- Las sanciones ambientales impuestas por la ANLA a empresas mineras del Cesar fueron recurridas.
Bogotá, 24 de julio de 2024. Como se anunció en días pasados, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha emitido múltiples decisiones sancionatorias en desarrollo de sus funciones legales ambientales, entre otras, las siguientes:
- Resolución 1251 de 2024, mediante la cual impuso multas a las sociedades Carbones de la Jagua S.A. (CDJ), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), titulares del proyecto Mina La Jagua. Esto debido al incumplimiento de algunas obligaciones del Plan de Manejo Ambiental Unificadoestablecido mediante Resolución 2375 del 18 de diciembre de 2008. Se impusieron multas de $2.735.635.506 a Carbones de la Jagua S.A., otra del mismo monto al Consorcio Minero Unido S.A. y una de $1.889.442.036 a Carbones El Tesoro S.A.
La razón de las sanciones impuestas es que las empresas mineras cometieron infracciones ambientales , entre otros hechos, por exceder los volúmenes anuales de producción de carbón previstos en los documentos técnicos del Plan de Manejo Ambiental Unificado (PMAU), y por disponer material estéril inapropiadamente en el botadero Aeropuerto.. También, se observó un manejo deficiente de las aguas de escorrentía superficial en los botaderos externos (Oriental, Santa Fe y Antiguo Aeropuerto), lo cual afectó recursos hídricos, flora y suelo en un caño NN de invierno, afluente del caño Santa Cruz Asimismo, se les sancionó por no realizar la totalidad de los proyectos productivos,en la cabecera los municipios de la Jagua de Ibirico, y Becerril y en los corregimientos de la Estados Unidos y La Victoria de San Isidro; no rehabilitar el total de las áreas que habían sido liberadas por las empresas mineras; intervenir áreas que se encontraban en proceso de rehabilitación en una zona aledaña al antiguo sitio de disposición de maquinaria en desuso en el botadero del Consorcio Minero Unido; y por no publicar anualmente el balance de la implementación del programa de educación ambiental en la revista de la empresa, establecido como meta en el Programa de Información y Participación Comunitaria. Los hechos que motivaron esta sanción, ocurrieron entre los años 2010 a 2018.
- Resolución 1091 de 2024, mediante la cual se impone una sanción de multa que asciende a $1.739.012.826 a la empresa C.I. Prodeco S.A., titular del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto carbonífero Calenturitas ubicado en el departamento del Cesar.
La multa, se debe en primera medida, a la falta de implementación de las barreras vivas o, en su defecto, barreras físicas alrededor de las áreas de los botaderos de estériles, patios de acopio de carbón y a lo largo del corredor minero, especialmente frente a las poblaciones de Boquerón y Plan Bonito. Al respecto, la ANLA evidenció que C.I. Prodeco S.A. no cumplió con los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental para el establecimiento de estas barreras, cuyo propósito es mitigar los impactos ambientales negativos en las zonas aledañas al proyecto, en particular, aquellos relacionados con el control de emisiones atmosféricas en las áreas o centros de acopio susceptibles de generar emisiones atmosféricas.
Por otro lado, se determinó igualmente que la empresa Prodeco no había reactivado la operación de la estación de monitoreo de PM10 ubicada en la parcelación El Prado, de acuerdo con los términos y condiciones impuestos en su momento por la Autoridad Ambiental, teniendo en cuenta que, en cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el permiso de emisiones atmosféricas, a través de Auto de seguimiento No. 4108 del 28 de noviembre de 2013, la ANLA había impuesto un término de tres meses calendario, para reactivar la operación de dicha estación implementado las medidas necesarias para su funcionamiento; obligación que no fue acatada sino hasta el año 2015, cuando la estación de monitoreo entró nuevamente en funcionamiento. Los hechos que motivaron esta sanción, sucedieron entre los años 2013 a 2016.
Estado actual de las sanciones
En ejercicio de su derecho al debido proceso, las empresas mineras sancionadas presentaron los respectivos recursos de reposición contra las sanciones impuestas con sus argumentos de defensa. Esta Autoridad estudiará y analizará detenidamente dichos argumentos y las pruebas que pretendan hacer valer, con el fin de decidir si las sanciones se confirman, modifican, aclaran o revocan. Las sanciones quedarán en firme si son connfirmadas por la Autoridad al resolver los recursos interpuestos.
En ejercicio de sus funciones legales, la ANLA reafirma su compromiso con la protección del entorno y el bienestar de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La medida busca asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones ambientales y actúen de manera sostenible y responsable y, en todo caso, dentro del marco del respeto al debido proceso.
