La comunidad, entre ellos agremiaciones de pescadores, líderes comunales, representantes de los barrios ubicados en la zona de influencia, ambientalistas y sindicatos de trabajadores opinaron y presentaron ponencias y escritos sobre la propuesta de la Compañía de Puertos Asociados (Compas) de expansión del terminal marítimo con una inversión de 200 millones de dólares en los próximos tres años.

“Hemos venido a escuchar a la comunidad, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a todas las autoridades regionales y locales y a los líderes comunales sobre su posición frente a este proyecto”, dijo la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Claudia Victoria González Hernández, al inicio de la audiencia, que contó con una asistencia de más de 380 personas.

González Hernández dijo que estos mecanismos de participación son importantes, pues se trata de atender las inquietudes y propuestas de las personas directamente involucradas en el tema y ello contribuye a la mejor toma de decisiones.

Delegados de la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación del departamento de Bolívar, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Idurbe y Cardique se hicieron presentes durante la audiencia y fijaron su posición frente al proyecto, que según sus directivas, está enfocado a dar respuestas a las demandas portuarias futuras, cumpliendo con las directrices de las normas ambientales.

La Procuradora Judicial de Cartagena, Mayerly Chamorro, dijo que el organismo de control solicitó la audiencia para atender las inquietudes de la comunidad y llamó la atención de la necesidad de que Compas cumpla con las medidas de manejo ambiental y los compromisos adquiridos con los habitantes de la zona de influencia del proyecto.

Por derecho propio también intervino Francisco Castilla, en representación de la Alcaldía de Cartagena, quien señaló que la administración distrital no se opone al proyecto, dado que contribuirá a la competitividad de la ciudad y a la generación de empleo, pero espera que los impactos se “blinden en todos sus aspectos”.

“No pueden quedar vacíos y dudas”, subrayó, tras indicar que la obra tiene que cumplir con los Planes de Ordenamiento Territorial. “No puede existir vulneramiento alguno”, subrayó en una lacónica intervención ante los asistentes.

Roberto Vélez, de la Defensoría del Pueblo, afirmó que su dependencia recorrió la zona de influencia atendiendo las quejas de algunos sectores de la comunidad, sobre todo del sector de pescadores, y señaló que encontró impactos sociales, económicos y ambientales que se deben corregir.

Por su parte, el representante de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, Benjamín Valenzuela, señaló que hay que tener presente que toda obra genera impactos y señaló que lo importante es que el proyecto propuesto cumpla toda la normatividad ambiental.

“Hay que considerar, dijo, -además de los impactos ambientales-, las consideraciones sociales y económicas, teniendo en cuenta que allí vive población vulnerable, sobre todo pescadores”.

Antes de darle paso a las intervenciones de la comunidad, el presidente de Compas, Alberto Jiménez, explicó los objetivos del proyecto y sus características, las medidas de mitigación, las compensaciones, el trabajo con la comunidad, la utilización de la mano de obra y la inversión social, entre otros puntos.

“El propósito de la ampliación es que el terminal puedas recibir buques de mayor calado y manejar de manera eficiente una mayor cantidad de carga contenerizada, y de esta manera favorecer la competitividad del comercio exterior y de la industria logística del país”, subrayó.

Y agregó: “Todo esto fomentará la libre competencia en la ciudad y contribuirá con la vocación portuaria de Cartagena y la Región”.

Según expuso el directivo, la compañía cuenta con un estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa Aqua y Tierra.

César Pión, presidente de la Comisión del Plan del Concejo de la ciudad, resaltó la importancia de que las autoridades ambientales, regionales, locales y nacionales vigilen la cantidad de obras que han generado contaminación en la Bahía de Cartagena. “Es un problema histórico”, dijo.

Domingo Puello, quien reside en la zona de influencia del puerto y edil por 20 años, dijo que a él le gusta el progreso y que hay sectores que han venido satanizando el proyecto, desinformando y generando malestar entre la comunidad.

Por su parte, Mayra del Socorro Puentes, vecina del Barrio El Bosque, que está en la zona de influencia del proyecto, expresó su preocupación por los impactos sobre el mangle y pidió a la autoridad ambiental definir con precisión el tema de las compensaciones.

A su turno, Rafael Bautista, representante del sindicato de pescadores, señaló que ha habido socialización con el sector y expresó que espera que el anuncio de la creación de los proyectos productivos se cumpla. “Hemos visto aquí que al proyecto le han dado mucho palo, pero otros no se han preocupado por nosotros”, manifestó.

Representantes de la Sociedad Portuaria de Cartagena también participaron en la audiencia pública, dejaron constancia de estudios realizados, según los cuales la obra no es conveniente y expresaron que el proyecto, como está concebido, generaría riesgos para los buques turísticos, aseveración que los directivos de Compas desestimaron.

Miembros de otro terminal marítimo, vecino a Compas, Cocoliso, también expresaron su inconformismo por la expansión propuesta y pidieron a la ANLA negar la solicitud de modificación de la licencia.

Héctor Pérez, abogado que representa a una parte de las comunidades de la zona de influencia, dijo que la oposición de la Sociedad Portuaria de Cartagena es injusta y obedece a razones económicas y de competencia. Con la ampliación del terminal, explicó, les quitan el 15 por ciento del mercado de carga.

Yenny María Cruz, del sector de Manzanillo, dijo que “aquí hay muchos intereses particulares”, y señaló que no es cierto que no se haya hecho socialización con la comunidad. “Hicimos hasta un diplomado y luego talleres sobre lo bueno y lo malo del proyecto”, subrayó.

Hubo también quienes señalaron que en Cartagena nunca se había hecho una audiencia pública, pese a la cantidad de obras y rellenos que existen en la Bahía y a megaproyectos que han representado enormes impactos ambientales. Esta es la segunda audiencia pública que realiza la ANLA en el presente año. La primera fue en enero pasado sobre la solicitud de modificación de la licencia ambiental de Hidroituango. El 15 de marzo próximo se realizará en Morelia (Caquetá) otra relacionada con un área petrolera.