La Guía Procedimiento Administrativo Ambiental Sancionatorio. Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024 es un documento elaborado por la Procuraduría General de la Nación de Colombia, UK Government y Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito publicado en el año 2024 

La Constitución Política de 1991 (“Constitución Ecológica” o “Constitución Verde”), en su artículo 80 dispone que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Las Leyes 1333 de 2009 y 2387 de 2024 regulan el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, las infracciones ambientales, las sanciones ambientales, las medidas preventivas, las medidas compensatorias y muchos otros temas afines. 

Con la expedición de la Ley 2387 de 2024 se modificaron y adicionaron varias normas de la Ley 1333 de 2009 en cuanto al Procedimiento Sancionatorio Ambiental, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones.    

La Guía Procedimiento Administrativo Ambiental Sancionatorio. Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024 es un documento elaborado por la Procuraduría General de la Nación de Colombia, UK Government y Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito publicado en el año 2024.

I. Introducción y Marco Normativo

La Guía tiene como objetivo fortalecer la aplicación del régimen sancionatorio ambiental en Colombia, promoviendo el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección del derecho a un ambiente sano. La Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental, y la Ley 2387 de 2024 introduce modificaciones sustanciales que refuerzan la capacidad de las autoridades para prevenir, corregir y sancionar infracciones ambientales.

Se reconoce la potestad sancionatoria del Estado, ejercida por entidades como el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Parques Nacionales Naturales, y ahora también por fuerzas militares y de policía en funciones preventivas.

II. Principios y Funciones del Procedimiento Sancionatorio Ambiental

El procedimiento sancionatorio se rige por principios constitucionales y ambientales como legalidad, proporcionalidad, debido proceso, precaución y responsabilidad ambiental. 

Las sanciones ambientales tienen funciones:
Preventiva: evitar la continuación del daño.
Correctiva: reparar el daño causado.
Compensatoria: mitigar los efectos negativos.
Se presume la culpa o dolo del infractor, quien debe desvirtuarla mediante pruebas.

III. Infracciones, Responsabilidad y Medidas

Las infracciones incluyen violaciones a normas ambientales, daño al medio ambiente, y omisiones que generen impactos negativos. Se establecen:

Causales de atenuación: confesión, mitigación voluntaria, ausencia de daño, otras causales
Causales de agravación: reincidencia, daño grave, ocultamiento, afectación a áreas protegidas, otras causales
Eximentes de responsabilidad: fuerza mayor, sabotaje, actos de terceros.
La acción sancionatoria caduca a los 20 años, salvo que el daño persista. 

IV. Procedimiento y Nuevas Etapas

La Ley 2387 de 2024 introduce mejoras al procedimiento:
Suspensión del procedimiento: si el infractor propone medidas correctivas o compensatorias con garantía de cumplimiento.
Terminación anticipada: si las medidas son efectivas, sin generar antecedentes en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA).
Alegatos de conclusión: nueva etapa posterior al periodo probatorio.
Duración máxima: cinco años, prorrogables por cinco más.

V. Conclusiones Ambientales

La Guía refuerza el enfoque preventivo y restaurativo del régimen sancionatorio ambiental, promoviendo la corresponsabilidad institucional y ciudadana.

Fuente: Procuraduría General de la Nación de Colombia, UK Government y Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito