El proyecto denominado “UPME-03-2010 Subestación Chivor II y Norte 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas", que aspira a una licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, tendrá dos audiencias públicas, según el Auto 02666 de mayo de 2018, disponible en la Gaceta de la entidad.
Las audiencias públicas fueron solicitadas por los alcaldes de Machetá y Tabio, tres entidades sin ánimo de lucro: Prosubachoque, Fundación Amigos de Subachoque y Protabio y más de cien personas.
Según la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P, a cargo del proyecto, la iniciativa estaría localizado en jurisdicción de los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María, Macanal, Garagoa, Tenza, Sutatenza y Guateque (Boyacá); Tibirita, Machetá, Chocontá, Sesquilé, Suesca, Gachancipá, Nemocón, Cogua, Zipaquirá, Tabio, Subachoque, Madrid y Tenjo (Cundinamarca).
Durante el trámite de la licencia ambiental la ANLA requirió a la empresa responsable del proyecto información adicional, la cual fue allegada a la Autoridad por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
Las audiencias públicas son un mecanismo de participación ciudadana que tienen por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencia o permiso ambiental, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que éste pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas.
En lo que va de 2018 la ANLA ha realizado cuatro audiencias públicas: sobre el proyecto hidroeléctrico Ituango en Antioquia, el terminal marítimo Compas en Cartagena, el proyecto petrolero Nogal en Caquetá y la subestación Suria 230 kv y línea de transmisión asociada en Meta.
Según la directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández, las audiencias públicas son un mecanismo de vital importancia para la entidad, pues la participación de las comunidades y las autoridades locales es tenida en cuenta en el proceso de licenciamiento y las decisiones de la Autoridad.