El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND) presentó al equipo directivo y técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), los resultados del proyecto “Evaluación de la Aplicación de los Principios del Estado de Derecho en la Administración Pública” relacionado con el licenciamiento ambiental en el sector minero.

El estudio, de 100 páginas, promovido por la Agencia Sueca para la Protección del Medio Ambiente (SEPA), hace una evaluación sobre la percepción que tiene la comunidad en torno a los principios de legalidad, accesibilidad, transparencia, apelación, rendición de cuentas y derecho a ser oído, y recoge un contexto de la minería en Colombia.

El plan piloto se fundamenta en el proyecto minero Gramalote, ubicado en jurisdicción del municipio de San Roque (Antioquia), y busca encontrar enfoques para fortalecer la gobernanza ambiental en el sector minero.

Las conclusiones fueron presentadas por Felipe Lesmes y Viviana Martínez del PNUD, quienes realizaron un contexto de la metodología utilizada en el estudio, la percepción de la comunidad, autoridades ambientales y otros grupos de interés sobre cada una de las variables seleccionadas, las opiniones frente a la utilidad de las audiencias públicas y consideraciones en torno a los títulos mineros, entre otros aspectos.

Los subdirectores de Evaluación y Seguimiento (SES), Guillermo Alberto Acevedo, y de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales (SIPTA), Margit Solarte, así como el coordinador de Minería de la ANLA, Alexander Díaz, y técnicos de la entidad, consideraron como valiosa la investigación y realizaron una serie de comentarios y aportes para ser tenidas en cuenta en una segunda fase del trabajo.

“La Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional y el Programa de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través del Programa de Gobernanza Ambiental (EGP), pretende dar un aporte frente a los desafíos que afrontan países en desarrollo para la formulación de políticas que promuevan el desarrollo sostenible”, explicaron los funcionarios del PNUD.

Este proyecto se ha llevado a cabo en otros países como Kenia, Mongolia y Mozambique, donde el trabajo de apoyo en el ámbito de la gobernanza ambiental se ha centrado en el sector extractivo de la minería. Durante el transcurso del proceso se ha contado, advierte el PNUD, con la colaboración de entidades gubernamentales en los distintos niveles de la administración y otros actores que, de una u otra manera, están vinculados con dicho sector económico.

El sector minero, señala el estudio, presenta desafíos que ameritan la búsqueda de aportes que contribuyan a mitigar el grado de confrontación, polarización y tensiones entre quienes se ven involucrados en esta actividad.

Y agrega que, en este sentido, el Programa de Gobernanza Ambiental pretende fortalecer “las dimensiones de trabajo de la administración pública de medioambiente, género, derechos humanos y estado de derecho.

En esta investigación se abordaron dos temas prioritarios en materia de gobernanza ambiental en Colombia: formalización minera y licencias ambientales. Estos son aspectos que requieren fortalecer sus alcances en el marco de los principios del Estado de derecho, para favorecer el cuidado del medio ambiente y el goce efectivo de derechos de las personas y comunidades que habitan en las zonas aledañas a las explotaciones de oro.

Entre las principales conclusiones del estudio se encuentran: es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional para evitar la confusión en las decisiones, generar canales de comunicación apropiados para las comunidades (las redes sociales no son usadas en la minería artesanal), diseñar estrategias para que se pueda entender las dimensiones de la legalidad minera, hay que fortalecer las capacidades del Estado para responder a las necesidades ambientales y sociales de algunos territorios, mayor esfuerzo en la divulgación de la normatividad y modificar el actual formato de las audiencias públicas.