Luego de cuatro reuniones informativas (la última se realizó este lunes festivo en Subachoque, Cundinamarca), sobre el proyecto de transmisión eléctrica Chivor II y Norte 230 kv, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tiene previstas dos audiencias públicas, que son un mecanismo de participación ciudadana para que la comunidad, autoridades y organismos de control, entre otros, opinen y presenten ponencias relacionadas con la solicitud de la licencia ambiental.

El proyecto, que fue formulado por el gobierno nacional para aumentar la oferta de energía al sistema interconectado nacional y garantizar la calidad del servicio de energía, cuenta con una extensión de 162 kilómetros y tiene incidencia en 20 municipios de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

En la última semana se hicieron reuniones informativas en Macanal (Boyacá) y Machetá, Gachancipá y Subachoque (Cundinamarca) donde la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), operadora del proyecto, y la ciudadanía expusieron sus puntos de vista sobre los beneficios y los impactos de la obra.

“No es que nos opongamos a la obra sino a su trazado porque genera afectaciones al medio ambiente y al paisaje de nuestra región”, afirmó el alcalde de Subachoque, Juan Guillermo Cortés Ballén, quien se hizo presente con el personero municipal.

El mandatario local destacó la importancia de la reunión informativa, que es un mecanismo de participación previo a la audiencia pública, y señaló que estos son los escenarios ideales para que la comunidad fije su opinión, presente sus quejas y realice las sugerencias que crean convenientes sobre la obra propuesta.

A su turno, Roberto Hurtado, habitante de la región, dijo que se si bien el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contempla planes de compensación y la indemnización por el uso de los predios, no se han contemplado todos los impactos ambientales acumulativos.

En respuesta, el director ambiental del proyecto, Gabriel Martínez, aclaró que estos impactos sí se incorporaron en el EIA e invitó a la población a consultar el documento, tanto en la ANLA como en la EEB.

Viviana López Cano, quien no está de acuerdo con el proyecto, pues según dice “no hay beneficios para la región y solo se generan daños para el entorno”, pidió explicación sobre “qué se entiende por paisaje”, toda vez que las torres y las líneas de alta tensión tienen un impacto visual que afectan el entorno de la región.

A la vez, se refirió a los criterios fijados para la indemnización por el uso de los predios, a lo que el director ambiental del proyecto, Gabriel Martínez, explicó que existe una metodología y que a cada propietario se le reconocerá lo justo teniendo en cuenta las características del terreno.

Durante la reunión informativa, que se inició a las 8:30 am y finalizó a la 1:40 pm, Édgar Morán, habitante del área de influencia de la línea de transmisión, señaló que el trazado pasa por alto el fallo que protege la cuenca del río Bogotá y propuso que el tendido debería pasarse sobre áreas intervenidas. “Lo que sucede es que les resulta más costoso y por eso no lo hacen”, precisó.

También hubo quejas de concejales y líderes comunales sobre la posibilidad de que el proyecto pase por zonas de reservas forestales, entre ellas la contemplada en el Valle de Laura. “Hay otras alternativas como llevar el trazado por la vía del Ferrocarril”, propuso Luis Eduardo Torres, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal.

Diana Fernández, habitante de Gachanchipá, y quien intervino en las cuatro reuniones informativas realizadas, insistió en que se le explicará la metodología para el muestreo de la flora y fauna, la cuantificación de especies y las compensaciones por el uso de la servidumbre.

Claudia Franco, del municipio de Madrid –también ubicado en la zona de influencia-, les recordó a los asistentes que el proyecto “no tiene licencia ambiental” y los invitó a prepararse con argumentos sólidos para rendir ponencias el día de las audiencias públicas.

Otros asistentes como María del Pilar Pardo, Álvaro Trujillo, Angélica Marcela Granados y Jorge Enrique Pizano expresaron sus inquietudes sobre la falta de claridad sobre la servidumbre, las competencias para la sustracción en zonas de reserva, los problemas en la socialización del proyecto, las interferencias que se pueden presentar con la telefonía celular y la fragmentación del territorio.

Durante el encuentro también participaron, Álvaro Gómez, funcionario de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), quien se refirió a la planeación de los proyectos energéticos, y Juan Fernando Botero, de la oficina de asuntos ambientales del Ministerio de Minas y Energía, que habló sobre la importancia de la participación ciudadana.

¿Qué sigue? Luego de las cuatro reuniones informativas, se realizarán dos audiencias públicas ambientales. La primera el 25 de julio próximo en Guateque (Boyacá) y la segunda en Tabio (Cundinamarca), el 29 del mismo mes.