Comunidades de 21 veredas de los municipios de Morelia, Milán y Valparaíso (Caquetá), ubicadas en el área de influencia del proyecto petrolero Nogal, participaron en la reunión informativa, previa a la audiencia pública, que se realizará el 15 de marzo próximo sobre la solicitud de licencia ambiental hecho a la ANLA por Emerald PLC Sucursal Colombia.

Aunque se esperaban entre 200 y 250 personas, llegaron al coliseo municipal de Morelia alrededor de 600, en su mayoría campesinos, que tenían inquietudes sobre el impacto ambiental del proyecto, el uso del agua, los programas de compensación, la inversión social, la política de empleo local y el uso y mantenimiento de la malla vial terciaria, entre otros aspectos.

“Hubo una masiva participación, la mayoría de las inquietudes se refirieron al aspecto central –el ambiental-, y toda la jornada se desarrolló en términos cordiales”, afirmó la abogada de la ANLA, Sara Natalia Orozco, quien presidió la reunión que duró alrededor de siete horas y que contó con la presencia de la alcaldesa de Milán, Dolly Aguirre; José Vicente García; alcalde de Valparaíso; y el secretario de la alcaldía de Morelia, Ignacio Vera Correa.

También asistieron el director de Corpoamazonía seccional Caquetá, Mario Barón; el delegado de la Defensoría del Pueblo del departamento, Pedro Yepes; y la Procuradora Ambiental y Agraria del Caquetá, Diana Ortegón, quienes estuvieron atentos al encuentro durante toda la jornada.

La solicitud de licencia fue hecha por la multinacional Emerald Energy PLC Sucursal Colombia en abril de 2017 y tras petición de un grupo de la comunidad de más de 100 personas, la ANLA convocó a una audiencia pública, cuya primera fase se cumplió este jueves.

Las inquietudes de los asistentes versaron sobre diversos temas: el uso del agua, tanto superficial como subterránea; el posible desplazamiento de fauna; los programas de compensación ambiental; la inversión social por parte de la compañía; la utilización de las vías de acceso a las plataformas; los vertimientos de aguas residuales; la vinculación de la mano de obra local, tanto la calificada como la no calificada; la compra de servicios a empresas y establecimientos de la región; el inventario biológico; la promoción de proyectos productivos; y los efectos en los ecosistemas en el mediano y largo plazo.

“Necesitamos saber cuál es el apoyo a los proyectos productivos de la compañía en el municipio de Valparaíso”, se preguntó Luz Estela Hernández, quien pidió claridad sobre la financiación de actividades como la agricultura, donde la región es competitiva.

Jaime González, Coordinador Ambiental de Emerald, quien tuvo a cargo la presentación de las características del proyecto y los fundamentos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), explicó las políticas de apoyo a los proyectos productivos y señaló que conjuntamente con las autoridades y la comunidad se definirán cuáles son y en qué consiste el apoyo y el acompañamiento.

Ramón Vargas, otro de los participantes, se refirió a las garantías que le debe dar a la comunidad la compañía sobre los compromisos y obligaciones incorporadas en la licencia ambiental. “No queremos incumplimientos, lo que se promete se deberá cumplir”, manifestó.

Fredy Mauricio Vivas, cuestionó las cifras sobre el uso del agua, pues según dijo, las cuentas expuestas por la compañía no le cuadraban. La empresa precisó, entonces, los alcances y montos y aclaró que no todas las fuentes expuestas se utilizarían simultáneamente, en caso de que se apruebe la licencia ambiental.

“Necesitamos saber cuántos barriles se van a producir en el campo Nogal y cuál es el precio estimado por barril”, preguntó Miguel Ortiz. Según el equipo técnico de la compañía, eso no se sabe, toda vez que la solicitud de licencia es de exploración y por lo tanto no se ha perforado, no se sabe si hay crudo o no, y si, en caso de encontrarse sería pesado o liviano.

Esta misma tesis fue respaldada por el representante de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Alex Salcedo Rodríguez, quien explicó a la comunidad algunos aspectos técnicos del sector de hidrocarburos.

Por su parte, Orlando Gasca, se quejó de las dificultades para acceder a este tipo de mecanismos de participación ciudadana. “Muchas personas de las veredas Liberia y La Rochela no asistieron porque les dijeron que lo que se iba a presentar aquí era una asonada”, precisó.

Algunos asistieron con la idea de que el proyecto era del tipo no convencional. ¿En dónde está el Estudio de Impacto Ambiental; queremos saber si se trata de fracking o no?”, se preguntó Mario Palacio, otro de los asistentes. El coordinador ambiental de la empresa, precisó que es del sistema convencional y que así está establecido en el contrato firmado con la ANH.

Otros participantes como Milciades Ospina expusieron inquietudes sobre el impacto de la producción en los precios del gas y la gasolina en la región; y Luz María Becerra preguntó si las plataformas solicitadas por la compañía operadora funcionarían al mismo tiempo; Martha Gómez indagó en torno a los corredores biológicos; y Natalia Castaño se quejó de la estigmatización a que son sometidos algunos habitantes por respaldar la actividad petrolera en el Caquetá.

Linda Azcárate preguntó sobre las medidas concretas de compensación por pérdida de biodiversidad y los planes de reforestación. Según Jaime González, de las 19.700 hectáreas que hacen parte del contrato, solo se intervendrían 20,8e hectáreas y la relación de compensación es de 1 a 6.

Finalmente, el personero de Morelia, Jorge Andrés Triana, presentó un derecho de petición solicitando información exacta sobre temas como el impacto ambiental y pidió a la empresa incorporar proyectos de ecoturismo, que son el futuro de la región, según dijo.

Esta fue una de las reuniones informativas más tranquilas y una de las más informadas a las que he asistido, afirmó Natalia Orozco, quien estuvo al frente del evento.