El gobierno dejó en firme la política de derechos humanos en el sector minero energético, con lo cual Colombia se convierte en el primer país del mundo en adoptar una estrategia en esta materia, que es fundamental para fortalecer el proceso de diálogo con las comunidades y cumplir con las políticas de desarrollo sostenible que se desarrolla con firmeza en diferentes sectores.

La resolución respectiva fue firmada durante el foro “Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa: apuesta para su fortalecimiento de la política de DDHH del sector minero energético”, que contó la presencia de la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria.

"Además de ser los primeros, también nos hace los más incluyentes, pues la política contempla el desarrollo de acciones específicas para grupos de especial protección constitucional, lo que garantiza la inclusión del enfoque diferencial y de género en las acciones concebidas”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien firmó la resolución respectiva.

Durante el evento, que se realizó en el salón Alejandría de la Casa de Nariño, el ministro señaló que, promover el enfoque de género en un sector tan ‘masculino', es un mensaje claro de equidad.

"Dejamos como legado esta política, que es una oportunidad para que las entidades nacionales y locales, el sector privado y las comunidades, fortalezcan sus procesos de diálogo, la generación de confianza y el relacionamiento", advirtió Arce, tras invitar a gremios, organizaciones sociales y ciudadanos a ser garantes y promotores de la aplicación de la política.

Lo que viene haciendo la ANLA

Claudia Victoria González Hernández, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, destacó la importancia de la política de DDHH en el sector minero energético y señaló que, de hecho, la entidad tiene competencia tanto en el sector de Gran Minería como en generación y transmisión eléctrica, sobre los cuales se hace evaluación y seguimiento y se desarrollan procesos de participación ciudadana.

La ANLA cuenta con instrumentos que regulan la participación ciudadana a través de lineamientos para la elaboración de los estudios ambientales. Están, por ejemplo, el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la modificación de licencias ambientales.

Igualmente, existen unos términos de referencia para la elaboración de los EIA en actividades como la exploración de hidrocarburos, construcción y operación de aeropuertos, construcción de carreteras y túneles y sus accesos, construcción de líneas férreas, construcción y operación de puertos marítimos de gran calado, construcción y operación de puertos fluviales, fuentes no convencionales de energías renovables, fuentes de energía eólica continental, construcción de obras marítimas duras de control y protección costera y de regeneración de dunas y playas, entre otras.

En estos casos, el interesado en el proyecto debe surtir un proceso de participación y socialización con los diferentes actores departamentales y municipales, comunidad, organizaciones sociales y propietarios de predios.

Entre las acciones que se deben adelantar figuran: socializar el alcance del proyecto y del EIA previo al inicio de la elaboración del estudio, generar espacios donde los actores puedan participar en la identificación de impactos y medidas de manejo y socializar los resultados del EIA de manera anticipada a la radicación del mismo ante la Autoridad Ambiental.

En caso de presencia de comunidades étnicas, se realiza el proceso de consulta previa, coordinada por el Ministerio del Interior.

Además, según la ley 99 de 1993, se cuentan con otros mecanismos de participación en el proceso de licenciamiento, entre ellos los derechos de petición, la intervención de terceros en las actuaciones administrativas y las audiencias públicas que garantizan la participación de las comunidades en las decisiones de la autoridad ambiental.

Es un compromiso: Paula Gaviria

La presentación de los lineamientos de la política fue acompañada por la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, quien destacó el decidido compromiso del sector minero energético al incorporar a sus actividades la prevención, la protección y la garantía de los DD.HH. con enfoque diferencial.

Además, la consejera Gaviria expuso los resultados y avances del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa, en el cual el ministerio de Minas y Energía ha sido un aliado estratégico y líder en su promoción e implementación.

En el acto también participaron Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU en Colombia, así como integrantes de la Comisión Asesora del Plan, que cuenta con la participación de líderes indígenas, afrodescendientes, sindicales, gremiales, académicos, defensores de Derechos Humanos y la comunidad internacional.

Los objetivos

La política permitirá generar un marco para que el sector fortalezca su contribución en la prevención, promoción, protección y garantía de los Derechos Humanos, a través de los siguientes lineamientos:

-Articulación interinstitucional e intersectorial para la planeación y ejecución de las acciones del sector minero energético que aporten a la construcción de paz.

-Aporte a la sostenibilidad económica regional, empleabilidad, formación para el empleo y reducción de la pobreza y la desigualdad.

-Transformación de la conflictividad social a través del relacionamiento constructivo entre las empresas minero-energéticas y las comunidades.

-Gestión del conocimiento, cultura y procesos de formación en Derechos Humanos en la cadena de valor del sector minero energético.