Unas 1.200 personas, en su mayoría campesinos, barequeros, miembros de las juntas de acción comunal, representantes de víctimas del conflicto armado, y algunos mandatarios locales y regionales asistieron a la audiencia pública sobre la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada al proyecto Hidroituango, con influencia en 12 municipios del norte antioqueño.

Hidroituango, que es el proyecto de mayor capacidad de generación de energía del país, tiene previsto iniciar operaciones en diciembre del presente año, pero en este momento cursa una solicitud de modificación de la licencia ambiental para reducir el aprovechamiento forestal.

Durante la audiencia pública, que contó con la presencia de la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, Claudia Victoria González Hernández, los participantes –inicialmente hubo 141 inscritos para intervenir, pero luego apareció un listado de otros 537– , expusieron una serie de inquietudes que se resumen en aspectos como el impacto sobre la flora y fauna de la región, la afectación de la actividad pesquera en el río Cauca, el desplazamiento de mineros ancestrales en la parte del embalse y la reducción del área de producción agrícola, entre otros.

La audiencia finalizó hacia la media noche, en el Coliseo Municipal Llano de Bolívar del municipio de Santa Fe de Antioquia, que hace parte de la zona de influencia del proyecto.

La sociedad Hidroeléctrica de Ituango S.A. E.S.P., responsable del proyecto, está conformada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Empresas Públicas de Medellín (EPM), el departamento de Antioquia, la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), la Nación, la Financiera Energética Nacional (FEN) y otros accionistas minoritarios.

“Este espacio de participación es muy importante para nosotros, nos interesa escuchar y atender a la comunidad, a los líderes ambientales, a las autoridades regionales y locales y a los organismos de control, pues las ponencias y las intervenciones nos nutren de información para la toma de decisiones”, afirmó la directora de la ANLA al dar inicio a la audiencia, que comenzó sin contratiempos y bajo las reglas de juego establecidas.

La Secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, destacó la relevancia de la audiencia pública y señaló que es importante logar un equilibrio social, económico y ambiental del proyecto y para ello deben tenerse en cuenta todas las variables que inciden en una obra de gran envergadura como Hidroituango.

Isabel Cristina Zuleta, líder de Ríos Vivos, organización que participó con dos alcaldes en el pedido de la audiencia pública, hizo una radiografía de los impactos ambientales y sociales del proyecto y pidió desestimar no solo la solicitud de modificación de la licencia, sino igualmente prohibir la construcción del complejo. “Este es un proyecto indignante”, dijo.

Por parte de la empresa, la presentación del proyecto y los fundamentos de la solicitud de modificación de la licencia le correspondió a Andrés Felipe Cano, profesional ambiental de Empresas Públicas de Medellín (EPM), quien explicó las características del complejo hidroeléctrico, las medidas de prevención de impacto ambiental, la calidad del agua, las compensaciones sociales y económicas y la reubicación de especies de fauna de las zonas de inundación, entre muchas otras variables.

“Nosotros vivimos de la playa del río Cauca, de su recurso pesquero y del oro, pero eso nos lo quieren arrebatar”, afirmó Gildardo Echavarría, un habitante del municipio de Toledo, quien señaló que mucha gente del área vive del barequeo. “Con la represa nos quedamos sin trabajo”, subrayó.

Carlos Arturo Ariza, quien intervino brevemente en el espacio asignado, también se refirió a la subsistencia que les permite a muchos pobladores la Cuenca del Río Cauca, y dijo que la represa los dejará sin medios de subsistencia.

Otro de los participantes, Jesús Moreno Pimienta, señaló que la obra no se consultó con toda la comunidad como lo afirman los directivos de EPM y dijo: “Quiero que todos ustedes se pongan en los zapatos de nosotros”.

En nombre de los discapacitados del municipio de Valdivia intervino Luis Eduardo Meneses, quien dijo que de esta población nadie se ha preocupado y que para ellos lo que cuenta es el campo, el barequeo, actividades que les permite sobrevivir.

“Si se represa el río (Cauca) no podrán subir el pescado, lo que significa que perderemos una de nuestras principales fuentes de alimentación”, subrayó Omar Antonio Jiménez, quien además señaló que se acabarán cultivos de guadua, que hacen parte de la forma de vida de muchos pobladores de la ribera del Cauca.

Por su parte, Fabio Nelson Vargas, se refirió a las afectaciones de cultivos como el café, plátano, yuca y frijol, entre otros, y dijo que el espejo de agua cambiará el clima. ¿De qué vamos a vivir?, se preguntó.

Con la celebración de esta audiencia se dio a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas, órganos de control, el proyecto hidroeléctrico, los impactos que este puede generar o genere y las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas participantes. Finalmente la ANLA como autoridad ambiental garantiza de esta forma el ejercicio de este mecanismo de participación ciudadana, que permite a la autoridad de primera mano conocer las distintas opiniones. No obstante debe hacerse reiterativa la necesidad de reglamentar el ejercicio adecuado de esta instancia, a fin de evitar manejos que se alejan del espíritu verdadero de su objetivo que busca un consentimiento libre y bien informado, una intervención activa que exponga, pero en donde también se tenga la oportunidad de conocer.

Como garante de estos escenarios la ANLA irá tomando las medidas necesarias para construir espacios de participación verdadera durante el desarrollo de estas audiencias, con acceso a la información y una intervención real, que en definitiva certifiquen un procedimiento democrático encuadrado dentro de los principios constitucionales que nos rigen.

El proyecto

Algunos datos sobre el proyecto indican que la central generaría 2.400 MW a partir de diciembre de 2018 cuando se tiene previsto la entrada en operación comercial. Los documentos aportados indican que representa el 17% de la demanda de energía eléctrica del país.

La presa tendrá una altura de 225 metros, 20 millones de m3 de volumen y una cresta de 550 metros de longitud; está ubicada a unos 8 km aguas abajo del puente de Pescadero, sobre el río Cauca, en la vía a Ituango, en el sitio de la desembocadura del río Ituango al río Cauca.

El Grupo de Evaluación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, con base en la información presentada en el complemento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizó visitas técnicas al área de la modificación entre el 10 y el 14 de julio de 2017 y ha sostenido múltiples reuniones con la comunidad.

Con la celebración de esta audiencia se dio a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas, órganos de control, el proyecto hidroeléctrico, los impactos que este puede generar o genere y las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas participantes. Finalmente la ANLA como autoridad ambiental garantiza de esta forma el ejercicio de este mecanismo de participación ciudadana, que permite a la autoridad de primera mano conocer las distintas opiniones. No obstante debe hacerse reiterativa la necesidad de reglamentar el ejercicio adecuado de esta instancia, a fin de evitar manejos que se alejan del espíritu verdadero de su objetivo que busca un consentimiento libre y bien informado, una intervención activa que exponga, pero que también tenga la oportunidad de conocer.