Según la Corte Constitucional, en la sentencia T – 470 de 2024, negó el amparo del derecho a la consulta previa solicitado por el Consejo Comunitario Guapi Abajo respecto a la construcción de una Estación de Guardacostas en el Parque Nacional Natural Gorgona, por cuanto no existe evidencia razonable y concreta, siquiera mínima, de la afectación directa a la comunidad accionante

Según la Corte Constitucional, en la sentencia T – 281 de 2019, ordenó tutelar el derecho fundamental al debido proceso a favor de las comunidades étnicas indígenas: la Laguna Siberia y las Mercedes, ubicadas en Municipios de Caldono y Piendamó, Departamento del Cauca  

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 367 de 2022 decidió declarar la exequibilidad condicionada del artículo 1 (parcial) de la Ley 2111 de 2021, en relación con los artículos 328 al 335 del Código Penal, siempre y cuando se entienda que las normas de reenvío que sean de naturaleza administrativa deben ser expedidas por las instituciones públicas pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental (SINA) con competencias regulatorias; sean precisas, previas a la configuración de la conducta, con alcance general y de conocimiento público

Según la Corte Constitucional, en la Sentencia T – 166 de 2012, se debe respetar el derecho fundamental al debido proceso en el procedimiento sancionatorio ambiental. En el caso analizado en la sentencia, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) del Distrito Capital de Bogotá respetó el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción del accionante; no se violaron sus derechos fundamentales

Según la Corte Constitucional, en la sentencia T – 606 de 2015, ordenó tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, la vida, a la seguridad alimentaria, a la participación, al trabajo y a la dignidad humana del accionante, los miembros de la Cooperativa de pescadores de Barlovento y demás pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C – 366 de 2011 declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas; por cuanto se omitió realizar la Consulta Previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes y esta normativa los afecta directamente 

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 572 de 2012 decidió declarar exequible, por los cargos analizados, el Decreto – Ley 3573 de 2011, “por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y se dictan otras disposiciones” 

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 486 de 2009 decidió declarar inexequible la expresión “todas” contenida en el artículo 8 de la Ley 1124 de 2007 y declarar exequible el resto de la disposición, por los cargos analizados en esta sentencia, en el entendido de que la obligatoriedad de crear un Departamento de Gestión Ambiental (DGA) no se aplica a las micro y pequeñas empresas a nivel industrial, en los términos expuestos en la parte motiva de esa providencia (dado el impacto desproporcionado que tal exigencia tendría sobre aquellas)

Según la Corte Constitucional, en la sentencia T – 614 de 2019, ordenó tutelar los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano de los habitantes del Resguardo Indígena Provincial ubicado en el Municipio de Barracas del Departamento de la Guajira con ocasión de las actividades que se desarrollan en el Proyecto Minero “El Cerrejón”

La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 649 de 1997 decidió declarar inexequible la expresión "y sustraer" empleada en el numeral 18 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, en cuanto se entiende referida a las áreas que integran el Sistema Nacional de Parques Naturales (SPNN), y exequible, en cuanto alude a las Reservas Forestales Nacionales. En la práctica eso significa que respecto de los Parques Nacionales Naturales (PNN) existe imposibilidad legislativa y administrativa de sustraer áreas