La Subcomisión Accidental de Seguimiento de la Cámara de Representantes, integrada por parlamentarios de Santander y Norte de Santander, recibió explicación detallada sobre los lineamientos de la política minera, la delimitación del Páramo de Santurbán y el estado de la solicitud de licencia para la explotación del proyecto Soto Norte.

Al encuentro asistieron los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Luis Gilberto Murillo, y de Minas, Germán Arce; la directora de la ANLA, Claudia Victoria González, y la presidenta de Agencia Nacional Minera, Silvana Habib Daza.

“Nosotros pasamos de la retórica de la protección del agua y de los ecosistemas a la práctica, asumiendo muchos costos sociales, económicos y políticos”, afirmó el MADS, Luis Gilberto Murillo, quien señaló que se pasó de cero páramos delimitados a 23 en muy corto tiempo.

Murillo explicó puntualmente la sentencia de la Corte Constitucional sobre la delimitación del Páramo de Santurbán y reiteró ante los parlamentarios del bloque de congresistas de los Santanderes que la delimitación no se ha caído -como muchos quieren hacer creer-, sino que se exige la participación de la ciudadanía y de otros actores en el proceso que adelantó el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.

La Corte -precisó el ministro-, reconoce que la delimitación está bien hecha y que solo faltó la parte de la participación, lo cual se va a cumplir al pie de la letra, como lo ordena el máximo tribunal.

Ante la insistencia de representantes a la Cámara como Lina María Barrera, Juan Carlos García y Ciro Rodríguez sobre la licencia ambiental solicitada por la firma Minesa para la explotación en Soto Norte, la directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández, explicó los detalles del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y ratificó que, hasta tanto, no se cumpla con los requisitos de delimitación del páramo no habrá decisión sobre si se aprueba o no la licencia.

Recordó que ya se realizaron dos visitas técnicas al área de influencia del proyecto y se solicitó información adicional a Minesa a la cual se le hicieron 83 requerimientos al EIA, 40 de ellos sobre el recurso hídrico.

También señaló que se van a realizar las audiencias públicas que están pendientes, las cuales cuentan con reuniones informativas a las que pueden asistir y participar las autoridades regionales y locales, los organismos de control -Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo-, la comunidad y ONG, entre otros interesados.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, se refirió a las medidas que ha tomado el gobierno en materia de minería y recordó que, en el propio Plan Nacional de Desarrollo, se precisó que en áreas de páramo no se permite la actividad extractiva.

“Hay que diferenciar lo que es un título minero, que por sí no da derecho a la explotación, y licencia, que es un trámite que corresponde a las autoridades ambientales correspondientes, bien sean las corporaciones autónomas regionales (pequeña y mediana minería) y la ANLA (megaproyectos).

Tanto el ministro de Minas como el de Ambiente recomendaron a los parlamentarios agilizar el trámite del proyecto de ley de páramos y el que ejerce un mayor control sobre la minería ilegal.

El grupo de parlamentarios de Santander y Norte de Santander también fue informado sobre las acciones que ha adelantado el gobierno sobre los títulos mineros que se superponen con ecosistemas ubicados en las áreas de exclusión.

Al imponerse la restricción, hay varias demandas por parte de personas naturales y jurídicas dueñas de títulos, inclusive en tribunales internacionales.