* Jurisprudencia

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Corte Constitucional C-305-1995

Corte Constitucional C-305-1995

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 44 Ley 99 de 1993. Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble / Declarado exequible - - La norma acusada infringe la preceptiva del artículo 317 constitucional, puesto que en ella se condiciona la existencia de las sobretasas al predial con destino a las corporaciones, a la elaboración previa de un plan de desarrollo municipal. El artículo 44 de la ley 99 de 1993 al carecer de la referencia a ese plan produce una alteración en los tiempos de la gestión pública, debido a que contempla la planificación con posterioridad al recaudo de la sobretasa.

Fuente: Corte Constitucional 

Corte Constitucional C-328-1995

Corte Constitucional C-328-1995

Licencia ambiental, silencio administrativo positivo Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 105 de 1993 por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones - El demandante adujo Violación del artículo 158 C.P. El artículo 4º de la Ley 105 de 1993 es inconstitucional porque regula un aspecto de la protección del medio ambiente y no tiene relación alguna con el tema u objeto de la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, lo cual quebranta el principio de unidad de materia legislativa contenido en el artículo 158 de la Constitución.

Fuente: Corte Constitucional

Corte Constitucional C-745-2012

Corte Constitucional C-745-2012

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 202 Del Decreto Ley 019 de 2012. Decreto de supresión de trámites sobre ampliación del plazo para revisión técnico mecánica de automóviles - A juicio del actor El artículo acusado viola las normas constitucionales que obligan al Estado a proteger la vida y la integridad de las personas (Preámbulo, art. 2, 5, 11, y 12 C.P.) y a garantizar la calidad de los productos y servicios para preservar el medio ambiente.

Fuente: Corte Constitucional 

Corte Constitucional T-500-2012

Corte Constitucional T-500-2012

Aulas educativas ambientales/ Derecho de acceso a una institución educativa digna - Expresaron los demandantes que a la actual administración de Pitalito se le solicitó “de mil formas” la construcción de una escuela, “pues el rancho que tenemos actualmente”, de bahareque y tejas de zinc, no cumple los requisitos mínimos para que los niños del sector reciban una educación digna, además de encontrarse “a la orilla de una montaña que amenaza con venirse encima de los niños y acabar con sus vidas de manera miserable” (Área de Reserva forestal)

Fuente: Corte Constitucional 

Corte Constitucional C-423-1994

Corte Constitucional C-423-1994

Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 34, Ley 99 de 1993/ Declarado exequible - A juicio del demandante, al expedir las normas acusadas, el Congreso de la República desbordó las facultades constitucionales contenidas en el numeral 7o. del artículo 150 superior, toda vez que tal precepto lo autoriza únicamente para reglamentar la creación y el funcionamiento de las Corporaciones Autónomas, pero por ninguna parte de la Carta Fundamental de 1991 aparece la facultad del órgano legislativo nacional para crear nuevas Corporaciones Regionales y al mismo tiempo, la propia norma constitucional subraya que éstas gozarán de autonomía para el desarrollo de sus actividades. (resaltado del actor).

Fuente: Corte Constitucional 

Corte Constitucional T-406 -1992

Corte Constitucional T-406 -1992

Las Empresas Públicas de Cartagena iniciaron en 1991 la construcción del servicio de alcantarillado para el barrio Vista Hermosa de esa ciudad. Transcurrido un año y sin haber terminado su construcción fue puesto en funcionamiento, hecho este que ha producido el desbordamiento de 2. Agua negras por los registros, ocasionando olores nauseabundos y contaminantes de la atmósfera de los residentes tanto del barrio en mención como del Campestre, ubicado a pocos metros de aquél. - Las Empresas Públicas de Cartagena iniciaron en 1991 la construcción del servicio de alcantarillado para el barrio Vista Hermosa de esa ciudad. Transcurrido un año y sin haber terminado su construcción fue puesto en funcionamiento, hecho este que ha producido el desbordamiento de 2. Agua negras por los registros, ocasionando olores nauseabundos y contaminantes de la atmósfera de los residentes tanto del barrio en mención como del Campestre, ubicado a pocos metros de aquél.

Fuente: Corte Constitucional 

Corte Constitucional C-478-1998

Corte Constitucional C-478-1998

Principio de la confianza legitima./ Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 223 de 1995, artículo 285 normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras disposiciones - El actor considera que la expresión acusada, al derogar el decreto 2272 de 1974 y eliminar el Certificado de Desarrollo Turístico, viola los artículos 1º, 2º, 58, 83 y 158º de la Constitución. Según su criterio, la eliminación de este certificado perjudica la expansión de la industria turística, pues los agentes económicos dedicados a la inversión y construcción de la infraestructura hotelera nacional pierden el beneficio estatal que les permitía redimir sus obligaciones tributarias mediante el citado instrumento.

Fuente: Corte Constitucional 

Corte Constitucional T-254 -1993

Corte Constitucional T-254 -1993

Vertimientos / Contaminación del río Palo, con ocasión de los desechos líquidos que las fábricas Propal II y el ingenio la cabaña - La tutela se ejerció contra el Jefe del Servicio de Salud Pública de Puerto Tejada, el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y las empresas particulares, sociedad Productora de Papeles S.A. -PROPAL- y Sociedad M. Seinjet Ingenio La Cabaña Ltda., por considerar que las sociedades privadas aludidas contaminan con los vertimentos, productos de sus operaciones industriales, las 2. Agua del río Palo, en detrimento de los derechos a la vida y al trabajo de los peticionarios y la comunidad de Puerto Tejada, sin que los organismos oficiales mencionados hayan adoptado las medidas administrativas adecuadas para preservar el ecosistema del referido río.

Fuente: Corte Constitucional

Corte Constitucional C-221-1997

Corte Constitucional C-221-1997

Concepto de recursos naturales no renovables //Explotación de recursos naturales en bienes de uso público // regalías sobre la explotación de los recursos naturales. - El actor considera que la norma demandada viola los artículos 80, 334 y 360 de la Constitución. Según su criterio, la explotación de los recursos naturales no renovables solamente puede dar lugar al pago de regalías en favor de la Nación, lo cual excluye la aplicación de impuestos municipales por tales actividades, ya que se trata de una intromisión inaceptable en terrenos en los cuales solamente puede tener dominio la Nación.

Fuente: Corte Constitucional

Corte Constitucional T-769 de 2009

Corte Constitucional T-769 de 2009

Consulta previa a comunidades Indígenas- caso en el cual el departamento de Antioquia otorgó una concesión minera por 30 años prorrogable por el mismo periodo, con vulneración del debido proceso a las comunidades indígenas afectadas con dicha actividad. - El Gobernador de Antioquia suscribió contrato Único de Concesión Minera, con la sociedad Muriel Mining Corporation, en el cual se estableció un término de duración de 30 años, prorrogable por el mismo periodo., sin llevar a cabo el mecanismo de la consulta previa a la totalidad de las comunidades indígenas afectadas con el proyecto

Fuente: Corte Constitucional 

Corte Constitucional SU-383 de 2003

Corte Constitucional SU-383 de 2003

Consulta Previa, a Comunidades Indígenas, caso en el cual las autoridades del orden nacional adelantan erradicación de cultivos ilícitos, por medio de la aspersión aérea de con Glifosato. - La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC demanda la protección transitoria de sus derechos fundamentales a la vida, existencia comunitaria, medio ambiente sano, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y derecho a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan, que estarían siendo quebrantados por los accionados al ordenar y autorizar la fumigación de cultivos ilegales, en sus territorios.

Fuente: Corte Constitucional

Corte Constitucional SU-039 de 1997

Corte Constitucional SU-039 de 1997

Consulta Previa a Comunidades Indígenas- proyectos que afectan los recursos naturales- Defensor de Pueblo en representación del Grupo Étnico UWA.

Fuente: Corte Constitucional

Corte Constitucional C-224 del 29 de marzo de 2011

Corte Constitucional C-224 del 29 de marzo de 2011

Modificación de la Licencia Ambiental: Regulación. Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 4822 de 2010 “por el cual se suspenden restricciones para la operación de las pistas de los aeropuertos nacionales e internacionales en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional.”

Fuente: Corte Constitucional

Corte Constitucional T – 693 del 28 de agosto de 2012

Corte Constitucional T – 693 del 28 de agosto de 2012

Actualización de la Certificación de no presencia de comunidades étnicas en las zona de influencia de proyecto Vial, como requisito para la obtención de la licencia ambiental. - Acción de Tutela contra el Ministerio de ambiente, Considera la Unión Temporal Tutelante que se vulneró su derecho al debido proceso administrativo ya que la actualización de las certificaciones sobre presencia de comunidades indígenas o negras en el área de influencia del proyecto no está prevista en la ley

Fuente: Corte Constitucional 

Corte Constitucional C-1047 de 4 de octubre de 2001

Corte Constitucional C-1047 de 4 de octubre de 2001

Licencia Ambiental: Trámite y tiempo para la obtención - Se demanda la constitucionalidad del art. 116 de la Ley 633 de 2000, A juicio de los actores el artículo demandado viola el derecho a la igualdad y a la equidad tributaria en cuanto exige “a una cierta categoría de empresas y no a todas, la aprobación en cierto tiempo de la licencia ambiental como presupuesto para obtener beneficios tributarios

Fuente: Corte Constitucional 

Consejo de Estado 25000-23-24-000-1996-6978-01(4027)

Consejo de Estado 25000-23-24-000-1996-6978-01(4027)

Legalidad de la suspensión de la Licencia Ambiental otorgada por el inderena por modificaciones al proyecto inicialmente aprobado por dicha entidad - The Great View Company S.A., solicitó la nulidad de la Resolución No. 024 del 09 de enero de 1996, que prohibió la construcción de un proyecto que afecta el ecosistema de manglar del Parque Nacional Natural Old of Providence MCBean Lagoon y su zona amortiguadora, ubicado en el municipio de providencia isla.

Fuente: Consejo de Estado

Consejo de Estado 11001-03-24-000-2000-6710-01 (6710) agosto 23 de 2001

Consejo de Estado 11001-03-24-000-2000-6710-01 (6710) agosto 23 de 2001

Licencia Ambiental de Entidades Territoriales/ Competencia de municipios, distritos o 9. Áreas protegidas y otras metropolitanas / LICENCIA AMBIENTAL DE LAS CAR - Competencia del Minambiente / LICENCIA AMBIENTAL DE AUTORIDADES AMBIENTALES TERRITORIALES - Competencia del Minambiente / DECRETO 2353 DE 1999 - Legalidad de los artículos 1 y 2. - A juicio del actor los artículos demandados violan los principios de imparcialidad y de contradicción que debe observar la función administrativa al otorgar competencia para las licencias ambientales a las mismas autoridades que pretenden desarrollar el proyecto, como es el caso de “los municipios, distritos y 9. Áreas protegidas y otras metropolitanas, cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes”.

Fuente: Consejo de Estado

Corte Constitucional C 894 del 07 de octubre de 2003

Corte Constitucional C 894 del 07 de octubre de 2003

Los Actos Administrativos expedidos por las Corporaciones Autónomas Regionales que otorguen o nieguen licencias ambientales, podrían ser apelables ante el Ministerio Medio Ambiente/ Demanda de Inconstitucionalidad contra el inciso final del artículo 63 de la Ley 99 de 1993 - Se demanda la Constitucionalidad del art. 63 (inciso final) de la ley 99 de 1993 que establece Los Actos Administrativos expedidos por las Corporaciones Autónomas Regionales que otorguen o nieguen licencias ambientales, serán apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente A juicio de las demandantes el aparte demandado es contrario al art. 150 núm. 7 CP. que otorga autonomía las corporaciones autónomas regionales.

Fuente: Corte Constitucional 

Consejo de Estado 25000-23-24-000-2000-0297-01(7349) de 31 de octubre de 2002

Consejo de Estado 25000-23-24-000-2000-0297-01(7349) de 31 de octubre de 2002

HUMEDALES - Competencia de los municipios para declararlo como reserva ambiental / HUMEDALES - Concepto, declaratoria de reserva ecológica o ambiental - Recurso de apelación interpuesto por el Sr. Luis Fernando Macías, contra la sentencia proferida por el Tribunal administrativo de Cundinamarca, el 14 de junio de 2001. Sostiene que el Consejo Distrital de Bogotá carece de competencia para declarar como Reservas Naturales Ambientales los Humedales del Distrito Capital

Fuente: Consejo de Estado

Consejo de Estado 88001-23-31-000-2000-00054-01 del 27 de agosto de 2008

Consejo de Estado 88001-23-31-000-2000-00054-01 del 27 de agosto de 2008

PARQUES NACIONALES NATURALES - Competencia del Minambiente / CORALINA - Competencia sobre playas que no conforma parque natural - El accionante recurrente solicita que se declare la nulidad del Acuerdo núm. 015 de 23 de junio de 2000, expedido por el Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina “Coralina”, que no otorgó viabilidad ambiental a la solicitud presentada para la construcción del proyecto Centros Náuticos del Caribe, ubicado en el sector North En Punta Hansa de San Andrés ya que a su juicio La CORALINA no tenía la competencia para determinar que las playas de San Andrés constituyen 9. Áreas protegidas y otras de manejo y protección ambiental.

Fuente: Consejo de Estado

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