familias, pero que el tesorero de la junta administradora de tal acueducto, Benito Martínez, destinó el agua para lagos en predios de él, y, juntamente con el presidente de la junta le dieron la orden al fontanero de permitir que el agua también fuera utilizada para una fábrica de ladrillos, lavado de vehículos y bebederos de animales, por lo cual el agua en muchas ocasiones no llega a la casa de los usuarios. Se considero que estas circunstancias afectan el servicio domiciliario de agua potable, el medio ambiente sano y la vida digna de las personas. El acueducto de la Cuchilla fue construido para el servicio doméstico de decenas de familias establecidas en la región y no para otros fines como se ha venido haciendo, dejando en un segundo plano el fin principal.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional T 196 de 2019 - Acción popular en curso respecto a la protección del rio pasto.

Sentencia Corte Constitucional T 196 de 2019

Desde abril de 2018, se ha observado una actividad de tala excesiva en la región de Morasurco, ubicada en el municipio de Pasto, que ha llevado a la afectación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud y un entorno ambiental equilibrado. Esta tala se ha extendido hasta los límites del río Pasto, y sus consecuencias incluyen graves daños al medio ambiente, dichos daños no se limitan solo a la modificación del paisaje, sino que también abarcan la perturbación y mortalidad de la fauna local, la emisión de ruido excesivo y la contaminación directa debido a la liberación de aceites y desechos en las aguas circundantes. Además, la presencia de personas involucradas en la tala de árboles y el constante tráfico de camiones que transportan la madera extraída han generado un impacto negativo en la vegetación. Estas actividades operan seis días a la semana, durante todas las franjas horarias del día, y el uso de más de cinco motosierras ha excedido los niveles de ruido permitidos.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional C 978 de 2002 - Racionalización del gasto público/Conservación preservación y descontaminación de la ciénaga de zapatoza.

Sentencia Corte Constitucional C 978 de 2002

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, se demanda la Ley 344 de 1996, y el Código de Minas, se considera que las disposiciones acusadas vulneran la Constitución, pues injustificadamente establecen un privilegio a favor de ciertos municipios, a los que atribuyen 1% sobre el 13,5% de los recursos anuales del Fondo Nacional de Regalías. Este mandato disminuye “el monto total de los recursos de dicho fondo, a los que tienen acceso las demás entidades territoriales para la aprobación de los proyectos sobre preservación ambiental”. Esta situación desconoce entonces, para el demandante, la “prevalencia del interés general al anteponer el interés particular de algunas entidades territoriales sobre las del resto del país” y es discriminatoria, pues instituye un privilegio injustificado en favor de ciertos municipios, y en detrimento de otros que se encuentran en idénticas circunstancias. Para sustentar el anterior cargo, el demandante analiza la regulación constitucional y legal del Fondo Nacional de Regalías; Las normas acusadas ni siquiera son consistentes en los criterios de reparto de las regalías a esos municipios, pues una de ellas los distribuye por partes iguales entre los municipios, mientras que otra regula su reparto según la participación territorial sobre el recurso natural renovable.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional T 766 de 2015 - Derecho a la consulta previa de comunidades afrodescendientes.

Sentencia Corte Constitucional T 766 de 2015

El 10 de septiembre de 2013, integrantes del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna presentaron acción de tutela contra el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas accionantes a la consulta previa, al territorio, y a la diversidad étnica y cultural, presuntamente vulnerados por los demandados al expedir, sin previamente consultarles, resoluciones por medio de las cuales delimitaron áreas estratégicas mineras sobre su territorio.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional C 423 de 2012 - Reforma al código de minas/Zonas excluibles de la minera.

Sentencia Corte Constitucional C 423 de 2012

En esta demanda se aseveró que en el articulado de la ley 1382 de 2010 se viola de manera fehaciente el principio de desarrollo sostenible y el deber del Estado de aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, así como el de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, derechos adquiridos desconocidos por la ley posterior y vulnera el derecho de igualdad.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional C 367 de 2011 - inexequibilidad por exigencia de la realización de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Sentencia Corte Constitucional C 367 de 2011

La corte considero, a través del examen de un accionante, que la ley 1382 de 2010 infringe artículos de la Constitución Política y del Convenio 169 de 1989 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT; debido a la omisión, del derecho de consulta en cabeza de las comunidades indígenas, esto bajo el presupuesto de que la Constitución Política reconoce que Colombia es un Estado social de derecho, y una República democrática, participativa y pluralista. Esta directriz, pilar de toda la legislación, junto con los artículos segundo y tercero de la misma Constitución Política, garantizan, por sí solos, la obligación que le corresponde a todas las autoridades de los poderes públicos de promover y permitir la participación efectiva de todos los habitantes en las decisiones que los afectan. Las cualidades de república democrática y participativa son debidamente ratificadas y desarrolladas mediante los derechos reconocidos a los ciudadanos por el artículo 40 de la Constitución Política. Uno de tales derechos es tomar parte en las diversas formas de participación democrática.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional T 090 de 2023 - Dilación injustificada en la adjudica

Sentencia Corte Constitucional T 090 de 2023

La Agencia Nacional de Tierras vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y de acceso progresivo a la tierra de las comunidades campesinas (agrupadas en las asociaciones accionantes) en el trámite del proceso de constitución de las ZRC; La entidad olvidó que el artículo 64 de la Carta tuvo como propósito mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, y en un actuar completamente ajeno a ese objetivo, prolongó en el tiempo la imposibilidad para estas comunidades de mejorar sus condiciones de vida y de obtener todos los beneficios que otorga la constitución de las ZRC.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional C 443 de 2009 - Vulneración del principio de progresividad de las políticas públicas en materia de protección al derecho al medio ambiente sano.

Sentencia Corte Constitucional C 443 de 2009

En esta decisión judicial, el tribunal evaluó la demanda presentada en contra de las disposiciones de la Ley 685 de 2001. La razón de esta revisión se basa en la aparente contradicción entre las disposiciones cuestionadas y los principios constitucionales que se alega que están siendo infringidos. A partir de esta discrepancia, surgieron los siguientes dilemas legales: ¿Es constitucional que las áreas destinadas a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente requieran de una declaración administrativa que certifique su existencia, así como de una orden explícita que excluya la realización de obras y actividades de exploración y explotación minera para que tengan un impacto en términos de conservación? ¿No debería, de hecho, la responsabilidad del Estado en lo que respecta a la protección del patrimonio público ambiental surgir de la simple existencia de dicho bien público?

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional T 194 de 1999 - Proceso de degradación medioambiental debido a la explotación del recurso íctico, las prácticas dañinas y el control ineficiente.

Sentencia Corte Constitucional T 194 de 1999

El Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, presento acción de tutela en la actuación del desaparecido INDERENA, el cual otorgó licencia ambiental a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica -CORELCA-, para la etapa de construcción de las obras civiles del proyecto hidroeléctrico; A través de dicha construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica y la desviación del río, se afectaron de manera muy significativa al recurso íctico de la cuenca del Sinú. Por esa causa, resultaron perjudicadas unas cuatrocientas (400) comunidades rurales de campesinos y pescadores, con una población estimada de 300.000 personas, que se hallan en condiciones socioeconómicas precarias, y dependen de la pesca para subsistir.

A pesar de esto las entidades responsables del proyecto no adelantaron los estudios de impacto social y económico de este proyecto sobre los pescadores y campesinos del Bajo Sinú, ni adoptaron las consecuentes medidas de compensación y mitigación.

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.} 

Sentencia Corte Constitucional C 298 de 2016 - Procedimiento para otorgar licencias ambientales.

Sentencia Corte Constitucional C 298 de 2016

En esta sentencia los ciudadanos formularon demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, ‘Todos por un Nuevo País’”, debido a la vulneración del principio de desarrollo sostenible y protección al medio ambiente la limitación de manera desproporcionada el derecho fundamental de las víctimas a obtener la restitución de sus predios y contradicen el principio de no regresividad o progresividad en materia ambiental, contenido en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

_{Fuente: Corte Constitucional de Colombia.}