La audiencia pública convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para escuchar a las autoridades locales y regionales, a los organismos de control, a la comunidad, empresarios y ecologistas sobre la solicitud de modificación de la licencia ambiental para la Autopista Conexión Pacífico 1, fue un ejemplo de participación democrática, con intervenciones serias y bien documentadas.

El encuentro, que contó con una participación de más de 200 personas de los municipios de Amagá, Titiribí y Caldas, ubicados en la zona de influencia del proyecto, se caracterizó por la sensatez, la seriedad y el rigor de las ponencias, que versaron sobre los efectos ambientales y el impacto social y económico de la obra.

“Este fue un ejemplo de ejercicio democrático y felicito a todos los asistentes por la altura de las exposiciones”, afirmó el Defensor del Pueblo de Antioquia, Jaime Zapata Isaza, quien señaló que el organismo acompañará a la comunidad en la defensa de sus derechos individuales y colectivos.

Espacios de participación

La directora de la ANLA, quien estuvo presente de principio a fin en la audiencia, advirtió que en su gestión el uso de los mecanismos de participación ciudadana ha sido una característica permanente y recordó que está es la séptima audiencia pública convocada por la entidad en los sectores de su competencia como infraestructura, minería, hidrocarburos y energía.

“La participación de la comunidad de Amagá, Titiribí, Caldas y el corregimiento de Bolomboló y su zona de influencia es un ejemplo de cómo se pueden aprovechar todos estos espacios de participación”, subrayó González Hernández.

La Autopista Conexión Pacífico 1 mejora la conectividad entre Medellín y el Valle del Río Cauca, y es fundamental para promover la competitividad del centro del país con los puertos de Buenaventura, pues hace parte de las vías 4G.

“Nosotros no nos oponemos a la obra sino que se tenga en cuenta a la comunidad, que se protejan debidamente los ecosistemas y se cumplan con los requisitos técnicos y especificaciones establecidas en el contrato”, afirmó el alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina Molina, quien solicitó la audiencia pública.

El funcionario agradeció la presencia de las directivas de la ANLA y su equipo técnico y legal y señaló que es importante que se escuchen las inquietudes, quejas y propuestas de la ciudadanía, que es la que realmente se afecta o se beneficia de una megaobra como la doble calzada Autopista Conexión Pacífico 1, que además contempla la construcción de un túnel de alta ingeniería.

Revisar trazado

Esta obra estuvo, en principio, en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías) pero no se concluyó y luego pasó al actual concesionario que, precisamente, ha solicitado una modificación a la licencia ambiental.

Por su parte, el alcalde de Titiribí, Santiago Andrés Ochoa Marín, municipio también ubicado en la zona de influencia directa de la obra, se quejó del hecho de que algunas comunidades quedarían al margen del trazado de la obra, con lo cual se afectarían los costos del transporte.

“El problema es que con el diseño actual vamos a desarraigar a muchos habitantes, habrá vueltas ilógicas y se encarecerá la tarifa de los pasajes”, manifestó el mandatario local, quien advirtió que si “eso va a ser para mal, mejor nos quedamos así”.

Uriel Sausa, encargado de infraestructura del municipio de Caldas, el más cercano a Medellín, dijo que la forma como están diseñados los retornos quedan dos veredas aisladas. “Hay que proponer soluciones que estén acordes con las necesidades de la comunidad”, subrayó.

Y agregó: “si bien es una buena obra, es prioritario no afectar de esta forma a la ciudadanía”. “Hay que tener en cuenta sus preocupaciones, el impacto que genera para sus vidas una megaobra como la que estamos analizando”.

Héctor Manuel Hinestrosa, Procurador Delegado Ambiental y Agrario de Antioquia, destacó la importancia de las audiencias públicas como mecanismos de participación ciudadana y se declaró expectante de las quejas de la comunidad. “La parte ambiental no puede soslayar al hombre y debe considerarse no solo flora y la fauna sino el impacto económico y social, así como el desarrollo de cada municipio”, puntualizó.

Otros ajustes

En la audiencia también participó Juan Pablo Delgado, delegado de Corantioquia, y precisó que, si bien la corporación regional no tiene competencia sobra la obra, sí ha acompañado a la ANLA en el proceso y escuchado las quejas de la comunidad. “Estamos abiertos a recibir todas las inquietudes”, manifestó.

Por su parte, Jorge Arguello Márquez, vocero de la comunidad, advirtió que el terreno ocupado por la doble calzada acumula una serie de problemas, y que la ciudadanía desconoce la existencia de un plan social por parte del consorcio. “No conocemos nada de los proyectos de vivienda, compensaciones, construcción de guarderías y claridad sobre los reasentamientos de los afectados”, indicó.

Fernando Tangarife, quien intervino a nombre de los concejales, señaló que los impactos sociales y económicos no se están midiendo como son y que espera que haya una serie de revisiones en los diseños de las obras.

Carlos Alberto Villa, de la junta de acción comunal, y Elkin Carmona, comerciante de Bolombolo se quejaron de la falta de mantenimiento del puente que une al corregimiento con sus vecinos más cercanos. Representantes del concesionario dijeron que está obra no hace parte del proyecto.

Acuerdos

Por su parte, Claudia Mendoza, representante de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hizo un recuento del paso del proyecto de Invías al Concesionario, reveló que habrá ajustes en el trazado y se comprometió a llevar las inquietudes de las autoridades locales y de la comunidad a las altas instancias de la entidad.

“Hemos venido revisando algunos aspectos con el concesionario y hemos llegado a algunos acuerdos”, afirmó la funcionaria, tras reconocer que el trazado que se tenía inicialmente iba muy alto por la montaña.

Norman Corre, diputado de Antioquía, dijo que el informe detallado y justificado que presentó el alcalde Amagá debe ser tenido en cuenta por la ANI, el concesionario y la ANLA con el fin de que se realicen los ajustes que la comunidad requiere.