Las audiencias públicas, los derechos de petición, las reuniones informativas y las sugerencias de la comunidad a través de los distintos canales de comunicación y de interlocución no son simples formalismos, sino que se constituyen en aportes importantes en la toma de decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

“Es más: el 75% de la solicitud de información adicional que la ANLA pide a los proponentes tienen que ver con la gente”. Así lo reveló la directora de la entidad, Claudia Victoria González Hernández, durante el foro sobre la Gestión Social de los Proyectos sometidos a Licenciamiento Ambiental, realizado en la Universidad de El Rosario, que contó con el apoyo de la Universidad de Los Andes.

En solo audiencias públicas, se han realizado siete en el presente año –con sus respectivas reuniones informativas, que son abiertas y públicas-, en las cuales las autoridades nacionales, locales y regionales, los organismos de control, Ongs, gremios y empresarios, entre otros actores, pueden intervenir libremente.

Las ponencias, escritas y verbales, son clasificadas, analizadas y evaluadas, y son tenidas en cuenta en la toma de decisiones, precisó la funcionaria, quien señaló que cualquier ciudadano puede consultar en VITAL, en el CIAT y en los diferentes canales habilitados por la ANLA toda la documentación, entre ellos los Estudios de Impacto Ambiental.

González Hernández, quien estuvo en el panel analizando el tema de participación ciudadana con la docente Beatriz Londoño; Carlos Lozano, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Colombia (AIDA); y de Felipe Márquez Robledo, presidente de la firma Anglo Gold Ashanti Colombia, llamó la atención de que, pese a la cantidad de espacios existentes, muchas personas no los utilizan y luego hacen afirmaciones que no corresponden a la realidad.

Durante el debate, hubo diferentes interpretaciones y posiciones sobre los mecanismos de participación ciudadana como el de la parte académica que sugiere que hay estigmatización frente a este mecanismo democrático y que en muchas ocasiones se convierte en mero formalismo.

También se abordó el tema de la politización del instrumento, la falta de garantías –muchas personas– no tienen la forma de financiar el desplazamiento a los sitios donde se realizan las consultas previas, las audiencias públicas o las consultas populares.

“Hay que promover y facilitar más el acceso de la comunidad a estos mecanismos”, coincidieron en afirmar Londoño y Lozano, quienes advirtieron, sin embargo, que Colombia ha avanzado en este terreno.

Dos miradas

Sobre una de las preguntas sobre qué miradas tenía la ANLA frente a los proyectos sometidos a licenciamiento, la directora de la entidad dijo que existen varias facetas: una dirigida a la ejecución de programas o proyectos para el medio socioeconómico, tendiente a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que el proyecto cause o genere sobre las comunidades del área de influencia y su entorno. Esta está integrada al Plan de Manejo Ambiental, que incluye también las medidas para los medios abiótico y biótico.

Así mismo, está la mirada correspondiente a la Inversión social voluntaria, bajo la cual las empresas destinan recursos para el apoyo de proyectos encaminados al mejoramiento social y económico de las áreas donde realizan su intervención, en cumplimiento de los objetivos de su política de responsabilidad social empresarial. Esta gestión no es objeto de evaluación por parte de la ANLA.

Frente a las perspectivas de la gestión social, desde la mirada de la ANLA se busca que, a través de los programas del Plan de Manejo Ambiental, se atiendan de manera integral los impactos ambientales generados a las comunidades por la ejecución de un proyecto, obra o actividad.

González Hernández dijo que esta visión, en el marco del licenciamiento ambiental, implica que se fortalezca el análisis de los impactos socioeconómicos contemplando la interrelación con los medios abiótico y biótico. Por esta razón, señaló, se debe tener en cuenta que puede haber impactos que se manifiesten en diferentes medios; por ejemplo, la contaminación del recurso hídrico superficial puede afectar elementos de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

Por tanto, en tal sentido, las medidas de manejo relacionadas con la gestión social también deben contemplar este enfoque integral.

De igual manera, las perspectivas de la gestión social para la ANLA están enfocadas a velar por el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Para esto, la entidad ha avanzado en el fortalecimiento de:

· Fortalecer los lineamientos de participación a través de instrumentos tales como la Metodología para la Elaboración de Estudios Ambientales y los términos de referencia, en los cuales se requiere la incorporación de las percepciones y comentarios de las comunidades y autoridades en la identificación de impactos, formulación de medidas de manejo y en la definición de la demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, e igualmente se establecen lineamientos más estrictos frente a la participación de la comunidad en cuanto a la elaboración de los estudios ambientales.

· Aplicación de mecanismos de participación ciudadana como son las Audiencias Públicas Ambientales. · Por último, teniendo en cuenta que la intervención de un proyecto en un territorio genera impactos que trascienden las competencias de la Autoridad Ambiental, la perspectiva de la gestión social se debe orientar hacia una mayor articulación interinstitucional que permita acciones efectivas frente a las consecuencias de la ejecución de los proyectos de desarrollo, que además del uso y aprovechamiento de recursos naturales, implican cambios en las dinámicas socioeconómicas.

También explicó que a la ANLA le compete considerar los conflictos socioambientales que pueden surgir por la afectación que se genere sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico por cuenta de la ejecución de un proyecto, obra o actividad, en relación con el uso y aprovechamiento de recursos naturales, y por tal razón, en el proceso de licenciamiento ambiental se analiza la generación o potenciación de conflictos ambientales y se establecen las medidas de manejo correspondientes.

Sin embargo, pueden presentarse casos de conflictos que, aunque estén asociados a temas ambientales, requieren para su manejo, además la intervención de otras entidades competentes, tales como: Ministerios de Salud, Trabajo, Ambiente, Interior, Cultura, Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Víctimas, entre otras.

De igual manera, señaló, en el desarrollo de este tipo de proyectos pueden presentarse conflictos sociales que trascienden el alcance de la licencia ambiental y en cuyo manejo confluyen las competencias de diferentes entidades, dentro de las cuales puede o no encontrarse la ANLA.

Finalmente, abordó el aspecto de las consecuencias que se pueden presentar por la falta de acuerdos entre actores implicados en un proyecto y que pueden ser:

· Dificultades en la ejecución del proyecto por la baja legitimidad social: aunque el proyecto sea ambientalmente viable, pueden surgir impedimentos para su desarrollo en el territorio.

· Pérdida de credibilidad institucional: aunque las diferentes entidades involucradas cumplan sus funciones, sus decisiones pueden no corresponder con las expectativas de los diferentes actores interesados en el proyecto y en el territorio donde se ejecuta.

· Reclamaciones a nivel social, que se pueden expresar en movilizaciones y utilización de mecanismos jurídicos y de vías de hecho, que pueden conllevar a escenarios de conflictividad social.