Con asistencia de unas 80 personas, entre ellas personeros, representantes de juntas de acción comunal, concejales y líderes campesinos, se iniciaron en Macanal (Boyacá) una serie de reuniones informativas sobre el proyecto subestación Chivor II y Norte 230 kv, que busca transportar energía al centro del país, Tolima y Meta.

Esta es la etapa previa a unas audiencias públicas que se realizarán en julio próximo, que fueron convocadas por la Autoridad Nacional (ANLA) a solicitud de varios alcaldes de la zona de la zona de influencia del proyecto y de otras partes interesadas.

Las mayores inquietudes de los asistentes en el primer encuentro se relacionaron con dificultades en la gestión predial, afectaciones en los acuíferos, impacto sobre la flora y la fauna, uso de vías existentes y falta de claridad en las compensaciones a los municipios situados en la zona de influencia del proyecto.

Al encuentro asistió el representante de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Álvaro Gómez, quien explicó como y quien elige los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía en el país y precisó que esta decisión la toma el gobierno nacional dependiendo las necesidades de demanda de fluido eléctrico.

“Los proyectos eléctricos necesitan planeación, no se realizan de la noche a la mañana, pues el Estado tiene la obligación de asegurar la oferta de energía”, dijo Gómez.

En la reunión, que se desarrolló por espacio de siete horas en el Centro de Integración Ciudadana (CIC), ubicado al costado de la Institución Educativa Técnica Carlos Jaime Campos Jácome, se abordó el tema del desconocimiento de la comunidad de aspectos básicos del proyecto.

“Existen inconsistencias en la definición de las áreas donde se instalarán las torres y en la tasación de las tierras que se tienen que indemnizar”, afirmó Germán Danilo Salguero, quien también denunció que no hubo solicitud de permiso para ingresar a algunos de los predios a intervenir.

Por su parte, Gabriel Martínez, coordinador ambiental del proyecto, explicó que por norma siempre se piden los permisos respectivos y que existe una metodología para la definición de las áreas que ocupan las torres. Para el caso de la tasación, se tienen en cuenta determinantes como las características del terreno, indicó.

“A cada propietario se le otorga una indemnización integral por la servidumbre, que incluye el pago por las limitaciones al uso que impliquen los pasos de las líneas y en algunos casos por la existencia de planes ciertos o inmuebles que ya no pueden quedar donde están”, explicó Martínez.

Diana Carolina Fernández, habitante de Tocancipá, preguntó cuáles serían los beneficios que recibirá la comunidad teniendo en cuenta las afectaciones ambientales y al paisaje y pidió claridad sobre qué va a pasar con el manejo tarifario para los usuarios ubicados en el área de influencia del proyecto.

Al respecto, la UPME aclaró que la competencia tarifaria no está en el resorte de los operadores de la línea de transmisión.

Otro tema que se abordó con recurrencia durante la reunión informativa fue la “ausencia de información” sobre los detalles del proyecto. “Nos ha tocado recurrir a tutelas”, manifestó Diana Leal, quien agregó que ha sido difícil conseguir detalles del trazado y otros pormenores de la obra. “A muchos de los que estamos aquí no nos han consultado”, subrayó, a lo que el coordinador ambiental dio cifras sobre el proceso de socialización realizado en los últimos.

Misaelina Moreno, quien llegó con una de legación del municipio de Tenza, manifestó sus preocupaciones por los impactos ambientales y el paisaje turístico. “Nuestros campesinos son minifundistas y ahora les van a quietar 32 metros para ubicar las torres”, manifestó, y señaló que no les va a quedar terreno para cultivar”.

Francisco Morales, representante del Comité Prodefensa del Agua, se quejó de la posibilidad de construir torres muy cerca de las rondas hídricas, con lo cual se afectarían varios microacueductos que existen en la zona.

Pero además –agregó-, no se han hecho las consultas necesarias con la comunidad, y dijo que en Macanal se realiza cada año el Festival del Agua, un evento que entraría en riesgo con la construcción del proyecto.

Entre tanto, la personera de Macanal, Cristy Carrillo, señaló que los reclamos de la gente no es tanto el dinero sino el medio ambiente y la contribución social. ¿Por qué Macanal?, se preguntó y dijo que grandes proyectos como el Guavio no le han dejado al municipio sino problemas, como sucede con cinco veredas que quedaron incomunicadas con la represa.

El personero de Santa María, Fabio Enrique Veloza, criticó el hecho de que pese a que en la jurisdicción queda el “cuarto de Máquinas” del Guavio, el municipio carece de vías en buen estado, se han reducido los cuerpos de agua y se ha afectado la flora y la fauna.

Ahora –con el proyecto de la subestación-, la comunidad tiene el temor de que no haya beneficios y que se afecte la calidad visual con el trazado. También advirtió la posible afectación a la salud por los campos electromagnéticos de los cables de alta tensión. Este tema ha sido estudiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y según se afirma no hay evidencias de que ello sea así.

Juan de Dios Cárdenas, un campesino de Macanal, argumentó haber perdido la tranquilidad y de estar demandado en los estrados judiciales por no haber querido negociar con la empresa.

Así mismo, Johanna Mendoza, concejal de Tenza, denunció que su municipio recibirá las mayores afectaciones del proyecto. De 12 veredas –dijo-, 6 harán parte de la línea de transmisión con sus consecuentes afectaciones ambientales.

Durante la presentación, el Grupo Empresa de Energía de Bogotá, respondió una a una las inquietudes y denuncias de la comunidad y advirtió que el compromiso es seguir afianzando en diálogo en el territorio.

“Nuestro compromiso es cumplir con las normas del medio ambiente. En nuestro desafío técnico, buscaremos incorporar prácticas y tecnologías que mitiguen y prevengan los impactos sobre el entorno de la mejor manera, dijo Gabriel Martínez, quien señaló que hay un irrestricto compromiso de respetar los derechos humanos y promover el desarrollo económico y social.

En Macheta, se realizará este miércoles la segunda reunión informativa sobre el proyecto. En Gachancipá se realizará la tercera el sábado 30 y en Subachoque, la cuarta el lunes 2 de julio próximo.

La audiencia pública fue solicitada por los alcaldes de Machetá y Tabio, por tres entidades sin ánimo de lucro y por un grupo de por lo menos 100 personas como lo establecen las normas.