Por Rodrigo Negrete Montes
En este año, como director de una de las mejores entidades del sector ambiente, me he propuesto continuar con la consolidación de una entidad que rija todas las acciones bajo la eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad, con la comunidad como el gran eje sobre el que gira nuestro quehacer.
Como una de nuestras primeras estrategias, con el fin de hacer participativo el proceso de evaluación y seguimiento, de aquellos proyectos que son competencia de la ANLA, se llevaron a cabo 13 espacios de participación ampliada, donde las comunidades fueron escuchadas y sus opiniones tenidas en cuenta, para la toma de decisiones de la entidad.
Como segunda estrategia, hemos definido el plan interno 2023-2024, para la implementación del Acuerdo Escazú, con acciones concretas para acceso a la información, la participación pública, justicia en asuntos ambientales y la generación de entornos propicios y seguros para el ejercicio, promoción, reconocimiento y protección de DDHH.
En ese orden de ideas, esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie sobre compatibilidad del Acuerdo de Escazú con Constitución Colombiana y las normas que regula, para de esta forma, comenzar con su implementación en las actividades y misionalidad de la ANLA, para ser garante de los derechos de las comunidades en materia de licenciamiento ambiental, y lograr ese verdadero equilibrio entre el desarrollo sostenible y el cuidado de la naturaleza.
Por otro lado, en aras de garantizar el acceso a la información a la ciudadanía, de los actos emitidos por esta Autoridad, tenemos a disposición, la gaceta ANLA, un portal donde se pueden consultar los actos administrativos emitidos, relacionados con los proyectos, obras y actividades de nuestra competencia. Este lo puede consultar desde la página web de la ANLA.
En materia de normatividad, estamos participando activamente con el Congreso de la República, en conjunto con autoridades ambientales, entes de control, grupos de interés, entre otros actores, en la necesidad de hacer ajustes al régimen sancionatorio ambiental, para contar con mejores instrumentos legales para la materialización de la garantía, tanto de derechos ambientales de las comunidades, como del debido proceso de las personas destinatarias del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental, en el marco del desarrollo de deberes constitucionales de protección ambiental, de deberes legales y reglamentarios de las autoridades ambientales y de criterios jurisprudenciales de las Altas Cortes Colombianas sobre la materia.
En la ANLA hacemos las cosas con eficiencia y eficacia, garantizando los derechos y la participación de la ciudadanía. Con sello ANLA.
