La directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Claudia Victoria González Hernández, y la asesora en temas de compensación e inversión forzosa del 1%, aplicables a la exploración y explotación petrolera, se reunieron con las autoridades locales y regionales, la comunidad, gremios, representantes de la academia y empresarios para avanzar en la mesa temática creada con el fin agilizar los proyectos ambientales y sociales previsto en la región.

“Nos interesa concertar con la comunidad, la gobernación, los alcaldes, los gremios, la academia y los operadores un plan de trabajo que facilite la identificación y ejecución de los proyectos que sean viables y sostenibles”, dijo la funcionaria ante unos 150 asistentes reunidos en la sede de la Fundación Universitaria del departamento.

González Hernández respondió inquietudes de la población sobre temas como el uso de los recursos de compensación por pérdida de biodiversidad, inversión forzosa del 1%, alternativas de participación en programas como bosques de paz y competencias de la entidad frente a las corporaciones autónomas regionales.

En el encuentro estuvo presente el presidente de la Asociación Colombia del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, que representa a las compañías operadoras, así como funcionarios de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Corporinoquía.

La directora de la ANLA explicó a la comunidad en qué consiste el seguimiento a los proyectos de hidrocarburos, ante inquietudes de diputados y alcaldes que concurrieron a la mesa técnica.

Sobre preguntas relacionadas con las consultas populares, consultas previas y audiencias públicas, la funcionaria dijo que la ANLA es respetuosa de los mecanismos de participación, aunque la competencia de los dos primeros temas está más relacionada con el Ministerio del Interior.

Por su parte, Olga Lucía Casañas, asesora de compensaciones e inversión del 1%, hizo una amplia explicación de la normatividad y precisó qué tipo de actividades se pueden financiar con uno u otros recursos, pues no hay discrecionalidad, tal como algunos pretenden dar a entender.

“Las compensaciones son obligaciones derivadas de proyectos sujetos a licenciamiento ambiental, según el decreto 1076 de 2015”, precisó Casañas, tras indicar que buscan resarcir y retribuir a las comunidades, regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad que no puedan ser evitados , corregidos o mitigados.

Su alcance, dijo, tiene el propósito de asegurar que los impactos ambientales relacionados con proyectos de desarrollo económico sean compensados mediante acciones de restauración, mejora o preservación de un ecosistema equivalente.

También se refirió a los enfoques de restauración, que dependen de la complejidad ecosistémica, y precisó que pueden ser de tres tipos: ecológica, rehabilitación y recuperación.

Casañas se refirió también al ámbito de aplicación de las inversiones forzosas del 1%, la destinación de los recursos, los proyectos de uso sostenible, la evaluación de tierras para la zonificación con fines agropecuarios, el estado de las compensaciones ambientales de los proyectos objeto de licenciamiento y los retos para la implementación de dichas compensaciones.

Igualmente, explicó cuáles son los principales factores identificados en los diagnósticos y que justifican los atrasos de las compensaciones en el sector de hidrocarburos. Estos son:

-Ausencia de terrenos disponibles para los procesos de reforestación y su posterior compromiso de no cambio en el uso del suelo.

-Conflictos con las comunidades del área de influencia de los proyectos.

-Baja coordinación interinstitucional (autoridades ambientales y municipales).

-Costos de la implementación de las obligaciones ambientales.

-Demora en los procesos de aprobación y cierre de los mismos.

“Fue una reunión fructífera, se fijaron nuevas fechas para avanzar en el trabajo con las autoridades locales y regionales, los entes nacionales involucrados en el tema, el sector privado y la comunidad”, subrayó al término de la reunión la directora de la ANLA.

El presidente de la ACP, Francisco Lloreda, señaló que las empresas operadoras son las más interesadas en agilizar los proyectos, pues son conscientes de la importancia de contribuir con el desarrollo de la región donde operan.