La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C – 262 de 1996, decidió declarar exequibles el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, y la Ley 243 de 1995 que lo aprueba

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 032 de 2019 declaró exequible la expresión “podrá” contenida en el artículo 10 de la Ley 1774 de 2016, por el cargo analizado en esta providencia, al considerar que constituye una facultad‑competencia del Ministerio de Ambiente coordinar campañas pedagógicas sobre protección animal, sin desconocer el deber constitucional de educación ambiental ni la Constitución Ecológica, que incluye la protección de los animales como seres sintientes

Según la Corte Constitucional, en la sentencia SU – 095 de 2018, dejó sin efectos la decisión judicial que avaló una consulta popular en el Municipio de Cumaral, Departamento del Meta, sobre la prohibición de actividades petroleras por exceder competencias municipales. Reiteró que la Nación es titular del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y que las consultas populares no pueden limitar actividades extractivas. Exhortó a regular mecanismos de coordinación Nación‑Territorio

Según la Corte Constitucional, en la sentencia SU – 133 de 2017, unificó jurisprudencia sobre la consulta previa, reiterando que es un derecho fundamental de los pueblos étnicos cuando una medida los afecta directamente. La Corte precisó criterios para identificar afectación directa, exigió participación efectiva y estableció que la ausencia de consulta puede invalidar decisiones administrativas o legislativas

Según la Corte Constitucional, en la sentencia T – 325 de 2017, concedió el amparo a los derechos fundamentales al agua, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria, a la vida en condiciones dignas y al trabajo, invocados por la comunidad residente en la región Salinas del Municipio de Rionegro, Departamento de Santander

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 666 de 2010 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 7 de la Ley 84 de 1989 – Estatuto Nacional de Protección de los Animales, de acuerdo con varias condiciones que fueron establecidas en tal providencia relacionadas con la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales  

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 534 de 1996 resolvió declarar exequible el inciso tercero del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, bajo el entendimiento de que las disposiciones que expide el Ministerio de Ambiente son aquellas que se derivan de las competencias específicas y expresas que surgen de la ley y de su decreto reglamentario, y que tienen el sentido de velar por su estricto cumplimiento

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 035 de 2016 analizó la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1450 de 2011 – Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 y de la Ley 1753 de 2015 – Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 – 2018

Según la Corte Constitucional, en la sentencia 547 de 2010, concedió el amparo de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) a la Integridad Económica y Cultural, a la Consulta Previa y al Debido Proceso, en relación con el desarrollo del Proyecto de Puerto Multipropósito [proyecto portuario], localizado en jurisdicción del Municipio de Dibulla, Corregimiento de Mingueo, Departamento de la Guajira

Según la Corte Constitucional, en la sentencia SU – 196 de 2023, concedió la protección de los derechos fundamentales al agua, al ambiente sano, a la alimentación, al trabajo, y al tratamiento diferenciado como etnia afrodescendiente, -en desarrollo del principio de respeto de la diversidad- de las comunidades accionantes del río Anchicayá, en relación con el proyecto de la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá (CHBA)