Mediante la Ley 243 de 1995 en Colombia se aprobó el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978

Mediante la Ley 2206 de 2022 en Colombia se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio Nacional. También promueve su manejo ambiental, conservación, restauración, protección de cuencas y mitigación del cambio climático. Establece clasificación de guaduales, fomenta investigación, desarrollo tecnológico, cadenas productivas y capacitación para impulsar sectores como construcción, industria y agroindustria

El Gobierno Nacional expidió el Decreto – Ley 1094 de 2024, por el cual se reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se establecen competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinación para su ejercicio en los territorios que lo conforman en el marco de la autonomía y autodeterminación, y se dictan otras disposiciones

Mediante la 525 de 1999 en Colombia se aprobó la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción hecha en París el 13 de enero de 1993

Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Garantiza la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, reconociendo su derecho a la vida, calidad de vida y a un ambiente sano. Obliga al Estado a asegurar vivienda segura, servicios públicos esenciales y políticas para la primera infancia, así como prevenir riesgos y efectos de desastres naturales, integrando la gestión del riesgo y condiciones ambientales en la protección de la niñez y la adolescencia

Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Establece metas y estrategias para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Incluye pactos por sostenibilidad, biodiversidad, gestión del riesgo, agua y energía, orientando inversión pública y acciones territoriales para desarrollo económico, social y ambiental responsable

El Decreto – Ley 25 de 2014 reorganiza la Defensoría del Pueblo, como organismo que hace parte del Ministerio Público, con autonomía administrativa y presupuestal. Establece su estructura y funciones para promover, proteger y divulgar los derechos humanos, incluyendo los derechos e intereses colectivos, entre ellos, el goce del ambiente sano y la prevención de vulneraciones socioambientales mediante delegadas temáticas 

Ley 2056 de 2020, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR). Regula la distribución y uso de los ingresos por la explotación de los recursos naturales no renovables. Incluye fines de equidad, desarrollo sostenible y protección ambiental, crea la asignación ambiental para financiar proyectos de conservación de áreas estratégicas y lucha contra la deforestación, bajo convocatorias lideradas por las autoridades competentes

Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, está orientado a transformar el país mediante el ordenamiento territorial alrededor del agua, la Transición Energética Justa (TEJ), la acción climática, la protección de la biodiversidad, la economía circular y el fortalecimiento institucional, articulando políticas para sostenibilidad, equidad social y crecimiento económico

La Ley 2082 de 2021, por medio de la cual se crea la categoría municipal de Ciudades Capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones