- Ya son 20 los proyectos de líneas de transmisión asociados a Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) que han sido viabilizados por la ANLA.
Bogotá, febrero 06 de 2025. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó viabilidad ambiental al proyecto de transmisión de energía de 230 kilovoltios (kV), de la sociedad Voltalia Colombia S.A.S., desde la Planta Solar Charcos, con una capacidad de 99,9 megavatios (MW), hasta la Subestación Guatiguará, ubicada en los municipios de San Juan de Girón y Piedecuesta, departamento de Santander.
“La aprobación de esta licencia ambiental reafirma el compromiso de la ANLA con la transición energética del país, ya que este proyecto permitirá la evacuación eficiente de energía generada a partir de fuentes renovables, fortaleciendo la seguridad energética y reduciendo la dependencia de fuentes convencionales”, afirmó Gabriel López, subdirector (E) de Evaluación de Licencias Ambientales de la ANLA.
El proceso de evaluación ambiental tuvo en cuenta el análisis integral del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el cual se examinaron diferentes temáticas asociadas a los términos de referencia establecidos para estos tipos de proyectos tales como hidrología, hidrogeología, calidad del aire, ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, fragmentación y conectividad del ecosistema, así como la participación y socialización con las comunidades. Asimismo, se verificó la implementación de medidas de manejo y monitoreo ambiental contenidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando la sostenibilidad del proyecto.
Cabe resaltar que esta Autoridad, en cumplimiento de sus funciones y competencias establecidas por los Decretos 3573 de 2011 y 1076 de 2015, realizará el respectivo seguimiento y control ambiental del proyecto una vez inicie su fase constructiva, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental otorgada.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reafirma su compromiso con la transición energética y el desarrollo sostenible del país, garantizando que los proyectos de infraestructura energética cumplan con los más altos estándares ambientales y sociales.
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