La gestión del conocimiento permite la creación de acciones dirigidas a construir un marco ambiental estructurado y robusto que permitirá a las regiones orientar adecuadamente sus estrategias para un desarrollo equilibrado y sostenible.

La tarea empezó en abril de 2019 con la firma de la carta de intención entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars). El documento ha sido el inicio de la articulación de dos entidades que comparten sus mejores prácticas y gestionan el conocimiento de manera exitosa.

A pesar de la dificultad que implica la participación a distancia en las agendas programadas, la asistencia ha estado caracterizada por la masiva atención de las corporaciones en cada región. Con el mecanismo de video conferencias, se han realizado 19 jornadas a las cuales se han conectado 790 personas.

Para la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales (Sipta) de la entidad, las actividades han permitido al personal de apoyo en campo de las corporaciones regionales, capacitarse y conocer temas de vital importancia para las regiones y su desarrollo.

Los encuentros virtuales también han representado un gran avance en materia de integración de las autoridades ambientales del país a través de los contenidos compartidos. Los profesionales de la ANLA han capacitado a los asistentes en temas como Régimen Sancionatorio Ambiental, beneficios tributarios, posconsumo y economía circular, compensaciones e inversión del 1%, regionalización, permisos fuera de licencia y gestión del riesgo, entre otros. También se han realizado jornadas presenciales en el primer y segundo semestre en modelo de datos geográfico, talleres sobre la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, Seguimiento Documental Espacial (SDE) y la herramienta Ágil.

Como resultado de la sinergia entre la ANLA y los diferentes actores y autoridades ambientales, se han creado mesas de trabajo sectoriales, donde se generarán criterios uniformes para la ampliación de las políticas públicas en torno a la regulación ambiental en todo el territorio nacional, en beneficio del desarrollo sostenible de los proyectos.