¿En qué consiste?

La racionalización de trámites surge como una herramienta de gran valor para facilitar la interacción de los ciudadanos con las entidades de la administración pública, contribuir a la eficacia y eficiencia de las entidades públicas y fortalecer, entre otros, los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad. (DAFP,2016).

Esta apuesta del Gobierno Nacional busca hacer más efectiva y transparente la prestación de los servicios y garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos con el propósito de cumplir los principios de eficiencia y de transparencia administrativa, a través de la implementación de la política de racionalización y simplificación de trámites. De acuerdo con el Decreto Ley 019 de 2012, el cual tiene por objetivo "suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen", se implementaron tres tipos de mejoras:

Normativa:
Modificación de normas para simplificar, reducir o eliminar requisitos, cobros, y tiempos de ejecución de trámites.

Administrativa:
Revisión interna para reducir pasos, optimizar procedimientos, eliminar o simplificar formularios y documentos, reducir tiempos, establecer nuevos puntos de atención, ampliación de horarios, entre otros.

Tecnológica:
Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, de tal manera que un trámite que es presencial pueda ser disponible en línea a través de la web, de forma total o parcial.