Corte Constitucional T-460-1996
Acción de Tutela por contaminación auditiva, fábrica de construcción de muebles metálicos - La presente decisión reitera los fallos de tutela T-025/94, T-028/95, T-226/95, T-357/95, T-428/95 y T-575/95, entre otros.
Fuente: Corte Constitucional.
Corte Constitucional T-210-1994
Acción de Tutela contra el ruido, Límite a la libertad de cultos, consideraciones sobre el ruido - acción de tutela contra la Comunidad Carismática del Amor, por vulneración de los derechos fundamentales a la paz (CP art. 22), a la intimidad del hogar, y el derecho constitucional a un ambiente sano (CP art. 88) y solicitó protección a sus derechos, ya que tanto él como sus vecinos, casi todos los días deben sufrir la violencia del ruido que contamina la intimidad de nuestros hogares.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-630-1998
Acción de Tutela contra contaminación auditiva, derecho a la intimidad familiar y la tranquilidad/ Ruido - la contaminación auditiva compromete derechos colectivos que sólo son objeto de tutela cuando se logra establecer la vulneración de derechos fundamentales respecto de personas determinadas, como en el presente caso. Dada la cercanía de la residencia del peticionario con la demandada, la tutela resulta ser el mecanismo mas idóneo para lograr la protección.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-428-1995
Acción de Tutela contra el ruido, tranquilidad subjetiva de los asociados - En el dicho establecimiento se originan escándalos, ruidos, ensordecedores, de diferentes tipos y simultáneos: Los producidos por un inmenso aparato de sonido que supera los decibeles tolerables por el ser humano, el ruido por el taconeo o escobilleo sobre un entarimado, probablemente de numerosas parejas.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-176-1997
Revisión constitucional de las enmiendas al Tratado de Tlateloco sobre proscripción de armas nucleares - .La presente ley aprueba varias reformas al llamado Tratado de Tlatelolco sobre proscripción de armas nucleares en América Latina.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-156-2011
Decreto declaratorio de estado de emergencia social y ecológica / Control de constitucionalidad - La Corte Constitucional, en desarrollo del control automático del Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, procedió a analizar si la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública, cumple los requerimientos constitucionales exigidos para su decidir su constitucionalidad.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-216-2011
Decreto declaratorio de estado de emergencia social y ecológica segunda vez/ Control de constitucionalidad - En el caso concreto se debe resaltar que el Decreto 020 de 2011 es una nueva declaratoria de emergencia que se deriva de lo que ha sido denominado por el gobierno como “una causa ecológica común”, es decir, del aumento inusitado de las lluvias como consecuencia del fenómeno de La Niña 2010 – 2011
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-795-2000
Ley orgánica de ordenamiento territorial / comunidades indígenas / Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7, numeral 2, parcial, de la Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 (1), y la Ley 3ª de 1991(2) y se dictan otras disposiciones” - Considera el demandante que se conculcan los valores y principios consagrados en el Preámbulo de la Carta, porque no se debe involucrar a los pueblos indígenas en un proceso de ordenamiento territorial y urbano y, dejarlos bajo las directrices de los departamentos sin que previamente se encuentren conformadas y definidas sus entidades territoriales, a través de una ley orgánica que establezca las competencias entre las comunidades indígenas y las demás entidades territoriales
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-305-1995
Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 44 Ley 99 de 1993. Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble / Declarado exequible - - La norma acusada infringe la preceptiva del artículo 317 constitucional, puesto que en ella se condiciona la existencia de las sobretasas al predial con destino a las corporaciones, a la elaboración previa de un plan de desarrollo municipal. El artículo 44 de la ley 99 de 1993 al carecer de la referencia a ese plan produce una alteración en los tiempos de la gestión pública, debido a que contempla la planificación con posterioridad al recaudo de la sobretasa.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-328-1995
Licencia ambiental, silencio administrativo positivo Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 105 de 1993 por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones - El demandante adujo Violación del artículo 158 C.P. El artículo 4º de la Ley 105 de 1993 es inconstitucional porque regula un aspecto de la protección del medio ambiente y no tiene relación alguna con el tema u objeto de la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, lo cual quebranta el principio de unidad de materia legislativa contenido en el artículo 158 de la Constitución.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-745-2012
Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 202 Del Decreto Ley 019 de 2012. Decreto de supresión de trámites sobre ampliación del plazo para revisión técnico mecánica de automóviles - A juicio del actor El artículo acusado viola las normas constitucionales que obligan al Estado a proteger la vida y la integridad de las personas (Preámbulo, art. 2, 5, 11, y 12 C.P.) y a garantizar la calidad de los productos y servicios para preservar el medio ambiente.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-500-2012
Aulas educativas ambientales/ Derecho de acceso a una institución educativa digna - Expresaron los demandantes que a la actual administración de Pitalito se le solicitó “de mil formas” la construcción de una escuela, “pues el rancho que tenemos actualmente”, de bahareque y tejas de zinc, no cumple los requisitos mínimos para que los niños del sector reciban una educación digna, además de encontrarse “a la orilla de una montaña que amenaza con venirse encima de los niños y acabar con sus vidas de manera miserable” (Área de Reserva forestal)
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-459 -2004
Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 472 de 1998, artículos 39 y 40 que establecen un incentivo económico para las acciones populares - La circunstancia de que las acciones populares se hubiesen elevado a rango constitucional no fue simplemente un movimiento diseñado para maquillarlas, sino una decisión política que ha de generar consecuencias importantes, entre otras la de que el ejercicio de las mismas no tiene por qué ser premiado con incentivos o recompensas, porque tales dispositivos son propios del actuar ejercido al amparo de la normatividad privada.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-423-1994
Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 34, Ley 99 de 1993/ Declarado exequible - A juicio del demandante, al expedir las normas acusadas, el Congreso de la República desbordó las facultades constitucionales contenidas en el numeral 7o. del artículo 150 superior, toda vez que tal precepto lo autoriza únicamente para reglamentar la creación y el funcionamiento de las Corporaciones Autónomas, pero por ninguna parte de la Carta Fundamental de 1991 aparece la facultad del órgano legislativo nacional para crear nuevas Corporaciones Regionales y al mismo tiempo, la propia norma constitucional subraya que éstas gozarán de autonomía para el desarrollo de sus actividades. (resaltado del actor).
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional SU-067-1993
Derecho al ambiente sano, Acción Popular Glifosato - A juicio de los actores la Resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes violó el artículo 79 de la Constitución que establece los Derechos Colectivos y del Ambiente, pues la utilización del Glifosato amenaza el ambiente sano, y pone en peligro sitios de gran valor ecológico y destruye el ecosistema.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-406 -1992
Las Empresas Públicas de Cartagena iniciaron en 1991 la construcción del servicio de alcantarillado para el barrio Vista Hermosa de esa ciudad. Transcurrido un año y sin haber terminado su construcción fue puesto en funcionamiento, hecho este que ha producido el desbordamiento de 2. Agua negras por los registros, ocasionando olores nauseabundos y contaminantes de la atmósfera de los residentes tanto del barrio en mención como del Campestre, ubicado a pocos metros de aquél. - Las Empresas Públicas de Cartagena iniciaron en 1991 la construcción del servicio de alcantarillado para el barrio Vista Hermosa de esa ciudad. Transcurrido un año y sin haber terminado su construcción fue puesto en funcionamiento, hecho este que ha producido el desbordamiento de 2. Agua negras por los registros, ocasionando olores nauseabundos y contaminantes de la atmósfera de los residentes tanto del barrio en mención como del Campestre, ubicado a pocos metros de aquél.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-478-1998
Principio de la confianza legitima./ Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 223 de 1995, artículo 285 normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras disposiciones - El actor considera que la expresión acusada, al derogar el decreto 2272 de 1974 y eliminar el Certificado de Desarrollo Turístico, viola los artículos 1º, 2º, 58, 83 y 158º de la Constitución. Según su criterio, la eliminación de este certificado perjudica la expansión de la industria turística, pues los agentes económicos dedicados a la inversión y construcción de la infraestructura hotelera nacional pierden el beneficio estatal que les permitía redimir sus obligaciones tributarias mediante el citado instrumento.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-108 -2004
Principio de la confianza legitima./Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 78, parcial, de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”. - Considera el actor que la norma parcialmente acusada desconoce los derechos adquiridos de los constructores que en cumplimiento de leyes anteriores, concretamente de lo dispuesto por el Acuerdo Distrital No. 6 de 1990, construían bahías de parqueo con el fin de poder obtener la licencia de construcción.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional T-254 -1993
Vertimientos / Contaminación del río Palo, con ocasión de los desechos líquidos que las fábricas Propal II y el ingenio la cabaña - La tutela se ejerció contra el Jefe del Servicio de Salud Pública de Puerto Tejada, el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y las empresas particulares, sociedad Productora de Papeles S.A. -PROPAL- y Sociedad M. Seinjet Ingenio La Cabaña Ltda., por considerar que las sociedades privadas aludidas contaminan con los vertimentos, productos de sus operaciones industriales, las 2. Agua del río Palo, en detrimento de los derechos a la vida y al trabajo de los peticionarios y la comunidad de Puerto Tejada, sin que los organismos oficiales mencionados hayan adoptado las medidas administrativas adecuadas para preservar el ecosistema del referido río.
Fuente: Corte Constitucional
Corte Constitucional C-293-2002
Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 1 Numeral 6 de la Ley 99 de 1993 y artículo 85 tipos de sanciones. - En efecto, según el demandante, el numeral 6 del artículo 1º carece de unidad de criterio, porque tiene dos conceptos constitucionales y legales contrarios y antagónicos. Por un lado, acertadamente, determina que la formulación de políticas ambientales se tomará con base en los procesos de investigación científica, pero, a renglón seguido, permite a la autoridad ambiental adoptar decisiones sin tener certeza científica absoluta, en aplicación del principio de precaución. Esto constituye, para el actor, un mico, porque le permite a la autoridad ambiental aplicar un criterio subjetivo en la imposición de sanciones y lo releva de tener que probar técnica y científicamente el problema.
Fuente: Corte Constitucional
