Bogotá. 27 de marzo, 2026. Frente a la información conocida por la opinión pública, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) reitera su respeto por la institucionalidad y las decisiones emitidas por los entes de control. Asimismo, estará dispuesta a entregar la información y documentación que sea requerida.
Bajo la dirección de Irene Vélez Torres, la ANLA ha respaldado los esfuerzos por investigar a fondo las responsabilidades y desencadenantes del desastre que afectó a las comunidades de Córdoba. Un departamento que, por más de tres décadas, ha sufrido los impactos ambientales sobre sus humedales, ciénagas y playones desecados causados por la intensidad e imprevisibilidad del cambio climático y la ganadería extensiva.
El seguimiento ambiental de la ANLA al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental de la represa de Urrá, y demás proyectos del país, se cimenta en criterios técnicos rigurosos, visitas a territorio y una revisión detallada de la documentación entregada por los titulares de las licencias.
La ANLA ha actuado con celeridad y contundencia frente a los hallazgos de posibles infracciones ambientales. Desde 2022 hasta la fecha, la entidad ha emitido 242 sanciones, de las cuales más del 50 % fueron proferidas durante el año en que la autoridad ha estado bajo la dirección de Irene Vélez Torres. Además, por medio de las sanciones económicas impuestas por la Autoridad en los últimos cuatro años, el Estado ha recaudado alrededor de $198,183 millones de pesos.
La gestión de la ANLA refleja el trabajo de cientos de profesionales que dedican sus esfuerzos y conocimientos a la evaluación rigurosa, el seguimiento transparente, y la actuación oportuna y responsable con el medio ambiente y los territorios.
Finalmente, la Autoridad se permite aclarar que las empresas generadoras de energía son responsables directas de gestionar los riesgos en sus operaciones. Además, ante un evento climático súbito, los responsables de actuar de manera preventiva y correctiva son el titular de la licencia, los municipios, la autoridad ambiental regional y la Unidad de Gestión del Riesgo, tal como lo establece la Ley 1931 de 2018 y la Ley 1523 de 2012.
