La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Claudia Victoria González Hernández, precisó hoy que la solicitud de la licencia ambiental por parte de la firma Minesa para la explotación de oro en el área de Soto Norte apenas se encuentra en la etapa inicial de evaluación y desmintió que ya esté aprobada como se ha mencionado por parte de algunos sectores.

“Hay que desmitificar el tema, pue si bien Minesa radicó el pasado 28 de agosto una solicitud de licencia ambiental con el fin de extraer concentrados de cobre y pirita para la producción de oro, hasta ahora solo se está evaluando información y solicitando conceptos a organismos de investigación, entidades especializadas y a la academia”, subrayó la funcionaria.

González Hernández se reunión con una delegación del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, geólogos y ambientalistas y con los representantes a la Cámara, Angélica Lozano, Víctor Javier Correa y Carlos Guevara, y explicó punto por punto en qué va el proceso de evaluación de la solicitud.

Durante la reunión, que se prolongó por más de tres horas, la directora de la entidad y su equipo técnico y jurídico, precisaron que en las próximas semanas se realizará una nueva visita a la región para verificar la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y, de ser necesario, solicitar a la empresa información adicional.

Igualmente, se señaló que los alcaldes de California y Suratá, municipios que están en el área de influencia del proyecto, solicitaron audiencia pública, petición que ya se aceptó, y que solo falta definirse la fecha y el lugar exacto.

Como lo señala la ley, las audiencias van precedidas de reuniones informativas, donde la comunidad, las autoridades locales y regionales, la academia y los gremios, entre otras personas naturales y jurídicas pueden intervenir libremente, sin necesidad de inscripción.

Ante la pregunta del representante Guevara sobre por qué se había negado la realización de la audiencia pública en Bucaramanga, la directora de la ANLA explicó que inicialmente en el IEA la capital santandereana no figuraba en la zona de influencia directa.

Al requerirse información adicional a la empresa, se abre la posibilidad de realizar una audiencia pública en la ciudad como lo solicitó el alcalde Rodolfo Hernández. Al respecto González Hernández dijo: “No tenemos ningún problema y nos interesa que la comunidad se pronuncie y nos haga aportes al análisis de los estudios”.

La funcionaria explicó que la audiencia pública se realizará una vez esté completa la información requerida.

La directora de la entidad agradeció la visita de los líderes del Comité -que llegó con una delegación de unas 80 personas-, y señaló que fue un encuentro muy productivo, toda vez que se pudo aclarar en qué va el proceso y establecer una relación directa para evitar desinformación.

Durante el encuentro hubo varias posiciones como la del profesor de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Gonzalo Peña Ortiz, quien señaló que la ANLA debería negar la licencia por sus potenciales impactos hídricos, no solo en la zona de influencia directa sino en “medio país”.

“Hay que entender el páramo como un cuerpo completo que va más allá de la zona de delimitación e integra el área de subpáramo, el bosque andino y la zona de amortiguación”, subrayó.

Según el representante Víctor Javier Correa, la ANLA no debería continuar con el proceso de evaluación de la licencia y acudir al principio de precaución, hasta tanto no haya certeza sobre la delimitación del páramo.

Aunque los congresistas que asistieron al encuentro en solidaridad con los líderes del Comité tuvieron que abandonar la reunión por compromisos con sus respectivas células legislativas, anticiparon que continuarán haciendo seguimiento a lo que pase con la solicitud de la licencia.