La audiencia pública convocada por la ANLA para escuchar y atender las inquietudes de la comunidad sobre la solicitud hecha por Ecopetrol para modificar la licencia ambiental de Campo Rubiales, contó con una amplia presencia y participación de las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia del proyecto petrolero.

Este mecanismo de participación ciudadana, que se realizó en el polideportivo de la escuela rural Rubiales, asistieron alrededor de 150 personas, que expresaron sus inquietudes por el impacto ambiental por la posibilidad de modificar la actual licencia ambiental –la primera data de marzo de 2001-, que consiste, fundamentalmente, en aumentar el vertimiento de agua tratada a los caños, principalmente a Caño Rubiales.

La audiencia pública fue solicitada por el procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales, Hilder Fino Rojas, quien explicó que su decisión se basó en 3 hechos fundamentales: desconocimiento del principio de precaución, deficiencias en el plan de inversiones del 1% e incumplimiento en el uso de los mecanismos de participación ordenados por la ley y la Constitución.

Según el representante del Ministerio Público, existen denuncias no resueltas sobre el manejo de los vertimientos de las aguas residuales en Caño Rubiales, ausencia de estudios técnicos sobre las cuencas hidrográficas y debilidad en el uso de espacios deliberativos con las comunidades de las veredas Santa Helena, Puerto Triunfo y Rubiales.

La propuesta

Inicialmente Ecopetrol, que opera el campo luego de haber sido revertido por Pacific Rubiales, explicó los pormenores de la solicitud de la modificación de la licencia, que busca elevar el vertimiento de aguas tratadas, pues la relación del petróleo extraído es de 7 a 3. Es decir, por cada 10 barriles extraídos, 7 son de agua y 3 de crudo.

Según la compañía, la intervención de las áreas y de los ecosistemas es mínima, y además se está cumpliendo por encima de los estándares exigidos, política que se continuará manteniendo.

“Actualmente el campo puede verter 300.000 barriles de agua y la idea es aumentar a 720.000, explicó Julio César Penagos, gerente de Campo Rubiales, quien precisó que para ello se requiere adecuar un nuevo punto de vertimiento.

Agregó, ante los asistentes a la audiencia pública que esto va a redundar en beneficio de Ecopetrol, la región y el país, toda vez que se aumentarán los niveles de producción y la eficiencia en la operación.

“Como lo hemos venido haciendo hasta ahora, las aguas industriales serán tratadas con los máximos estándares, tal como lo exigen las autoridades ambientales”, subrayó el funcionario.

En la mesa principal estuvieron presentes también delegados de Cormacarena y de la alcaldía de Puerto Gaitán, quienes escucharon las intervenciones de la comunidad que se prolongó por espacio de más de 6 horas.

Las inquietudes

Para intervenir se inscribieron previamente 47 personas, en su mayoría representantes de las comunidades indígenas, de las juntas de acción comunal y campesinos de la región, que, en su mayoría, se oponen a la solicitud del ajuste de la licencia.

“Le solicitamos a la ANLA abstenerse de aceptar la solicitud para la modificación de la licencia ambiental, hasta tanto no se conforme una comisión técnica en donde estén Acodal, las universidades de los Andes y la Escuela de Ingeniería para que, independientemente, verifiquen el tratamiento de las aguas industriales”, dijo Simón Santander Martínez, quien intervino a nombre de un grupo de ciudadanos.

Durante su intervención, señaló que la comunidad necesita un medio ambiente sano y compensaciones adecuadas a los habitantes indígenas, situación que no se está presentando actualmente.

Juan Ernesto Vélez, representante del resguardo indígena Pirirí, señaló que el impacto ambiental es evidente y denunció que en Caño Rubiales y en el río Tillavá los peces han desaparecido, lo mismo que varias especies animales como la danta y el cajuche.

“No a la modificación de la licencia ambiental”, subrayó Alix Luisa Gómez, “porque aumenta la contaminación”, dijo tras señalar que el polvo es abundante y el ruido del tráfico en las fincas situadas cerca a las vías es constante.

Por su parte, Hugo Alberto Mejía, se preguntó ¿cuál será el beneficio de la modificación de la licencia en el ámbito económico y social? Y señaló: no hemos visto ningún beneficio en salud y educación.

“Nos oponemos rotundamente a la solicitud de la empresa, las aguas tratadas que se vierten salen calientes y ha acabado el pescado”, manifestó Jhon Sebastían Rivero, gobernador del resguardo El Tigre.

También hubo intervención por parte de un colectivo de abogados –Alvear Restrepo-, según dijo la vocera, quien estuvo de acuerdo con la posición negativa al proyecto, tal como lo expresó gran parte de la comunidad.

Como gran parte de los asistentes eran indígenas, se contó con intérpretes de lenguas nativas. En el caso de la presentación de Ecopetrol, la traducción corrió a cargo de Patricia Martínez, y un grupo de nativos estuvo atento a los detalles.

Algunos de los intervinientes, como Sifrido Benitez Torres y Braulio Martínez, saludaron y enviaron mensajes en lengua nativa, lo que provocó aplausos de los asistentes.