La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 377 de 1996 declaró exequible condicionadamente el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación y la Ley 253 de 1996 aprobatoria del mismo, bajo la condición de que el Gobierno formule una declaración o manifestación, acogiéndose al artículo 26 de dicho Convenio, en el sentido de que el artículo 81 de la Constitución prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos

Según la Corte Constitucional, en la sentencia SU – 455 de 2020, resolvió unificar criterios sobre la Responsabilidad Civil por Daño Ambiental, destacando la aplicación obligatoria de la Constitución Ecológica. Concedió la tutela por violación al Debido Proceso y al Derecho a un Ambiente Sano, ordenando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tase los perjuicios probados dentro del proceso ordinario conforme a los principios ambientales quien contamina paga, prevención y precaución, flexibilizando la prueba del daño ambiental

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 192 de 2016 declaró inexequibles apartes de los artículos 23 y 24 de la Ley 1617 de 2013, por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales, al considerar que reconocer derechos adquiridos sobre el uso del suelo vulnera el interés general y la función social y ecológica de la propiedad. Se reafirma que el ordenamiento territorial puede modificar usos del suelo sin que ello implique desconocer situaciones jurídicas consolidadas

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 595 de 1999 declaró exequibles las expresiones "no siendo contra ley o contra derecho ajeno" contenidas en el artículo 669 del Código Civil e inexequible el adverbio "arbitrariamente" de esa misma disposición. La decisión reafirma que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que está condicionado por su función social y ecológica, y debe ejercerse en armonía con el interés general

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 196 de 2009 decidió inhibirse de decidir sobre las objeciones presentadas al Proyecto de Ley No. 092 de 2006 Senado, 238 de 2008 Cámara “por el cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones” por cuanto no fueron presentadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de 1991

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 671 de 2001 declaró exequibles la Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997 y la ley 618 de 2000, por medio de la cual se aprueba la citada Enmienda

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C – 220 de 2011, declaró exequible el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 [referido a la inversión forzosa de no menos del 1%] únicamente frente a los cargos examinados en esta providencia

Según la Corte Constitucional, en la Sentencia T – 210 de 2025, decidió amparar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo vital, a la vivienda y a una vida digna de los campesinos tutelantes con ocasión de una actuación administrativa adelantada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el marco de un Procedimiento Sancionatorio Ambiental 

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 462 de 2008 realizó el análisis de constitucionalidad de varias normas de la Ley 99 de 1993. Entre otras declaraciones, decidió declarar exequible el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, referida a la facultad discrecional y selectiva a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en asuntos ambientales 

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 401 de 1997 declaró exequibles el “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe” hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos al protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe”, adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991, así como la Ley 356 de 1997