El gobierno lanzó el Plan de Acción Sectorial Ambiental de Mercurio, que busca suprimir este metal en el 2023, en cumplimiento de la Ley 1658 de 2013 y de los compromisos internacionales como el convenio de Minamata.
Uno de los objetivos del plan es investigar en Colombia la contaminación presente en agua, sedimentos y aire, evaluar su impacto en especies de fauna y flora, y promover la recuperación de ecosistemas afectados, entre otros puntos.
El compromiso fue asumido por siete ministerios, institutos de investigación, las entidades del SINA y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entre otros.
Para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, “con este plan el Sistema Nacional Ambiental contribuye a la prevención de la contaminación por mercurio al controlar el uso, consumo y producción de la sustancia en el país.
Adicionalmente, con los límites a la minería formal y a los diversos sectores, se busca frenar la producción, importación y exportación de productos que contengan mercurio como bombillos, termómetros o baterías”.
El Plan privilegia los proyectos para investigar el nivel de contaminación y su afectación en la biodiversidad, lo mismo que la restauración de zonas donde el metal se encuentra en grandes cantidades. “Se dará prioridad a algunas áreas, se identificarán posibles tecnologías y metodologías de recuperación-remediación” y se implementará la “metodología que sea costo-efectiva y con la capacidad de retornar servicios ecosistémicos”, asegura el documento.
Esta hoja de ruta plantea además la actualización de la legislación sobre los usos de mercurio, y en especial del manejo, almacenamiento, disposición final y liberación de emisiones del mismo.
Pedagogía, gran aliada
La educación también está incluida en la estrategia por medio de campañas pedagógicas que socializarán los usos y riesgos de la sustancia.
Entre ellos, por supuesto, la minería ilegal, específicamente en zonas vulnerables como Chocó, Antioquia, Bolívar, Santander, Nariño y Cauca. Esto, pese a que el mercurio quedó prohibido en actividades mineras formales desde julio de este año. Así mismo, el objetivo es dar a conocer otros productos y procesos industriales donde el mercurio está presente, con el fin de evitar riesgos.
La búsqueda de financiación internacional para dar impulso a los resultados de las investigaciones también queda sobre la mesa con la propuesta.
Esta meta es tan importante a nivel global, que contamos con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido, Alemania y tenemos avances con la Unión Europea, junto con ONUDI, ONU Medio Ambiente, PNUD y UNODC.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene 11 categorías de clasificación diferentes para las fuentes de mercurio. En esa categorización se sitúan la minería y sus procesos de refinación de minerales; la generación de energía a partir de combustibles fósiles; la disposición de desechos como baterías; interruptores eléctricos y termómetros en cauces; los rellenos sanitarios; los hornos crematorios, entre otros. Aunque hay fuentes naturales de mercurio en el agua, dos tercios de estas son causadas por los seres humanos.
Articulación de todos los sectores
En el Plan de Acción, que coordina el Ministerio, participan además otras entidades ambientales como el IDEAM, el Instituto Humboldt, el IIAP, el Instituto Sinchi, Invemar, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales Urbanas, ANLA y Parques Nacionales Naturales.
Las medidas anunciadas en la estrategia hacen parte de una más amplia (el Plan Único Nacional de Mercurio, suscrito en agosto pasado), del que hacen parte los ministerios de Minas, Ambiente, Salud, Trabajo, Agricultura, Transporte y Comercio.
Un ejemplo del trabajo con otras carteras lo constituye el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que monitorea la importación de mercurio para usos que no estén ligados a la minería, ya que para esta actividad está prohibido actualmente.
*Con el apoyo de la oficina de prensa del MADS