¿La ANLA adelanta procesos de presupuesto participativo?

Según lo dispuesto en el articulo 90 de la ley 1757 del 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.  No está obligada a desarrollar ejercicios de presupuestos participativos.

• Artículo 90. Definición. El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

Tal como se establece en el anterior artículo, así como en los artículos 91, 92 y 93 de la Ley 1757 de 2015, el presupuesto participativo es un mecanismo que obliga a los gobiernos regionales, departamentales, municipales y de las localidades y por lo tanto, no es obligatorio para organismos del nivel nacional como el ANLA.

Adicionalmente y teniendo en cuenta que ANLA una unidad administrativa especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica del nivel nacional adscrita al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyos recursos provienen del presupuesto general de la nación y del Fondo Nacional Ambiental FONAN, los recursos que recibe la ANLA tienen una destinación específica orientada a sufragar los costos de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. Estos recursos se programan en una subcuenta del FONAM- cuya destinación específica se encuentra definida en el Decreto 4317 de 2004, artículo 6. Numeral 2 en los siguientes términos:

• “Subcuenta para sufragar los costos de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. Esta subcuenta está integrada por los recursos provenientes del pago de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se utilizarán para financiar los costos en que deba incurrir este Ministerio para la prestación de dichos servicios”.

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