Durante el seminario virtual sobre gobernanza ambiental y prevención de conflictos mineros socio ambientales, realizado en Bogotá este 3 de octubre, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Claudia Victoria González Hernández, hizo una amplia explicación del licenciamiento ambiental en Colombia y la importancia del Estudio de Impacto Ambiental, EIA, en dicho proceso.

Comenzó su intervención diciendo que la ANLA, que sólo licencia proyectos de gran minería, tiene bajo su competencia unos 37 proyectos en el país, los cuales se concentran en los departamentos de César y Guajira.

Dijo que el EIA debe ser socializado por las empresas antes de empezar los proyectos, durante la ejecución de los mismos y al finalizar, estos dos últimos momentos cuando se presentan los impactos.

Señaló que los procesos que adelanta la entidad son públicos y como ejemplo recordó que la Autoridad publicó un tutorial para que los usuarios consultaran el EIA presentado por la Sociedad Minera de Santander S.A.S, Minesa, empresa que aspira a una licencia ambiental para el proyecto Soto Norte.

Enfatizó en que el material presentado en el EIA es contrastado con la información oficial, las corporaciones autónomas regionales, las visitas de campo hechas por la Autoridad y las inquietudes que presentan las comunidades en escenarios de participación como las audiencias públicas ambientales, la consulta previa, los derechos de petición y la figura del tercero interviniente.

En la ronda de preguntas un miembro del público volvió sobre este punto y la directora González destacó como herramienta de información para la ANLA las redes de monitoreo de agua y aire que se han establecido junto con las corporaciones autónomas regionales.

Otro tema resaltado por la directora González fue el trabajo interinstitucional que la ANLA hace con entidades como la Agencia Nacional de Minería, ANM. Elogió los avances hechos por esta Agencia en la actualización de sus informes y la evaluación del riesgo. La autoridad ambiental nacional, recordó, también trabaja con el Ministerio del Interior en el tema de consultas previas y con los institutos de investigación como el Alexander Von Humboldt.

Otro de los participantes le consultó a la directora de la ANLA sobre cómo la entidad regula la fragmentación de los servicios ecosistémicos.

González Hernández respondió que los proyectos que generan fragmentación no son licenciados y puso como ejemplo el caso de Caña Fisto, una propuesta que fue rechazada por sus impactos negativos sobre el bosque tropical.

En el seminario también participaron Per Strömberg de la Agencia Sueca de Protección Ambiental y Claudia Ituarte-Lima, de Swedbio.

Durante su intervención el señor Strömberg reflexionó sobre las diferencias existentes entre los efectos de largo plazo para la naturaleza, ocasionados por los proyectos mineros, y la planeación a corto plazo que hacen las empresas y los Estados.

Dijo que hay una relación profunda entre los impactos de los proyectos mineros y los derechos humanos. Por ejemplo, explicó que la pérdida de servicios ecosistémicos relacionada con el agua puede impactar especialmente los derechos de las mujeres y las niñas.

La señora Ituarte-Lima apuntó que la minería tiene impactos en la resiliencia de los países y que los impactos de este sector se discriminan en impactos directos (directamente vinculados al proyecto), indirectos (se producen fuera del sitio donde se desarrolla el proyecto y se producen después del cierre), inducidos (impactos de industrias asociadas) y acumulativos (la suma de los anteriores, o el resultado del impacto de varios productos).

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, también participó en el seminario presentando un panorama de cómo la minería ha impactado el departamento, allí, esta actividad se desarrolla desde hace 200 años. Chocó es el segundo departamento productor de oro de Colombia.

En Chocó, según la corporación, se practica la minería artesanal, aluvial, de mediana escala y la ilegal.

El representante de la WWF, Mauricio Cabrera, explicó que en el Chocó los títulos mineros son manejados por agrupaciones comunitarias, lo cual incentiva la gobernanza, pues quienes llegan a hacer minería en el departamento tienen la obligación de contar con las comunidades.

El Ministerio de Minas también participó aportando varias cifras. La asesora Sandra Sánchez dijo, por ejemplo, que el 75% de los títulos mineros en Colombia corresponden a minería de pequeña escala. Sólo un 47% de los pequeños mineros trabajan con título minero y por eso el Estado colombiano desarrolló el programa de formalización minera, el cual busca, entre otros puntos, la coexistencia minera (que los pequeños mineros trabajen a la par de los grandes proyectos), y que los mineros accedan a la oferta institucional: acompañamiento técnico, formalización laboral y capacitación para la protección del medio ambiente.

Además de Colombia, al seminario se conectaron países como Chile, Argentina y Bolivia con un promedio de 60 personas activas.