Corte Constitucional T-166-2009
Acción de tutela contra ruido producido por una iglesia, derecho a la libertad de cultos y a la intimidad. - adecuación de la casa vecina como centro de culto cristiano sin respetar los límites al nivel de ruido como tampoco las normas urbanísticas respectivas.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-1047-2008
Acción de tutela contra ruido producido por una iglesia, derecho a la libertad de cultos y a la intimidad. - La accionante solicita la protección de sus derechos al medio ambiente, salubridad, salud en conexidad con la vida y la dignidad humana. los que se han visto vulnerados por los altos niveles sonoros de los cultos que realiza la Iglesia Cristiana Dios es Amor, en Chinácota, Norte de Santander, que afectan su tranquilidad y la de los inquilinos que residen en su casa.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-220-1995
Derecho al ambiente sano, a la salud, acciones populares falta de relación de causalidad, contaminación puente aranda - Los demandantes, residentes hace más de treinta (30) años en la localidad dieciséis (16) de Puente Aranda, afirman que la Secretaría de Salud de Santafé de Bogotá D.C. permite el funcionamiento de varias empresas que, según investigaciones realizadas, no cumplen con las normas ambientales, lo cual convierte a dicha zona en una de las más contaminadas de la ciudad.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-203-2010
Partículas de Carbón en el 4. Aire, Derecho al ambiente sano - Manifestó el actor que reside en Barranquilla, carrera 78C N° 84-45, barrio San Salvador y que está siendo afectado por la inhalación de polvillo de carbón, que se desprende del descargue, almacenamiento y embarque de ese mineral en las instalaciones de la Sociedad Hermanos Michellmar Ltda.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-087-1996
Derecho de propiedad. Declaración de utilidad pública e interés social y expropiación, relativos a los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación de energía eléctrica, acueductos, riego, regulación de ríos y caudales y zonas a ellos afectadas. -Las pretensiones que plantearon los actores tienen que ver con la declaratoria de utilidad pública e interés social de predios de su propiedad, con destino a construcción de obras necesarias para finalizar el proyecto Embalse de San Rafael, cuyo objetivo es el de suministrar agua a la ciudad de Santafé de Bogotá y a los municipios integrados a la red matriz.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-504-2012
Acción de Tutela interpuesta contra la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - La peticionarioa invocó el amparo de sus derechos fundamentales “sea instalado el servicio por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá en [su] inmueble ubicado en la calle 6E No. 6A.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-188-2012
Derecho fundamental al agua, caso en que se niega suministro de acueducto por cuanto la vivienda no cuenta con una solución del vertimiento de las 2. Agua residuales - La peticionaria afirma no contar con los servicios de acueducto y alcantarillado y haber solicitado de manera reiterada a las entidades demandadas la prestación de los mismos.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-216-1993
Demanda de Inconstitucionalidad contra varios artículos del código de minas. Propiedad estatal sobre los recursos naturales no renovables. - El establecimiento de zonas restringidas para la minería, no se opone a que la propia norma legal, en desarrollo de una clara función legislativa, hubiera previsto autorizaciones excepcionales para adelantar actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados métodos de extracción de minerales, siempre que no se afectaran los aprovechamientos económicos de la superficie y sobre la base de que los mineros autorizados garantizaran la preservación de los indicados recursos y se responsabilizaran por ello de manera real y efectiva.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-375-1996
Situación de supremacía cuando de la acción de una persona depende que otras no tengan acceso a una fuente de agua o sólo puedan hacerlo tomando el líquido de una fuente altamente contaminada - La vulneración se hace consistir en la consecuencia material que se deriva de los repetidos actos de perturbación que los demandados han realizado en los últimos tres años y que han impedido el acceso a las fuentes de agua, sobre las cuales los actores y sus familias tienen el derecho de abastecimiento derivado de la respectiva concesión administrativa.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-647-1997
Propiedad estatal sobre los recursos naturales no renovables, los monopolios legales y la explotación y administración de las salinas - El demandante acusa los artículos 3º y 6º del Decreto 2818 de 1991, porque a través de los mismos el Gobierno constituyó un monopolio para la explotación y administración de todas las salinas marítimas y terrestres de propiedad del Estado, en cabeza de una sociedad de economía mixta del orden nacional, denominada Salinas Marítimas y Terrestres de Colombia S.A., cuando, en su sentir, el establecimiento de monopolios está prohibido expresamente en el inciso primero del artículo 336 de la Carta, salvo para los casos de arbitrios rentísticos y con fines de interés público o social.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-028-1997
Rentas de regalías de recursos naturales no renovables, participación de los municipios en regalías de recursos naturales no renovables - En lo que hace referencia al acápite de “aspectos mineros” de la objeción presidencial, el Gobierno objeta la facultad municipal para suspender las explotaciones o las actividades de comercio de metales preciosos de las personas dedicadas a esas actividades.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-534-1996
Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 61. Inciso 3 Ley 99 de 1993 - En opinión del demandante, la norma demandada, contradice las disposiciones de los numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Nacional, los cuales se refieren, el primero a la facultad reglamentaria que el Constituyente le otorgó a los Concejos Municipales, para que dentro de los límites que fije la ley, regulen lo relativo a los usos del suelo y a la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a la vivienda en el respectivo municipio, y el segundo, a la facultad que se le asigna a dichas corporaciones de dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-276-2011
Asunto: Revisión de constitucionalidad del Decreto 141 de 2011 “por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31,33, 37, 41, 44, 45, 65, y 66 de la Ley 99 de 1993, y se dictan otras determinaciones” - Mediante sentencia C-216 de 2011 la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, declaratorio del estado de excepción, que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo 141 de 2011, configurándose lo que esta Corporación ha denominado “una inconstitucionalidad por consecuencia”, pues excluida del ordenamiento jurídico la norma de autohabilitación por decisión de inexequibilidad, los decretos legislativos dictados a su amparo deben correr la misma suerte.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-240-2011
Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 4831 del 29 de diciembre de 2010 “Por el cual se destinan recursos para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos causados por el fenómeno de la niña” - El Decreto objeto de revisión, establece medidas para lograr la consecución de recursos y la financiación para poder atender la crisis y grave calamidad pública causada por la ola invernal generada por el fenómeno de la Niña.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-087-1994
Revisión oficiosa de la ley 51 de junio 9 de 1993 por medio de la cual se aprueba el ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL SOBRE SANIDAD ANIMAL EN AREAS DE FRONTERA, suscrito en Bogotá el 16 de Julio de 1985. - El Acuerdo en su contenido material está conforme a la Constitución, y es un mecanismo importante para la prevención y control de enfermedades animales en los territorios fronterizos con el Brasil, pues, existiendo una extensa frontera común de 1.645 kilómetros de longitud y un importante comercio de animales y subproductos de animales, resulta necesario que los dos países adopten medidas adecuadas en la lucha contra la fiebre aftosa y otras enfermedades animales.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-332 -1996
Revisión Constitucional del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Brasil sobre sanidad animal para intercambio de animales y productos de origen animal - las medidas consignadas en el instrumento internacional objeto de análisis, relacionadas todas con sanidad animal, tienen por objeto reglar el tránsito e intercambio, entre uno y otro país, de animales vivos y productos de origen animal, cuyo intercambio, motivado en el interés de mejorar la producción interna, pueda generar en uno u otro país contratante, la dispersión, transmisión o ingreso de plagas o enfermedades capaces de afectar la sanidad de las especies animales endógenas, o de las que se encuentran en el territorio, o la salud humana, sea ésta una consecuencia derivada o no del consumo de los referidos productos.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-359-1996
Revisión de constitucionalidad de la Ley 257 de enero 15 de 1996 por medio del cual se aprueba El Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos - Los Estados Partes, partícipes del Convenio de Responsabilidad, son conscientes de los peligros de contaminación que crea el transporte marítimo internacional de hidrocarburos a granel, de la necesidad de asegurar una indemnización a las víctimas de los daños por contaminación causados por derrames y descargas de hidrocarburos desde buques, dado que dicho Convenio no proporciona en todos los casos una indemnización plena a las víctimas de los daños por contaminación de hidrocarburos.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-237-1994
Acción de Tutela por falla en el servicio de recolección de basuras - El peticionario solicita que se tutelen los derechos fundamentales al ambiente sano y a la salud, ordenando al señor Alcalde Mayor de Bogotá que inmediatamente ordene lo pertinente para que se preste el servicio público de recolección de basuras, ya que las basuras acumuladas no fueron recolectadas durante un lapso aproximado de dos meses.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-123-1999
Acción de tutela contra contaminación producida por basuras y desperdicios, mal manejo del relleno sanitario - Señala la demandante que desde hace varios años reside junto con su familia y otras personas en inmuebles contiguos al relleno sanitario, ubicado en el barrio “Cristo Rey” del municipio de Túquerres (Nariño), y que como consecuencia de la contaminación e infección causadas por el mal tratamiento de las basuras en ese lugar, se ha visto afectada gravemente en su salud, añade igualmente, que en varias ocasiones ha tenido que hospitalizar a sus hijos menores de edad, por las afecciones que, permanentemente, padecen, ella y otros miembros familiares, y algunos de sus vecinos, en virtud del mal manejo que de los desperdicios desarrollan las autoridades municipales competentes
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-575-1995
Acción de Tutela por contaminación auditiva, restaurante en zona residencial - Los actores advierten que viven en una zona residencial y que, a pesar de ello, deben soportar el ruido generado por un negocio con patente de funcionamiento para un restaurante denominado VILLA SABOR que, en realidad, funciona como una taberna y está dedicado al expendio de licor, razón por la cual colocan música con volumen exagerado hasta altas horas de la madrugada afectando la tranquilidad, el descanso y el sueño de todos los vecinos.
Fuente: Corte Constitucional
