Por el cual se reglamenta el Decreto - ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones.

Decreto Reglamentario 44 de 2024, por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones

La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 10 de 2013, la cual establece lineamientos para la Consulta Previa con comunidades étnicas en proyectos que puedan afectar su territorio, cultura o medio ambiente. Define etapas como certificación, preconsulta, consulta y seguimiento, promoviendo la coordinación interinstitucional, la protección ambiental y el respeto por los derechos colectivos

La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 1 de 2010, la cual establece lineamientos para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de los grupos étnicos en Colombia, conforme al Convenio 169 de la OIT [Ley 21 de 1991] y la Constitución. Define acciones que requieren consulta, fases del proceso, responsabilidades institucionales y criterios para mitigar impactos ambientales y sociales en proyectos que afecten territorios étnicos, promoviendo participación efectiva y protección de derechos colectivos

La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 08 de 2020, que contiene Guía para la realización de la Consulta Previa. Este documento define etapas y criterios para la consulta previa en proyectos con posible afectación directa a comunidades étnicas. Establece procedimientos técnicos, jurídicos y logísticos, incluyendo el test de proporcionalidad, para prevenir daños antijurídicos y garantizar participación efectiva

El Decreto – Ley 262 de 2000, por el cual se modifican la Estructura y la Organización de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación y otros temas afines

Ley 24 de 1992 organizó la Defensoría del Pueblo como órgano autónomo para la defensa y promoción de los derechos humanos. Aunque no es una norma ambiental, habilita a la Defensoría para proteger el derecho constitucional al ambiente sano, intervenir ante autoridades, tramitar quejas y promover acciones judiciales frente a vulneraciones ambientales que afecten derechos fundamentales

Mediante la Ley 56 de 1981, se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras

Mediante la Ley 16 de 1972, se aprobó en Colombia la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 (Tratado Internacional). Esta Convención, adoptada en 1969, establece derechos civiles y políticos fundamentales en América, como vida, libertad, integridad personal, debido proceso, libertad de expresión, entre otros. Impone obligaciones a los Estados para garantizar y proteger estos derechos, prevé mecanismos de supervisión como la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)