Durante un debate en la Cámara de Representantes, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Claudia Victoria González Hernández, precisó las competencias de la entidad en el sector minero, las cuales se concentran, básicamente, en los megaproyectos.

La funcionaria reiteró que en la etapa de exploración en minería no se requiere licencia ambiental y explicó que en el caso de proyectos que son competencia de las corporaciones autónomas regionales y de las entidades ambientales urbanas, la ANLA les brinda apoyo técnico.

En el mismo sentido, se apoya al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), precisó la directora de la entidad en su intervención en la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara, en la que también participó el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes.

Según explicó la directora de la ANLA, los proyectos de gran minería que están bajo su competencia no son de más treinta y cinco proyectos, pues la mayor parte de la industria extractiva de recursos naturales no renovables son de pequeña y mediana escala, que están bajo la órbita de las autoridades ambientales regionales.

“Nosotros realizamos una evaluación rigurosa del impacto ambiental sobre los megaproyectos que solicitan y se les otorga el permiso respectivo y realizamos seguimiento dos o tres veces al año con el fin de constatar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la licencia”, subrayó la funcionaria.

En el debate, que fue citado por el representante Luis Horacio Gallón Arango, la funcionaria explicó que, en la mayoría de los casos, a las empresas se les imponen medidas de manejo adicional con el fin de controlar los impactos ambientales.

Respecto a una pregunta del cuestionario relacionada con los desarrollos normativos en los temas de expedición de subtítulos de formalización minera, la funcionaria indicó que esa función corresponde de manera exclusiva a la Agencia Nacional de Minería por virtud de lo establecido en el decreto 4134 de 23 de noviembre de 2011.

“La ANM es la entidad encargada de administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación”, precisó la directora de la ANLA.

También indicó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales viene apoyando la lucha contra la minería ilegal, la cual genera grandes impactos sobre los ecosistemas y es responsable de daños ambientales irrecuperables y efectos sobre la salud humana.

Sin licencia

Por su parte, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, dijo que a pesar de las diferentes acciones que se han adelantado por formalizar la minería -sobre todo la de oro-, la ilegalidad sigue siendo el gran problema de la industria extractiva.

Señaló que solo entre el 18 y 20% de la producción de oro (el promedio anual es de 60 toneladas por año en el último lustro), cuenta con licencia ambiental o se hace de manera formal. “En más del 80% de la producción, no se tiene certeza de su origen”, subrayó, tras indicar que la ilegalidad es la causante del gran pasivo ambiental en amplias regiones mineras del país.

Aunque desde 2010 se exige el Registro Único de Comercializadores (RUC), hay indicios de que bajo la figura de minería de subsistencia o artesanal -que está legalmente establecida-, se han camuflado grupos ilegales, denunció el viceministro.

Recordó que en el Congreso de la República se están tramitando dos proyectos de ley para controlar de manera efectiva el fenómeno de la minería ilegal y precisar el ordenamiento y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que se encuentran en el subsuelo.