Con la participación de unas 120 personas se llevó a cabo este 23 de julio la reunión informativa previa a la asamblea pública ambiental del próximo 14 del mismo mes en Ataco, Tolima.

La reunión informativa, que se realizó en la alcaldía del municipio, contó con la participación de miembros de la comunidad, autoridades locales e interesados en el proyecto de minería aurífera aluvial que la Compañía Minera de Ataco S.A.S. busca hacer en la vereda Apone de dicho municipio tolimense.

Ataco está ubicado a unos 153 kilómetros de Ibagué, al sur del departamento. La audiencia pública sobre el proyecto aurífero fue solicitada por la corporación autónoma regional del Tolima, Cortolima, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

La reunión informativa comenzó a las 8.30 de la mañana con la exposición de la autoridad nacional de licencias ambientales sobre sus competencias generales. El abogado Iván Castillo, de la ANLA, fue el moderador del encuentro y explicó a los asistentes que la información expuesta en la reunión del 23 y la asamblea del 14 servirá a la autoridad para decidir si se entrega o no la licencia a la compañía interesada.

También aclaró que la información sobre el proyecto aurífero está disponible de manera física y virtual para consulta de toda la ciudadanía.

Los mecanismos de participación durante la asamblea fueron expuestos por el funcionario, quien además dijo que el plazo para diligenciar las exposiciones para el 14 de julio se vencen el día 10 del mismo mes. Añadió que cinco días hábiles posteriores a la audiencia pública ambiental la ANLA tomará la decisión de otorgar o no la licencia ambiental.

En la mesa de la ANLA estuvieron también los funcionarios Meliyor Jaimes, Juan Carlos Mantilla, Gabriel Serna y Andrés Felipe Arango.

Por parte de la Compañía Minera de Ataco S.A.S. habló el director de exploración del proyecto, Oscar Javier Quesada, quien expuso los principales puntos del estudio de impacto ambiental (EIA) que la firma presentó con el fin de obtener la licencia. Recordó que el EIA se socializó con la comunidad de Apone a través de 30 reuniones y publicaciones en medios de comunicación virtuales e impresos. Dijo que cualquier información adicional puede ser consultada por la población, u otro interesado, en la oficina de atención al ciudadano en Ataco.

Explicó que el título minero 4974 considera 115,67 hectáreas, un área de explotación de 25,84 hectáreas y 89,83 hectáreas sin explotar. De los 25 predios que tiene Apone sólo se intervendrían dos: El Triunfo y Parasal.

Según la exposición hecha por la firma, el proyecto no intervendrá el cauce del río Saldaña pues la explotación se hará en una poza cerrada. Durante la explotación, agregó, no se usará mercurio ni otra sustancia química.

Quesada también habló sobre la intención de la empresa de hacer inversiones en la cuenca del río y planes de reforestación, generación de empleo y apoyo a proyectos productivos de la comunidad en torno al proyecto.

La empresa también presentó un resumen de su plan de manejo ambiental, el plan de monitoreo y seguimiento, el plan de monitoreo del agua y de la fauna, el plan de contingencias y el plan de compensación.

La mayor parte de la reunión se centró en las preguntas de la comunidad y los asistentes. Una de las personas que intervino quiso saber por qué la empresa había solicitado la licencia ante la ANLA después de que la firma lo había hecho ante Cortolima. Los delegados de la autoridad nacional respondieron que el proyecto propuso un aumento de explotación de más de dos toneladas de materiales, lo cual da competencia a la ANLA para estudiar el otorgamiento o no de la licencia.

Entre las participaciones más activas estuvo la de la comunidad indígena, que pidió ser tenida en cuenta en el desarrollo del proyecto. Funcionarios de la ANLA tomaron nota de este requerimiento y explicaron a los representantes indígenas cómo podían hacer una participación activa en la asamblea del 14 para que todos sus representantes tuvieran voz en dicho espacio.

Otro tema que ocupó varias de las intervenciones fue el uso del agua durante la explotación aurífera, si esta comienza a realizarse. La empresa dio respuesta a preguntas sobre el impacto sobre los aljibes y el uso de aguas subterráneas.

Así mismo el tema de la minería ilegal fue ampliamente debatido. Algunos participantes hicieron ver que preferían la llegada de una empresa legal a la región, que traería impactos positivos a la comunidad, frente a la ya conocida intervención de empresas ilegales, cuyas consecuencias son conocidas por los habitantes de Ataco.

Los empleos que generaría la explotación, el papel de los mineros artesanales y su proceso de formalización fueron otros aspectos que se trataron en la reunión, en la que se escucharon de manera libre los argumentos en contra y a favor del proyecto aurífero.

Al final del encuentro, Eliana Roca, miembro de la Asociación Ambiental del Municipio, Paz Ambiental, dijo que la información recibida durante la reunión fue “eficaz para poder participar en la audiencia pública que se realizará estos días.” “Es muy importante, agregó, porque se aclararon muchas dudas, escuchamos a todos los compañeros, tanto las cosas negativas como positivas.”

Con esta introducción están cumplidos los requisitos para la celebración de la asamblea pública ambiental del próximo 14 de julio. Esta sería la quinta audiencia pública ambiental que se realiza este año bajo el liderazgo de la ANLA. Las otras trataron el tema de Termopaipa, en Paipa, Boyacá; la vía Villavicencio-Cumaral-Yopal; la mina ‘La Esmeralda’, en el municipio de San Luis, Tolima; y la de Campo Rubiales en Casanare.